Según El Mundo, Castilla y León va a empezar a aplicar una “ecotasa” (impuesto ambiental) sobre la producción de las empresas eléctricas. La revisión de las experiencias autonómicas anteriores olvida el impuesto sobre la contaminación atmosférica de Galicia. Siempre llama la atención que se incluya entre los objetivos el “no repercutir en los ciudadanos”, obviando que la repercusión a los ciudadanos (vía precio o, en su caso, aumento del déficit tarifario) es un resultado prácticamente inevitable según los principios más básicos de incidencia impositiva.
Una ecotasa para Castilla y León
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El gobierno de la Comunidad debe amenazar a las eléctricas con todas las armas que pueda si quiere conseguir sus objetivos en la política del carbón. Esto de la ecotasa es un arma más bien inocente, en comparación con la fundamental, de la que no parece hacer uso: hacer cumplir a las eléctricas sus compromisos legales. Porque ¿dónde invierten las eléctricas el dinero que se les asigna para la mejora de las redes e infraestructuras? Su obligación es mejorarlas continuamente, pero en Castilla y León no se hace nada, o de lo contrario no tendríamos que sufrir PERMANENTEMENTE las restricciones de la capacidad de la red que impiden el desarrollo de amplísimas zonas. Por no decir que nos dejan sin posibilidad para colocar las plantas de energías renovables que se van a otras regiones.
Es obligando a las eléctricas a invertir en las redes de la región como el gobierno de la Comunidad meterá “el dedo en el ojo” a las eléctricas, y no con ecotasas que acabaremos pagando los demás.