Parecía imposible: Pequeña crónica de la retirada del Medallón del dictador Franco del Pabellón Real de la Plaza Mayor de Salamanca

7/03/17, 12:39

Cocodrilo pequeñito, ñito,
lagartija de astucia,
mezquina subterránea, con el rabo marchito,
y la mirada alcantarilla sucia.

Miguel Hernández, 1937

Hace ya algunos años, un colega, profesor de Historia en el Instituto de Santa Marta de Tormes, me enseñó el examen de uno de sus alumnos. En él, subrayado en rojo por el calificador, figuraba la siguiente expresión: “Franco, líder anarquista de nuestra guerra civil”. Desde entonces suelo utilizarla para iniciar mis reflexiones sobre la desmemoria colectiva instalada en nuestra sociedad, en general y particularmente entre la juventud. Los principales responsables no son quienes la sufren, sino ante todo diversos factores estructurales entre los que destaco la persecución que sufrió la enseñanza de la historia contemporánea en España durante la dictadura franquista y los escasos esfuerzos para superarla llevados a cabo en la transición y en la actual etapa democrática.
Si a todo ello añadimos que los destrozos en la cultura democrática de nuestro pueblo causados, una vez más, por la dictadura no han sido convenientemente reparados, no sorprenderá que amplios sectores de nuestra población y, lo que es más grave aún, de estudiantes de secundaria y de la universidad carezcan de conocimientos elementales sobre el nefasto personaje protagonista de estas páginas. A unos y a otros me permito recomendarles la lectura, o por lo menos el manejo detenido, del Franco, Caudillo de España, de Paul Preston, aparecido en 1994, que para mi sigue siendo la mejor biografía con que contamos. De la importancia del medallón da una buena idea el que en los sitios web relacionados con el dictador y su régimen político aparezca con frecuencia junto a otros símbolos de grandes dimensiones como, por ejemplo, el Arco del Triunfo de Madrid.
Creo que todo arrancó de la elección de Franco como generalísimo realizada a finales de septiembre de 1936 por sus conmilitones en Los Campos del Hospicio, finca situada al oeste y a corta distancia de la capital. A partir de ese momento el dictador instaló su cuartel general y, consiguientemente, su residencia en la ciudad del Tormes hasta principios del verano de 1937 en que se trasladó a Burgos. A principios de noviembre de 1936 FET y de las JONS solicitó a la comisión gestora que gobernaba el ayuntamiento la erección de un busto del ya caudillo, cuya maqueta fue encargada a partir de junio de 1937 a Aniceto Marinas, realizando la efigie Moisés de Huerta. Con inequívoca finalidad de exaltar a quien ya era caudillo y generalísimo de los ejércitos, la inauguración de aquella en el Pabellón Real, al lado del medallón del rey castellano Alfonso XI, y junto a otros monarcas medievales y modernos, tuvo lugar en un acto de masas, tras la consabida misa en la catedral, el 1 de octubre de 1937, que a partir de entonces pasó a ser el día del Caudillo que, junto al día de la Victoria (1 de abril) y al día del Alzamiento (18 de julio), (inmisericordes hacia lo que supusiera República, democracia y transformación social), pasaron a ser los fastos conmemorativos de la dictadura. Y ahí ha permanecido durante 80 años, los 40 de aquel régimen crudelísimo y, lo que es si cabe más doloroso, otros tantos de democracia. Algo que, como es bien sabido, es inconcebible, por no decir delictivo, en países que como Alemania o Italia padecieron regímenes fascistas.
Durante la primera década del presente siglo el movimiento memorialista, esto es, las múltiples asociaciones de memoria histórica fueron realizando muchas y muy diversas iniciativas contra la cuasi infinita simbología franquista existente en el país. A lo que aquí, en Salamanca, se añadieron las 7000 firmas recogidas por el PCE pidiendo la retirada del medallón. La aprobación a finales de 2007 de la llamada Ley de memoria histórica (en adelante LMH) (texto timorato al que sus mentores no se atrevieron a denominar así y sí con expresión larga y ambigua) y su muy conocido art. 15, 1 (que establece de forma contundente “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”), movieron a Fernando Pablos, entonces portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Salamanca, a solicitar la retirada del medallón; lo hizo en tres ocasiones, en los años 2008, 2009 y 2010, recibiendo en todas ellas la negativa displicente y autoritaria del alcalde Lanzarote, del Partido Popular.
A partir de principios de 2014 el protagonismo en la reivindicación, cuyos hitos principales estoy relatando, corresponde a Izquierda Unida. Esta fuerza política empezó por presentar demanda en vía administrativa contra 80 ayuntamientos de la provincia cuyos respectivos callejeros todavía recogían los nombres de personajes destacados de aquel régimen brutal. Salvo 8, la inmensa mayoría de ellos desistieron del procedimiento y retiraron las placas. Justo es mencionar la labor del despacho Azafranal integrado por Gorka Esparza, Andrés García Jones y Juan Antonio García Sánchez.
Animados por este resultado, también a principios de 2014, se creó un grupo de trabajo con el objetivo bien concreto de conseguir la retirada del medallón. No tardamos en convencernos, dada la cerradísima actitud del Partido Popular, de la inutilidad de la vía política y de la conveniencia de acudir a los tribunales. Queden para la historia los nombres de los miembros de dicha comisión: Gorka Esparza, Domingo Benito, Severiano Delgado, Luis Castro, Manuel F. Cuadrado, Antonio Moreno, Jesús Prado, Mª. José Herrero, Honorio Cardoso, Raimundo Cuesta, Guillermo Castán, Santiago Sánchez Vicente y quien esto escribe. Consecuencia directa de la antedicha decisión fue la presentación de sendas reclamaciones ante el ayuntamiento de Salamanca solicitando la retirada del tantas veces mencionado medallón del dictador, por calificarle benévolamente. Una de ellas, redactada en términos muy sencillos, la firmaba Mª José Herrero y la otra, más cuidada formalmente, la firmaba Domingo Benito, a título particular y como coordinador provincial de IU que entonces era. Al lector que me haya seguido hasta este momento no le sorprenderá el que las dos fueran desestimadas por silencio administrativo por la corporación municipal salmantina gobernada por mayoría absoluta por el PP, bajo la presidencia del alcalde Fernández Mañueco, que incumplía así, y de forma flagrante, la que seguimos llamando LMH
El 1 de octubre de ese mismo año 2014, coincidiendo con el que durante tantos años había sido día del Caudillo, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca se presentó la demanda que solicitaba la retirada del medallón. La redactaron los abogados del bufete Azafranal, que mencioné más arriba, y era amplia, contundente y muy bien fundamentada. En su apoyo figuraban dos informes periciales. Uno elaborado por el Prof. Alfonso Masó, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que incidía sobre la mediocridad artística del relieve del dictador que figuraba en el medallón. El otro estaba firmado por los siguientes y prestigiosos profesores de Historia Contemporánea y de Historia Económica: Josefina Cuesta, que fue la redactora, Glicerio Sánchez Recio, Ricardo Robledo, Ángel Viñas, Julián Casanova, Francisco Espinosa y Lourenço Fernández Prieto. Discurría este texto sobre el carácter antidemocrático y totalitario del régimen de Franco, y argumentaba la aplicación al caso del art.15, 1 de la LMH o, lo que es lo mismo, la no aplicabilidad de las excepciones previstas en el pfo. 2 de dicho precepto. La demanda abundaba en estos dos aspectos acogiendo la posibilidad de que, si se planteaban dudas sobre el valor artístico de la obra, fueran despejadas por el órgano técnico competente.
A lo largo de 2015 nuestra demanda, dado su protagonista que no era precisamente un hombre de paz, durmió el sueño de los injustos en el juzgado al que aludí más arriba. Poco más habría que señalar sobre este año salvo el intento infructuoso, llevado a cabo en el mes de junio por Gorka Esparza y quien esto escribe, de darle una salida política al asunto, es decir, de conseguir que el ayuntamiento acordara quitar la efigie de Franco, retirando, nosotros la demanda. Vano intento ante la tajante aunque silente negativa del PP, el mirar para otro lado de Cs., y pese al apoyo de PSOE y Ganemos Salamanca.
La sentencia que tanto se hizo esperar apareció por fin. Se trata de la 260/16, de 20 de octubre de 2016, del mencionado juzgado. Aunque breve es clara. Estimó nuestra demanda, anuló la silente resolución administrativa del ayuntamiento de Salamanca, a quien condenaba en costas, y pedía un dictamen a la Comisión Territorial de Patrimonio para la resolución de la aludida excepción relativa al valor artístico del medallón así como a si su retirada afectaba a la integridad monumental de la Plaza Mayor.
En los meses finales del 2016 nuestro asunto volvió al terreno político. En efecto, el pleno del ayuntamiento acordó, por mayoría de los grupos municipales y con la abstención del PP (¿qué motivaba este cambio de actitud?), en sintonía con la aludida sentencia, la retirada del medallón.
El dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio que, a buen seguro, supondrá el final de este largo y enojoso asunto (responsabilidad exclusiva del PP), se produjo el 25 de enero de 2017 por unanimidad de sus miembros, y fue partidario de la retirada.
Por último y como es bien sabido, si hay un emblema que plasme las reivindicaciones del movimiento memorialista este es el recogido en la expresión “Verdad, Justicia y Reparación” que aparece con frecuencia en las normas que integran el Derecho internacional humanitario, algunas de las cuales integran, por cierto, nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el art. 96 C.E. Nosotros no hemos promovido exhumaciones en busca de desaparecidos ni tampoco denunciado torturas y perseguido torturadores. Pero con la retirada del medallón de aquel general de infausto recuerdo creemos haber contribuido a la creación de un lugar de memoria (democrática), que diría Pierre Nora, y a la limpieza del imaginario colectivo.

Javier Infante es Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Salamanca (javin@usal.es)

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