“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca”, solía decir. “Yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”…

-Berta Cáceres

La defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos al medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra, son la lucha diaria de millones de personas con diversas identidades étnicas y culturales. En Honduras, como lo muestra el documental, la defensa a estos derechos se encuentra en manos de los principales afectados por su vulneración, la población indígena, afrodescendiente y rural. A pesar de la importante labor que los defensores llevan a cabo, se han convertido en objetos de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, criminalización y estigmatización en campañas mediáticas de desprestigio.

Ese es el caso de Berta Cáceres, miembro de la comunidad indígena Lenca y protagonista de este documental. Berta fue una defensora incansable del derecho a las tierras y recursos naturales, llevó a cabo una fuerte lucha contra el racismo y la discriminación, y protagonizó una larga campaña de reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales y de acceso a la justicia de su pueblo y demás grupos indígenas de Honduras. Su última gran lucha comenzó en 2010, año en el que le fue otorgada, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la concesión para construir el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualarque, territorio ancestral de la comunidad indígena Lenca, sin llevar a cabo consulta previa alguna con la población.

Desde ese momento Berta Cáceres, con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se convirtió en la lideresa de la campaña de oposición frente a la intromisión de la empresa en territorio ancestral Lenca. Lamentablemente, esta cruel y despiadada contienda no tuvo un buen final, el 2 de marzo de 2016 asesinaron a Berta. A día de hoy, sólo se han condenado a los autores directos del crimen, sin esclarecer la responsabilidad de altos directivos de la empresa, el Estado hondureño y los bancos internacionales que financiaron el proyecto Agua Zarca, cuyos representantes podrían tener información importante sobre lo ocurrido.

En este sentido se enfoca la línea de trabajo del grupo de Clínica Jurídica, el cual tiene como objeto principal alcanzar un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a estas graves vulneraciones a los derechos humanos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Corte IDH ha desarrollado una línea jurisprudencial clara respecto al principio pro persona como canon hermenéutico, en la que ha señalado la obligación de interpretar de manera extensa las disposiciones que amplían los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de tutelarlos de la forma más favorable, la propuesta es elaborar un dictamen en el cual se analicen la posible incidencia de los delitos de genocidio, ecocidio y lesa humanidad.

 El genocidio, sería discutible teniendo en cuenta las acciones direccionadas a destruir, total o parcialmente, a la población indígena y defensora de derechos humanos de Honduras, aunque la gran cuestión envuelta en ese delito esté relacionada a la prueba de la intención específica prevista por el tipo penal, con dificultades para establecer su existencia, extensión y, además, su propio contenido. Con relación al ecocidio, la comunidad jurídica internacional ha advertido la necesidad de tipificar como crimen internacional el impedir a una población el disfrute de sus territorios o recursos, de forma permanente. La intromisión de DESA y la construcción del proyecto Agua Zarca, significó la imposibilidad de acceso al río Gualcarque para los Lenca, el cual hace parte de su territorio ancestral, privándolos de un medio de subsistencia. Finalmente, la sistematicidad configurada en la actuación empresarial con ayuda del Estado, que se refleja no sólo en el caso de Berta, sino en la gran mayoría de casos que involucran a los pueblos indígenas en las conseciones que el Estado hace de sus tierras, amerita profundizar en la configuración estos como crimen de Lesa Humanidad.

Podcast:  https://drive.google.com/file/d/1xXQlg7al6Hc-ojzeNsJpSeVLp4KTN7_z/view?usp=sharing

Entra aquí para ver el documental: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/les-llavors-de-berta-caceres/video/5912827/ 

Clínica Jurídica Máster Derecho Penal 

Johana Rodríguez Ludeña

Giovana Dutra De Paiva

Susan Ortiz Machado 

Carlos Aurelio Zaquinaula Iñahuazo

Andrea Del Pilar Santos Prada 

Audio: 

Andrea Del Pilar Santos Prada

 

 
Ana María Gómez García y Jaime Castaño Hernández
Alumnos de la Línea de Medio ambiente y Consumo responsable de la Clínica Jurídica de
Acción Social
Jairo Valea, Sara Bau, Víctor Pinadero, María Trujillano, Mónica Santos y Rebeca Manzano.
Alumnos de la Línea de Discapacidad y dependencia de la Clínica Jurídica de Acción Social.

Dentro del ciclo de documentales que la Clínica Jurídica de Acción Social ha programado en colaboración con la Filmoteca de Castilla y León, el pasado 4 de marzo se proyectó, a propuesta de la Línea de discapacidad y dependencia, “Los cuidados”, dirigida por Antonio Girón y Edith Pérez.
“Los cuidados” es un cortometraje que fue pensado como un proyecto comunitario (y financiado a través de una campaña de crowdfinding) con el fin de dar visibilidad a lo que se conoce como salud comunitaria. Concretamente, recoge las experiencias del personal sanitario y de los pacientes de un Centro de Salud del barrio madrileño de Vallecas: el Centro Vicente Soldevilla. Vallecas, situado en la periferia de la ciudad de Madrid, ha sido una de las zonas más castigadas por la crisis económica. En este espacio se han gestado iniciativas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Este documental muestra el lado más humano del barrio, una comunidad unida, donde sus miembros cooperan entre sí, ya sea para hacer manualidades, ya para aconsejar qué hacer en el caso de un despido improcedente de una empleada de hogar, además de incorporar el enfoque de género, puesto que la mujer resulta fundamental para entender la dinámica de los cuidados.
El objetivo del documental es mostrar que el ambiente que nos rodea, ya sean las condiciones económicas, el tipo de vivienda en la que residimos, nuestra situación laboral o la de nuestra familia, afectan a nuestra salud y se convierten en un factor fundamental a la hora de definir y de cuantificar ésta.
El corto reivindica cuestiones como la importancia de dispensar un trato cercano al paciente; éste no debe ser un desconocido que acude al centro de salud cada cierto tiempo a tratarse una dolencia, sino que tiene que ser alguien cercano, del cual interesa conocer su pasado y sus proyectos, así como su entorno laboral y familiar. Y ello con el fin de esclarecer si los problemas médicos que presentan se deben o incluso se ven agravados por el contexto. Porque muchas veces las dolencias tienen que ver con el entorno personal o laboral y salen a la luz en forma de enfermedades o patologías diversas como es una erupción cutánea.
Además, este documental trata de visibilizar la importancia, no solamente de la salud física, sino también de la salud mental. La razón es que, en los centros de salud, no solamente hay que diagnosticar sino también cuidar. Y cuidar, en especial, a las mujeres y en particular a las madres y abuelas, porque son ellas las que se entregan al cuidado de sus familiares, dejando de lado incluso su propio cuidado. El corto trata también de visibilizar que la desigualdad social influye de forma considerable en la salud; un claro ejemplo de ello es cómo la crisis económica ha supuesto una merma en la salud de las personas más desfavorecidas.
Tras visualizar el documental, algunas de las personas que habían asistido a la proyección compartieron sus impresiones. Teresa, que es una mujer asidua a la Filmoteca, había sido vecina del barrio en los orígenes y expresaba su desazón al observar la degradación de la zona que muestra el filme. Un médico de atención primaria en un centro de salud de la capital nos proponía una reflexión a propósito de lo que significa el concepto de salud, reivindicando una concepción más amplia, en la línea de lo defendido y mostrado en el corto.
Queremos a través de estas líneas agradecer a Antonio Girón, a Maite Conesa y a todo el personal de la Filmoteca la ayuda prestada para poder proyectar el documental.

Jairo Valea, Sara Bau, Víctor Pinadero, María Trujillano, Mónica Santos y Rebeca Manzano.

Línea de Discapacidad y dependencia.

Clínica Jurídica de Acción Social

Dispuestos a comenzar un nuevo ciclo en la Clínica Jurídica de Acción Social, muchas eran las expectativas de cómo se iba a desarrollar este proyecto, y qué línea íbamos a seguir en lo relativo a medio ambiente y consumo responsable. De esta forma, comenzamos a trabajar, primera parada…  ¡Centro de Tratamiento de Residuos! Allí pudimos observar de primera mano las funciones de este tipo de centros, en qué consisten y lo más importante (al menos para nosotros y nuestra línea de trabajo…) el impacto que genera un consumo responsable o un ejercicio tan sencillo como el reciclaje.

El Centro de Tratamiento de Residuos, ubicado en el municipio de Gomecello, forma parte del sistema de gestión de residuos de la provincia de Salamanca, junto con las instalaciones de la Planta de Clasificación de Envases de Villamayor, las Plantas de Transferencias de las diferentes áreas de gestión y la red de Puntos Limpios ubicados en toda la provincia. Los cuatro conjugan un sistema que persigue hacer de nuestro entorno un lugar más sostenible, convirtiéndonos a nosotros en garantes indiscutibles de esa sostenibilidad, entre otros, facilitando la magnitud de residuos que se generan almacenándose posteriormente en depósitos de almacenaje limitado o reciclando adecuadamente facilitando así la labor de las peonadas.

El Centro de Tratamiento de Residuos se encarga de la clasificación y reciclaje de los residuos urbanos de toda la provincia de Salamanca. Así, se presenta como pieza vital en lo relacionado con la calidad de vida de todos los ciudadanos gestionado de forma eficaz y respetuosa con el entorno. Lo cual se refleja no solo en la labor de clasificación y separación de los residuos urbanos sino en una de sus particularidades como es la biometanización de materia orgánica, la cual permite la transformación de ésta en biogás, algo imprescindible para el correcto funcionamiento del centro. Pero la biometanización no solo forma parte de ese círculo de funciones que dan sentido a este centro, previamente se llevan a cabo la recepción y descarga de residuos, un pretatamiento manual y electromecánico, el compostaje o lo que conformarían las instalaciones auxiliares. Pero en realidad ninguna de estas funciones es tan crucial como factores externos como un consumo responsable o, el ya mencionado previamente reciclaje, entre otros. Factores determinantes en la supervivencia de este tipo de centros que poseen una vida útil limitada o en la carga de trabajo que supone un mal reciclaje y la ralentización considerable para este proceso. Así, nos dimos cuenta nada más poner un pie en el propio centro de tratamientos donde la primera conclusión que extrajimos fue la falta de concienciación en el tema del reciclaje, en concreto en la separación inicial entre los distintos tipos de contenedores, eso unido al desmesurado consumo por nuestra parte convierte a una situación que lejos de ser normal se ha convertido en alarmante.

En el centro pudimos presenciar la labor de los empleados, que separan a mano los distintos materiales, para aprovechar todo aquello que puede ser reciclado. Nos llamó la atención las ingentes cantidades de plásticos y latas que van a parar a este centro, a pesar de existir un contenedor específico para envases y plásticos, esto ralentiza mucho el trabajo de los empleados, dado que tienen que separar no sólo estos materiales, sino muchos otros que son vertidos directamente al contenedor de residuos. Además, otra de las cosas que nos llamó especialmente la atención fue que, según nos contaron, en determinadas fechas el consumo es muy elevado, en eventos como navidad o las fiestas de los pueblos de Salamanca, se reciben más del doble de residuos de lo habitual.

Llegamos a la conclusión de que se trata de un tema de concienciación ciudadana, ya que todo esto se puede evitar, los ciudadanos debemos tomar parte del problema, y actuar, es necesario separar y reciclar, de este modo este tipo de centros pueden trabajar de forma más eficiente, y se aumenta su vida útil, dado que esta es limitada. Es necesario mantener un consumo responsable, y evitar el exceso de residuos, sobre todo en fechas señaladas, en las que nuestro consumo es superior al habitual, haciendo uso, por ejemplo, de vasos reutilizables. Nos parece que sería conveniente mostrar a la ciudadanía estos hechos, y que las autoridades deberían tomar parte de ello, dado que es responsabilidad de todos mantener un consumo responsable y cuidar de nuestro planeta.

Raúl Sánchez Bernardo y Cristian Rodríguez De León

Alumnos de la Línea de Medio ambiente y Consumo responsable de la Clínica Jurídica de Acción Social

Un año más cumplimos con nuestro compromiso de presentar nuestra memoria de actividades de este curso. Y lo hacemos muy orgullosos, con la satisfacción del deber cumplido y con el firme propósito de seguir mejorando.

El buen jurista ha de ser miembro de la República de las letras, tal y como ya señaló el juez Hand en el año 1930. Y precisamente, eso trata de transmitirnos Teresa Arsuaga en su libro ‘El abogado humanista’. Su objetivo es poner de relieve la íntima relación del saber jurídico con las humanidades, lo que permite tratar algunos aspectos que son ignorados si concebimos el Derecho únicamente como una ciencia social.

 Una de las funciones principales de un abogado es la construcción de un discurso, cuya calidad podría ser mejorada si el ideal expresado en este artículo se persiguiera con mayor ahínco por parte de las Facultades de Derecho.

En mi caso, me di cuenta de la importante conexión entre el Derecho y la Literatura al analizar el texto titulado “La pérdida de la privacidad” de Umberto Eco. Fue la profesora Lina quien me indicó que debía leer esta obra para comprender mejor el problema que hemos tratado en la Clínica: los menores y el uso de internet. Estas lecturas sirven para crear potentes imágenes que ayudan a dimensionar la situación objeto de análisis. Por un lado, la literatura actúa como un despertador de conciencias que permite al estudiante darse cuenta de la magnitud del problema, y por otro, ayuda a mejorar la estructura y calidad del discurso jurídico. Este último aspecto es esencial, dado que, en muchas ocasiones, la forma toca fondo, y un contenido de calidad puede quedar deslucido si el envoltorio es defectuoso.

“El deber de las autoridades que velan por nuestra privacidad no solo es defender a aquellos que quieren ser defendidos, sino también proteger a aquellos que ya no saben defenderse”. Así resume Umberto Eco el problema al que nos enfrentamos. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental (artículo 18 CE) que existe cuando hay una esfera íntima protegida de injerencias externas, sin embargo, nuestra generación y las siguientes están trazando unos límites cada vez más estrechos, que pueden acabar por asfixiar al individuo.

 Los menores conforman la parte más perjudicada, puesto que tal y como decía Hannah Arendt “Los niños, por naturaleza, necesitan la seguridad de un espacio recoleto para madurar sin perturbaciones”. Como se puede observar, el conocimiento de la literatura y de la realidad que nos rodea, nos permite ir un paso más allá y observar el Derecho como algo más que un conjunto de normas e instituciones.

El rigor técnico es una de las principales cualidades del abogado, y el modelo positivista de enseñanza cumple con esta función. Ahora bien, los dilemas morales también son parte de la profesión y es ahí donde el estudio del entorno, la empatía y otras habilidades, juegan un papel fundamental. Este segundo aspecto es el que la Clínica Jurídica nos ha permitido mejorar, a partir de las charlas que he dado en distintos centros e institutos. Eran los alumnos quienes hablaban de algunos supuestos y nosotros los subsumíamos en las diferentes normas jurídicas estudiadas durante estos 4 años.

 Volviendo a la obra de Umberto Eco, se puede señalar que “Una de las misiones del sabio, además de la investigación rigurosa, es también la divulgación ilustrada”. A partir de las publicaciones de artículos en el blog de la Clínica también hemos cumplido con este deber, que ha de concebirse como esencial al final del Grado y que permite entender mejor en qué consiste eso de “aprender enseñando”.

A partir de la lectura de distintas obras nos hemos podido acercar a esa República de las letras de la que hablaba Hand, y mediante las explicaciones a los más vulnerables hemos aprendido a valorar aún más la extraordinaria importancia del Derecho para la adecuada comprensión del mundo en el que vivimos. Por eso en el discurso del acto de clausura indiqué que mi paso por la clínica me había permitido no solo ser más humanista sino también más humano.

Jonathan Pérez Fernández

Línea Menores y uso de internet

Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho

Ilustración 1: sordociego presidiendo por primera vez una mesa electoral en Tenerife. “La Vanguardia”

Tras la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en sus preceptos B y C del artículo 3, mediante la cual eliminaba la restricción al voto para personas con diversidad funcional, (la teoría) hemos visto como ha afectado dicha eliminación de la restricción, en los dos procesos electorales que hemos tenido recientemente, (la práctica).

En general el balance ha sido positivo. Mas de 100.000 personas con diversidad funcional han podido ejercer su derecho de sufragio activo, y también pasivo.

Como en todo lo que comienza, como es el reconocimiento de este derecho, han surgido hechos significativos que ponen de manifiesto cierta improvisación y falta de planificación en el reconocimiento de este derecho reconocido en el artículo 29 de la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) del año 2006.

En cuanto al derecho de sufragio pasivo, han sido noticia el hecho significativo sobre la posible manipulación en algún lugar específico, como fue noticia el pueblo avilés de Gotarrendura, donde hay una clara sospecha sobre un centro para personas con discapacidad, el centro Villa Santa Teresa[1].  En este municipio, el aumento de votantes de VOX correspondería al mismo numero de votantes añadidos al censo que llegaron a la residencia, y según algún medio, las mismas monjas acompañaron a las personas a votar, pudiendo interferir en su voto.

También hemos visto el caso en el que se he hecho ser vocal de una mesa a una persona con un 90% de discapacidad[2], sin ningún tipo de apoyo y sin tener en cuenta que no contaba con capacidad para hablar ni para relacionarse. Planteaban reclamar legalizar el voto delegado para estos casos, extremo que vulneraria todos los principios básicos de la democracia, a no ser que pueda ser expresado de alguna forma o mediante el medio de apoyo necesario.

Referente al derecho de sufragio pasivo, nos encontramos con que de las trece personas con diversidad funcional que se presentaban a las elecciones municipales, ni uno ha llegado a obtener el puesto de concejal en los respectivos municipios en los que se presentaban[3]. Esto es claro que se debe a que la posición en las listas no era la optima para salir, sino solo como mero símbolo, lo cual, desde las asociaciones de personas con diversidad, no vale, ya que muchos tenían gran ilusión por salir y debido a estar mal situados en las listas no han podido lograr su objetivo. De hecho, desde algunos estudios sobre el tema, se ha llegado a plantear la defensa de una cuota obligatoria para personas con diversidad funcional de un 10%[4].

Como hemos visto, son casos puntuales y no la regla general. Pero no dejan de ser problemas derivados de la nueva modificación legal que no esta cerca de ser perfecta. El legislador español meramente se ha dedicado a suprimir la restricción al derecho de sufragio activo y pasivo, (que ya es un paso significativo), pero todo ello no sirve de nada si no viene acompañado de medidas de apoyo necesario ni de ayudas para lograr ejercer tal derecho en condiciones de igualdad con el resto de la población y cumpliendo así con el nuevo paradigma del derecho internacional y el CDPD.

Hemos logrado un gran avance en la inclusión de las personas con diversidad funcional y una notable mejora de nuestra democracia, haciéndola mas plural y representativa. Pero esto no es suficiente, hay que seguir luchando por una legislación que logre una integración y normalización de la diversidad de manera real, efectiva y en el menor tiempo posible.  Lograr un objetivo debe ser el principio de algo, no el fin. Por ello no podemos darnos por satisfechos por la retirada de la restricción al sufragio, sino que hay que luchar por la plena inclusión también en este ámbito. Tenemos cuatro años por delante hasta las próximas elecciones, cuatro años de lucha para lograr un sistema de apoyos, que garantice un pleno desarrollo del derecho de sufragio.

Alejandro Martín Sánchez

Alumnos de la Clínica Jurídica de Acción Social.

Línea de Discapacdad y Dependencia

Este Encuentro ha supuesto una magnífica oportunidad para conocer de cerca el trabajo que las Clínicas Jurídicas hacen en Brasil. Diversidad de temáticas, de métodos y de enfoques han sido expuestos a lo largo de estos tres días, en un ambiente de sano compañerismo y de compromiso militante con los Derechos humanos.

El Encuentro se abrió con una mesa de experiencias comparadas en prácticas pedagógicas en educación clínica en la que participamos junto con la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Resolución de Conflictos de la Universidad de Stanford, California y con la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú.

Esa tarde inauguraron el nuevo espacio de la Clínica de Derechos Humanos de la Amazonia en la Universidad Federal de Pará.

Al día siguiente, comenzamos con un Workshop impartido por James Cavallaro, de la Clínica de la Universidad de Stanford sobre la elaboración de un plan de enseñanza para las Clínicas de Derechos Humanos. Fue muy interesante escuchar las reflexiones de quienes participaron en este workshop y las ideas del Pfr. Cavallaro. A su juicio, la enseñanza clínica debe ser interdisciplinar y debe extenderse a la Universidad en su conjunto, de manera que la Universidad debería abanderar la defensa de casos en los que los Derechos humanos estén implicados, dando cabida a todos aquellos estudiantes de todas aquellas disciplinas que fuera necesario para aportar una respuesta completa al caso.

La mesa de redonda de por la tarde estuvo dedicada a las prácticas de enseñanza clínica de distintas Clínicas Jurídicas de Brasil. Participaron Camila Silva Nicácio, de la Clínica de Direitos Humanos da Universidades Federal de Minas Gerais, Silvia Loureiro, de la Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado de Amazonas, Taysa Schiocchet, de la Cínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná y Eloisa Machado, de la Clínica deLitigância Estratégica em Direitos Humanos da Fundaçao Getúlio Vargas, Sao Paulo.

Esta mesa fue especialmente útil para apreciar la importancia que estas Clínicas otorgan al método, esto es, la madurez que se aprecia en ellas a la hora de abordar de forma correcta el análisis de los casos: cómo los eligen, cómo seleccionan a los estudiantes, cómo se estructura su trabajo, el tiempo del que disponen para abordarlo, etc.

El último día estuvo dedicado a la exposición de comunicaciones, muchas y muy variadas. Se expusieron casos de Clínicas que trabajan con temas de feminicidio, con la maternidad adolescente, con refugiados venezolanos, etc. Y por la tarde Denison Aguiar, de la Clínica de Mecanismos de Soluçoes de Conflitos da Universidade do Estado do Amazonas, expuso un seminario sobre la mediación y el arbitraje en temas medioambientales.

Finalmente, hubo una reunión donde se acordó la agenda del próximo Encuentro que será en Sao Paulo.

En esta reunión, de la que da fe la foto final, di las gracias por la generosidad y hospitalidad de la Universidad Federal de Pará, pero en especial de la Pfra. Cristina Terezo, coordinadora de este encuentro. Y tras todas las experiencias vividas y los relatos de los que hemos sido partícipe, no me cabe duda de que las Clínicas jurídicas en Brasil son un auténtico pulmón por el que respiran los Derechos Humanos en este país. Son un verdadero oasis en medio del desierto. Hasta siempre, Brasil. Muito obrigada.

Antonia Durán Ayago

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado.

Miembro de la Clínica Jurídica de Acción Social

Universidad de Salamanca

El internamiento no voluntario se encuentra regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el mismo se contemplan dos supuestos claramente diferenciados: el internamiento ordinario, que requerirá autorización previa del juez competente y el internamiento urgente, que será decidido por el personal sanitario, previo pronunciamiento sobre su necesidad y urgencia, el cual deberá ser posteriormente ratificado (en su caso) por la autoridad judicial.

Específicamente, en relación con el internamiento urgente, el citado precepto establece que éste será decidido por un facultativo médico sin necesidad de autorización judicial previa; lo cual no obsta para que el responsable del centro deba ponerlo en conocimiento del juzgado del fuero territorial correspondiente lo antes posible y, en todo caso, antes de transcurridas veinticuatro horas. De forma correlativa, el juez deberá ratificar en su caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, esta decisión.

El cumplimiento de estos plazos, en todo caso indisponibles, tiene una importancia decisiva. La razón es que la medida de internamiento comporta la privación de la libertad ambulatoria, que es un derecho fundamental previsto en nuestra Carta Magna en el artículo 17, de modo que cualquier medida que afecte a su ejercicio resultaría a priori sospechosa de ser contraria al Texto Fundamental. Esta cuestión ha sido examinada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Sentencia 141/2012, de 2 de julio.

Dicha resolución trae su causa en una demanda de amparo interpuesta por el representante de una persona con discapacidad psicosocial, quien, por razones de urgencia, había sido ingresada en un centro psiquiátrico. En el escrito, el recurrente alegaba la vulneración del derecho fundamental a la libertad personal (artículo 17 de la Constitución Española) y a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española).

A pesar de que el recurrente manifestó su intención de desistir del procedimiento, el Alto Tribunal en su STC 141/2012, de 2 de julio de 2012 decidió entrar a juzgar el fondo del asunto, alegando su interés público. Así, de modo concreto, señaló que:

• “Es el primer recurso de amparo en que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la liberad personal un internamiento psiquiátrico por razones de urgencia, con las peculiaridades que este supuesto implica”.
• “El colectivo afectado por esta medida es el de personas con discapacidad mental, que se consideran como “sujetos especialmente vulnerables”, lo que confiere a esta materia un interés fundamental”.

Grosso modo, el Órgano concluye que el personal sanitario que decidió el internamiento quebró las garantías legales que tienen por objeto la protección del interno así como de sus derechos fundamentales. De  modo más concreto, el Tribunal resolvió lo siguiente:

• Se incumplieron los plazos para la ratificación de la medida de internamiento. Mientras que la ley prevé un plazo máximo de setenta y dos horas, en este caso la ratificación se produjo diecinueve días después de su ingreso. Como señala el Tribunal, el citado plazo se asimilaría al previsto en el artículo 17.2 de la Constitución española, relativo a la detención preventiva. De manera que su incumplimiento estaría implicando desnaturalizar la función garantista de la intervención judicial, introduciendo en consecuencia en el ordenamiento jurídico un riesgo de banalización del derecho a la libertad personal, lo que resulta constitucionalmente intolerable.

• No se analizó, o al menos no de forma suficiente, la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada. En particular, el Órgano insiste en que el internamiento encuentre su justificación en el informe que con carácter previo haya debido emitir un facultativo o médico forense, preferiblemente un especialista en Psiquiatría, pronunciándose sobre su procedencia. Dicho documento, insiste el Tribunal, debe redactarse omitiendo estereotipos y generalidades.

• Debe garantizarse el derecho del interno a ser informado sobre su situación procesal y médica, así como sobre su derecho a ser asistido por procurador y abogado. En el caso que analiza el Tribunal, se omitió dicho deber, lo que supone de nuevo una vulneración de la libertad personal, derecho que como nos recuerda el juzgador aparece también previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

• El internamiento no es una medida que no pueda revisarse, de modo que ha de estar sujeta a controles periódicos. Legalmente, se prevé un plazo de seis meses; sin embargo, el tribunal competente puede fijar un pazo inferior, e incluso, los propios facultativos pueden emitir informes sobre la situación del paciente de forma voluntaria en cualquier momento, no teniendo por qué agotarse el citado plazo.  

Andrea Pérez Herrero

Alumna de la Línea Discapacidad y Dependencia de la Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho

El domingo 19 de mayo tuvo lugar en Villamayor la cuadragésima edición de la Marcha popular organizada por ASPACE, junto a la séptima edición de la carrera popular. Los eventos fueron organizados por el Ayuntamiento de Villamayor, la Diputación de Salamanca, ASPACE y el CD La Armuña. Se inscribieron en total más de 1600 personas, la inmensa mayoría participantes en la Marcha a pie de 8,5 km. Varios alumnos y profesores de la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca tuvimos el placer de participar.

Para los estudiantes que trabajamos en la línea de Discapacidad de la Clínica era la primera vez que acudíamos a esta Marcha. Fue una oportunidad para comprobar cómo a través del deporte, se pueden conseguir la inclusión de personas con diferentes capacidades. Se trataba de incluir a todos y para ello se organizaron paralelamente distintas carreras, desde una de 10 km. para los más preparados y competitivos, hasta varios recorridos cortos adaptados a las diferentes edades, e incluso a las sillas de ruedas propulsadas por acompañantes o por motor. Nadie se quedó sin un premio o una bonita teja conmemorativa elaborada en los talleres ocupacionales de ASPACE.

Cabe recordar que ASPACE es la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, una agrupación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo mejorar la vida de los afectados por parálisis cerebral y lograr la plena integración social de un colectivo de más de cien mil personas en España.

Enhorabuena a los organizadores por llevar cuatro décadas organizando esta Marcha que da la oportunidad de difundir la labor de ASPACE y de acercar a la sociedad las importantes necesidades que atiende. Contáis entre vuestros seguidores con los alumnos de la Clínica Jurídica de la Universidad de Salamanca. ¡Nos vemos en la próxima edición!

Carmen Hernández González

Alumna de la Línea de Discapacidad y Dependencia de la Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho