El entorno actual y las necesidades que tanto el ciudadano como las empresas demandaban, han propiciado que tras 4 años de trabajo conjunto entre las Administraciones Públicas y las empresas de soluciones TIC, entrara en vigor la e-Administración el 1 de enero de 2010. La finalidad estaba clara: mejorar los servicios, simplificar los procedimientos y optimizar las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones.
Este gran cambio, propiciado por la Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso Electrónico a los Ciudadanos a los Servicios Públicos, supone un gran reto para la sociedad española. Por una parte, existen profesionales en las diversas Administraciones que mantienen una alta resistencia al cambio, con lo que está costando conseguir un cambio en la mentalidad y una apertura cultural a la modernización de herramientas y procesos de trabajo. Así mismo, teniendo en cuenta el tejido empresarial existente en España, supone que hay pequeñas empresas que no pueden hacer uso de los servicios de la Administración electrónica, por falta de infraestructura (lector de tarjeta) así como de firma electrónica y el desconocimiento y complejidad de los servicios telemáticos. Más aun, desde un plano eminentemente jurídico, en mi opinión, esta ley presenta ambigüedades en las normas relativas al cumplimiento que tienen que hacer las Administraciones Públicas con lo establecido en la LOPD.
Desde un punto de vista empresarial, esta ley ha repercutido positivamente en la mayoría de las empresas que optan por la e- Administración. Las principales ventajas han sido: reducción del tiempo necesario para la realización de los trámites, así como la disminución de los desplazamientos necesarios para llevarlos a cabo y en definitiva, un ahorro en costes, que ayuda a mejorar los resultados obtenidos al final de cada ejercicio.
A pesar de que queda mucho camino por recorrer, la Administración se está centrando en desarrollar diferentes procesos, con el fin de conseguir una eficiencia plena. En este sentido, podemos destacar la gestión de expedientes de contratación, que se trata de una herramienta que controla todo el proceso, desde la detección de la necesidad hasta el acta de recepción, y permite llevar a cabo las tareas de registro, archivo, distribución y recuperación de los documentos, que pretende garantizar los principios de transparencia y confidencialidad. En definitiva, supone una solución innovadora que contribuye a la optimización de la operativa interna mediante el incremento de la agilidad y el control en el proceso de gestión de compras.
Otros proyectos tecnológicos, que se encuentran actualmente en fase de perfeccionamiento para ser utilizado por las diversas Administraciones son: registro de entrada/salida, registro telemático, gestión de recursos administrativos, facturación telemática y portal del ciudadano.
En conclusión, nos encontramos en un momento en el cual las empresas de soluciones y aplicaciones electrónicas tienen como misión fundamental identificar las necesidades que tienen las Administraciones y ayudarlas a implementar los cambios que tienen que llevar a cabo, con la finalidad de ofrecer unos servicios más modernos y útiles para empresas y ciudadanos. Como todos sabemos: “no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente sino el que es capaz de adaptarse más rápido a los cambios”.
Rolando Salazar Alonso
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