El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 19 de diciembre la Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable. Esta ley obliga a los proveedores de las Administraciones Públicas a emitir facturas electrónicas con formato Facturae 3.2 a partir del 15 de enero de 2015.
Destacar a su vez la creación del Punto General de Entrada de facturas de la Administración General del Estado, ya operativo y conocido como FACe, gracias al cual la mayoría de las Administraciones Públicas podrán recibir las facturas electrónicas Facturae 3.2 disponiendo los proveedores de un registro de entrada y de la información del estado de las facturas.
Una de las razones que han llevado al Gobierno de España a obligar a facturar electrónicamente a las Administraciones Públicas, es su efecto dinamizador en el tejido empresarial porque, ¿qué ahorros va a suponer este cambio? Pues además de los costes directos (papel, sobre, franqueo, manipulación…), hemos de tener en cuenta todos los costes relacionados con los procesos de negocio en los que interviene la factura: pedido, proforma, envío, recepción, tramitación, seguimiento, cobro, garantía, casación con pedido, flujo de aprobación, contabilización, control de tesorería, incidencias por errores, declaraciones tributarias, etcétera. Todos ellos, procesos administrativos susceptibles de ser automatizados.
El grupo de expertos de la Comisión europea de normalización de la facturación electrónica, estimó que los ahorros producidos al sustituir las facturas convencionales por facturas electrónicas son de 2.82 euros en la emisión de cada factura y de 4.95 euros por factura recibida. ¡Impresionante!
¿No es acaso este ahorro razón de peso suficiente para animar e incluso obligar, a todas las empresas europeas a utilizar la factura electrónica?
http://cincodias.com/cincodias/2014/03/14/empresas/1394808322_491320.html
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