Memoria de actividades 2020

2/07/20, 12:35

Con mucha satisfacción os presentamos nuestra Memoria de actividades. Ha sido un curso diferente, pero hemos podido con él. El próximo, más y mejor. Muchas gracias a todos los que con vuestro trabajo y compromiso nos habéis ayudado. Hemos dado todos lo mejor.

https://drive.google.com/file/d/1tBXB2LZoTKXj-B7-7ncWmYUb0dT2rVe7/view?fbclid=IwAR2kSJXGc_hAINX_chF7k_DWdLObZDNPsni-20AUpEH2RGOYuCrz4l9UoGE

Nuestro confinamiento, su confinamiento. Lecciones desde la Memoria Histórica

1/07/20, 12:10

Hemos estado tres meses en nuestras casas. Encerrados. Cuestiones de salud pública nos han forzado a un confinamiento obligatorio, legalmente refrendado por un estado de alarma prolongado durante meses por primera vez en nuestra historia democrática. Meses. Muchas semanas… Entre las películas que tenía pendiente ver, me incliné por la de La trinchera infinita (Goenaga, Garaño y Arregi 2019). Una película que básicamente (sin hacer mucho spoiler) trata de los topos durante el franquismo. Los topos, republicanos que se ocultaron durante tres décadas en todo tipo de zulos para escapar de la represión. Sobrevivían (más que vivían) en un espacio mínimo en condiciones pésimas con las lógicas consecuencias tanto físicas como psicológicas. Vivían y oían a través de los ojos y oídos de otros. No eran presos, ni esclavos, ni asesinados, ni exiliados, ni refugiados, ni desaparecidos…eran “muertos vivos”. La película exhuma a esos topos olvidados. Ya en 1977 un bestseller, reeditado hace unos años por Capitán Swing (Los Topos), nos habla de ellos. Era la España condenada a vivir escondida. La España que vivía con miedo. Un miedo que nos conecta a todos con lo que hemos vivido en el presente. Ansiedad por lo que está pasando fuera, angustia por salir de nuestra zona de confort, pánico frente a lo desconocido.

No satisfecha con visualizar esta película seguí “torturándome” con El Hoyo (Gaztelu-Urrutia 2019) distopía sobre el confinamiento extremo con trasfondo social, hasta terminar en La noche de los 12 años (Brechner 2018). Esta película relata los años más duros en la vida de tres combatientes uruguayos del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros: José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof. Una prisión durante más de una década en las peores condiciones bajo la amenaza de un fusilamiento inminente en celdas ínfimas. Uno de esos combatientes Pepe (José) Mujica llegaría a ser presidente de Uruguay (2010-2015). Mujica sería entrevistado también por Jordi Évole en su programa Lo de Évole dedicado a la crisis por coronavirus (La Sexta, 29 de marzo). En esta interesante entrevista eché de menos preguntas sobre el confinamiento. Teniendo delante a alguien que estuvo “confinado” en unas condiciones extremas, habría sido interesante. ¿Olvido? Quizás no interesaba al guión, quizás ya le había preguntado con anterioridad, pero como espectadora “encerrada” y en un contexto donde tanto se ha hablando de las secuelas físicas y psicológicas que este confinamiento nos deparará en un futuro próximo, quizás habría funcionado de catarsis hablar de otros confinamientos que se nos olvidan. Nuestras comodidades y nuestro ensimismamiento, con wifi y comida a domicilio incluida, nos impiden ver más allá. Se nos olvidan los que han pasado esta situación en viviendas precarias, o han convivido con maltratadores o ni siquiera han tenido una ventana por donde entrara algo de luz. Pero sobre todo seguimos siendo amnésicos respecto a nuestro pasado. Respecto a quienes encarcelamos en prisiones o en “toperas”, respecto a los que torturamos privándoles de su libertad sin juicio justo, ni garantía procesal alguna. Volveremos a la normalidad y seguiremos en deuda con todo nuestro pasado. De nosotros hablaremos, se contará en los libros de historia la pandemia Covid19 en 2020. Pero los otros seguirán formando parte de nuestro pasado olvidado.

Esos otros encarcelados, esos otros escondidos que no salieron de sus toperas hasta el decreto anunciado en 1969 por Fraga, por entonces ministro de Información y Turismo del franquismo, por el que se otorgaba el perdón para los delitos cometidos en la Guerra Civil. Aunque en teoría muchos de ellos salieron físicamente, en cuestiones de memoria histórica aun quedan muchos por salir del olvido. En estos tiempos de reciente confinamiento, deberíamos como nunca empatizar con nuestro pasado. La línea de memoria histórica de la USAL pretende fortalecer desde la sociedad civil y la comunidad universitaria los rubros de dignidad, memoria y justicia. Por esos topos. Porque seguimos en deuda con nuestra sociedad. ¡Os esperamos el próximo curso!

Elena Martínez Barahona

Profesora Titular de Ciencia Política

Miembro de la Clínica Jurídica de Acción Social

Universidad de Salamanca

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Adicciones: la influencia de los videojuegos y el auge de las apuestas en los menores de edad españoles

8/05/20, 6:39

Hoy día los niños disponen de una amplia gama de posibilidades para acceder a Internet, pero realmente no conocen los problemas que acarrea. Las nuevas tecnologías han traído consigo una serie de adicciones derivadas de su uso, como puede ser la adicción a los videojuegos y a las apuestas. La Organización Mundial de la Salud catalogó como adicciones a ambas prácticas; la adicción al videojuego en mayo de 2019 y en el caso del juego de azar desde 1980. Los primeros causan trastornos mentales, de comportamiento y se puede llegar a considerar ludopatía, aunque existen algunas dudas al respecto. En el caso de las apuestas también afecta al desorden mental y se considera como una ludopatía.

En este artículo nos centraremos en dos de estas adicciones, las apuestas online y la adicción a los videojuegos. Ambas se encuentran en auge por la facilitad que tiene los menores para conectarse a Internet. Desde edades tempranas se les facilitan dispositivos para que se entretenga, esto ha fomentado la práctica de videojuegos y de las apuestas.

ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS. 

Los videojuegos no son una simple pantalla de un ordenador de mesa, consolas o como en sus inicios, las máquinas recreativas con las que jugaban nuestros padres. Actualmente los videojuegos ofrecen todo un universo de posibilidades, con objetos complementarios como gafas 3D, volantes o armas etc, que harán que tu experiencia en el juego sea lo más realista posible y que están dirigidos a toda clase de público: adultos, jóvenes y menores. A esto habría que unirle la facilidad con la que se puede jugar, tienes las consolas portátiles que puedes llevar a todos los lugares contigo o simplemente acceder a algunos juegos desde el ordenador. Además, ha aparecido todo el fenómeno “gaming”, es decir personas que se ganan la vida jugando a videojuegos y que pueden llegar a ganar millones por esto, esta puede ser una de las razones por las que muchos jóvenes se enganchen y obsesionen con los videojuegos, pues piensa que es una manera divertida y fácil de ganarse la vida, sin ser conscientes de que puede llevar consigo muchos problemas.

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) realizada por la OMS ha recogido por primera vez, en mayo de 2019, la adicción a los videojuegos como enfermedad, el denominado “gaming disorder”. Lo ha considerado como un trastorno mental, del comportamiento o del desarrollo neurológico y lo asimila a la ludopatía, aunque existen muchos críticos respecto de esta decisión de incluirlos como trastornos mentales y asimilarlos a la depresión o ansiedad.

Si bien es cierto que el uso excesivo de las nuevas tecnologías y en concreto de los videojuegos se van haciendo visibles, sobre todo en los más jóvenes, en el caso de España (de acuerdo con el estudio realizado por Proyecto Hombre) es la práctica más habitual en un 82,2 % de los jóvenes de entre 14- 18 años, y destaca en los chicos. La realidad es que este uso en exceso es uno de los problemas que más inquietan a los padres y las madres, aunque la obsesión que puede crear el uso de los videojuegos no es comparable con adicciones como las drogas, es preocupante y para entenderlo mejor es necesario conocer algunos de sus síntomas que son comunes tanto para los adultos como para los menores.

Entre los síntomas se encuentra: el aislamiento social, el empeoramiento del rendimiento académico debido al excesiva importancia y tiempo que se dedica a ellos, usarlos como vía de escape de otros problemas del día a día, pérdida de la noción del tiempo, no se dan cuenta de las horas que se han podido pasar jugando, cambios en la conducta como los estallidos de ira en el caso de que se limite el uso de estos o cambios en los hábitos, como jugar cuando se debería estar durmiendo. Por último, uno de los más importantes, los dolores y enfermedades posturales debidos al tiempo que se invierte jugando.

Existen diferentes maneras o mecanismos para evitar que tu hijo/a desarrolle un problema derivado del uso excesivo de los videojuegos. El primer mecanismo, y creemos que el más importante, es que los padres deben ser conocedores del uso que realizan sus hijos de las consolas, ordenadores y también de con quién están jugando para evitar otro tipo de inconvenientes. Los padres deberían llevar un control del tiempo, contenido y personas con las que juegan; evitar comprar en exceso juegos pues así el menor se cansara de jugar siempre con los mismos y reducirá el tiempo invertido en estos; y fomentar la realización de otro tipo de actividades para romper con el ciclo del juego, impulsando actividades al aire libre, con otros jóvenes.

Por último, algunos padres creen que el comprar una consola o juegos es una buena manera de recompensar a los menores o una manera fácil y rápida de mantenerlos entretenidos en casa, pero no es así, pues en ese intento de ser los mejores padres o de ser los más “guays” pueden estar contribuyendo a que los menores desconecten de la vida real y se enfoquen únicamente en estos. Por lo tanto, como sociedad debemos crear conciencia y educar a los jóvenes en un uso responsable de este producto, pero también a los padres.

CASAS DE APUESTAS Y ONLINE.

En cuanto a la práctica del juego online, se reguló por primera vez en 1997 y en 2011 se desarrolló la Ley 13/2011 de regulación del juego online. Este tema tiene mucha importancia y ha pasado a depender del nuevo Ministerio de consumo que se ha creado en 2019.

Desde 1980 la ludopatía se reconoce como una enfermedad de desorden mental por la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Aparece cada vez más entre los jóvenes, produciendo cambios en su conducta y en sus relaciones con la familia. El entorno social también interviene, pudiendo destacar dos factores, por un lado, las opiniones del entorno, por otro lado, querer halagar a nuestras amistades. El problema se ha acrecentado en los últimos años porque con el acceso a Internet cada vez son más los jóvenes que tienen a su alcance juegos de azar, y el resultado es que cualquier momento del día resultado adecuado para realizar apuestas a través del móvil o el ordenador.

Las apuestas online han aumentado en un 25% de forma anual en los últimos años, cerca de un 75% apuestan y un 13% de ellos son menores de edad. Según el artículo 6.2 de la Ley 13/2011 que regula el juego online, no se permite la práctica de juegos de azar a menores. Las casas de apuestas se han sustituido por el juego online, permitiendo falsificar la documentación oficial  más fácilmente. Cada vez son más adolescentes los que se hacen pasar por adultos.

Por lo general, los chicos menores de 18 años realizan más apuestas que las chicas. A partir de 16 años se iguala la posibilidad, es decir, tanto las chicas como chicos lo practican de la misma manera. Aunque la presencia del género masculino es más frecuente en los salones. Según un estudio de la Universidad de Valencia más de un 2% de los menores de edad tienen problemas de adicción al juego.

Cada vez es más usual, e incluso se ha llegado a normalizar, que todos los adolescentes tengan como costumbre apostar. Esto se aprecia en el aumento del número de casas de apuestas que existe, así como en la cantidad de publicidad en Internet que te incitan a practicarlo. Los menores de 18 años constituyen un grupo muy vulnerable y fácil de manipular: se trata de segmentos de la población que no tiene una fuente de ingresos directa, sino que dependen de sus padres, y buscan dinero fácil. La campaña “Defiende lo obvio” de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción pretende concienciar a los adolescentes entre 14 y 18 años sobre las apuestas.

El acceso a internet ha hecho más accesible las apuestas a sectores más frágiles. A través de esta vía resulta más fácil saltarse la norma y hacerse pasar por adultos sobre todo ahora, dadas las circunstancias que estamos viviendo con el Covid-19. La Red de Atención a las Adicciones hizo visible el aumento de menores que accedían al juego online en los meses de Marzo y Abril de este año. De hecho, el Gobierno ha tenido que regular la publicidad de las apuestas en televisión e internet porque con el confinamiento habían aumentado exponencialmente el número de usuarios en página de apuestas. No es suficiente, pero es importante que al menos los anuncios se hayan limitado a una franja horaria y que no puedan hacer referencia al estado de confinamiento en el que vivimos.

TANIA TABARES

MARTA MARTÍN

GRADO CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Línea de Menores y uso de Internet de la Clínica Jurídica de Acción Social

 

Seminarios en abierto 2020

7/05/20, 6:06

Este curso, como no podemos hacerlos presenciales, hemos decidido no faltar a nuestra cita, pero transformándolos en Webinars. Aquí os dejamos los datos:

#Mayoclínico Seminarios en abierto

Lunes, 18 de mayo, 17 h: MENORES Y USO DE INTERNET: BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS https://youtu.be/e5Gol6-uC8s

Martes, 19 de mayo, 17 h: LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CÁRCEL Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA https://youtu.be/kdSxTo-21MM

Jueves, 21 de mayo, 12 h: LAS CLÍNICAS JURÍDICAS EN EL CONTEXTO DEL CORONAVIRUS https://youtu.be/gcZKpjylAW4

Viernes, 22 de mayo, 12 h: MIGRANTES Y DERECHOS: ALGUNAS PRÁCTICAS BURORREPRESIVAS https://youtu.be/c90LGORqA5k

Podéis seguirlos en directo. Necesitáis suscribiros al canal de youtube la Clínica. Os esperamos. Podréis preguntar en directo a través del chat

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Memorias del Centro de Zambrana

7/05/20, 5:51

Este curso, la Línea de Menores y uso de internet de la Clínica Jurídica de Acción Social, hemos tenido la oportunidad de participar con el Centro de Menores Zambrana de Valladolid.

Nuestra primera toma de contacto con el Centro fue una visita con todas las compañeras de la línea de menores. La primera impresión que tuvimos, desde el exterior, es que el Centro parecía una cárcel por los muros, cámaras de vigilancia, controles de seguridad, sin embargo, una vez dentro, unido a las actividades posteriores que realizamos, descubrimos que se trata de un “colegio” muy singular centrado en la reinserción.

El Centro se divide en dos áreas especializadas, la de protección o socialización y la de reforma. Al área de socialización acuden menores con problemas de conducta. Nosotras, visitamos y actuamos en la de reforma, a ella llegan jóvenes por haber cometido algún tipo infracción tras un pronunciamiento judicial. En esta área, los jóvenes están separados por módulos, en función, de la edad, sexo, tipo de régimen, tipo de infracción pero también de la personalidad.

De la mano de la Directora del Centro y del coordinador de los educadores sociales, conocimos todas las instalaciones y dependencias con las que cuenta el centro. Además de conocer las laborares que desempeñan todo un equipo psicotécnico de educadores sociales, psicólogos, psiquiatras y demás personal del centro.

Hay que destacar que en el centro de menores se llevan a cabo tanto actividades educativas, deportivas, sociales como formativas para la inserción laboral, teniendo en cuenta las necesidades de cada joven. Todo ello cuenta con una amplia planificación que consiguen implementar a base de horarios, si bien, tarea a priori complicada porque los menores suelen proceder de ambientes no sujetos a disciplina.

Una segunda actividad mucho más cercana con los menores y los educadores sociales fue asistir a los  “Talleres de Prevención de delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Así tres estudiantes acudíamos semanalmente al Centro en unidades diferentes: Unidad 4 (menores entre 16 y 18 años), Unidad de Chicas y Unidad Terapéutica.

Nuestra labor consistía en observar la impartición de las charlas, la metodología, el contenido, los conceptos jurídicos, así como, la revisión jurídica de las mismas.

Aunque trabajamos con menores en situaciones muy distintas, nuestra experiencia ha sido muy gratificante en los tres casos. Los menores han participado activamente en las actividades propuestas, han mostrado interés por el tema planteado formulando sus propias dudas,  han entendido y asimilado distintos conceptos y, también, han compartido vivencias personales que sirven para entender mejor los contenidos teóricos.

Por otra parte, los educadores han sido muy atentos, nos han explicado en qué consistía el programa, e incluso, nos han brindado la oportunidad de intervenir para aclarar distintas ideas y términos jurídicos.

Algunos menores que llevaban más tiempo en el centro conocían el taller y aunque esas palabras “podían sonar a lo mismo” acaban calando y tienen sus efectos. Latente de ello es que estos mismos menores, a la hora de sus compañeros formulan una duda, ellos mismos se ofrecían voluntarios a intervenir.

Hemos podido reconocer el papel fundamental que desempeñan los educadores sociales. Es muy importante la tarea diaria que realizan con los jóvenes, pues éstos siempre están acompañados por un educador. Los educadores se muestran cercanos con los menores, les tratan de impregnar unos valores necesarios para la reinserción, como la empatía. Así como, establecer unas rutinas, horarios, dieta saludable para llevar una vida organizada, ya que, muchos proceden un escenario dónde les ha faltado disciplina, orden y, sobre todo, cariño.

Una vez que hemos asistido a las sesiones, vamos a realizar, desde esta línea de investigación, un informe recogiendo nuestra experiencia y tratando de proponer algunas ideas de mejora, para hacer más atractivo el curso para los menores. Esperamos poder ayudar a futuros programas con las aportaciones que realizaremos y contribuir así a una labor importante.

A modo de colofón, esta experiencia nos ha acercado a la realidad de los Centros de Menores y a la gran labor de reinserción que juegan en la sociedad. El paso por el Centro es una gran oportunidad para reconducir situaciones y, el éxito de la misma, depende en gran medida de la actitud del menor pero juegan otras variables como el ambiente socio familiar en el que se encuentre.

Ana Rincón Sánchez

Grado en Criminología

Clara García Prieto

Marina Romero Martín 

Grado en Derecho

Línea de Menores y uso de Internet de la Clínica Jurídica de Acción Social

 

 

 

Mujer en prisión, una doble condena

3/05/20, 12:15

Cuando una mujer entra en prisión sufre una triple condena social, personal y penitenciaria. Así lo denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía.

Actualmente en España hay un total de 58.901 reclusos, de los cuales, tan solo el 7,47% son mujeres, un número que a pesar de ser inferior respecto al de los hombres es muy superior al de los países de nuestro entorno (alrededor del 4,5%).

Con frecuencia entendemos el mundo penitenciario como algo ajeno y externo a la sociedad, sin embargo, los mismos problemas a los que se enfrenta la sociedad fuera de prisión también se extrapolan dentro de esta. Hablamos de problemas como la discriminación que por desgracia no escapa del alcance de nadie.

Pero hay una gran diferencia, y es que el responsable de esta discriminación no es el individuo, sino la propia institución. Es la Administración quien falla, dejando desamparados a los reclusos, especialmente a las mujeres, convirtiendo su estancia en prisión en una doble condena, pudiendo afirmar que las condiciones de las mujeres en prisión son mucho más duras que las de los hombres.

En primer lugar porque apenas hay cárceles específicas para mujeres, lo que se explica por el bajo porcentaje de reclusas y en segundo lugar porque el sistema penitenciario está pensado y diseñado para hombres.

Esto a su vez se traduce en un doble problema, teniendo que optar por mantener su vínculo con el exterior o acceder a programas de reinserción, cuando ambas deberían ser compatibles.

Esto es así porque o bien es trasladada a un centro penitenciario exclusivamente de mujeres, lo que debido al número escaso de los mismos la obligará a desprenderse de su vínculo familiar, social y afectivo, dificultando por tanto, sin otro motivo que por razón de género, su reinserción; o bien, entrar en una cárcel mixta, con módulos para mujeres donde no se diferencian atendiendo a criterios de clasificación, por perfiles criminales, edad, adicciones, salud mental o características penitenciarias, como ocurre con los hombres.

La consecuencia directa de este problema es que para una mujer reclusa acceder a programas de intervención resulta, cuanto menos, complicado.

Mientras que un hombre dentro de prisión tiene opción de poder realizar más programas de intervención, una mujer está más condicionada puesto que en ocasiones no pueden realizarse juntamente con hombres, lo que unido a la falta de recursos, hace que no tengan ni tan siquiera la posibilidad de decidir si participar o no.

Las prisiones españolas son gestionadas tradicionalmente para hombres, quedando siempre la mujer relegada a un segundo plano. Es por ello por lo que desde el año 2009 se ha ido implementado paulatinamente el “Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario”, pero siguen siendo evidentes las desigualdades existentes dentro del sistema penitenciario.

Esto es contrario al principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, y es la propia institución la que está incumpliendo, por eso es imprescindible dotar de recursos al sistema penitenciario español, porque el hecho de ser mujer no puede estar unido a no tener acceso a las herramientas para una reinserción que el sistema penitenciario debe proporcionarles. No podemos exigir a un recluso que cambie si no le dotamos de las herramientas y medios necesarios.

En este sentido cabe destacar la labor de ONGs que ayudan a suplir estas carencias de la Administración, pero no es suficiente, ya que es la propia dirección del centro quien decide si las mujeres pueden hacer actividades o programas junto con hombres, por eso, aunque las ONGs ofrezcan programas de intervención tampoco se asegura que la mujer dentro de prisión pueda tener acceso a estos.

Así mismo, aunque sea de manera indirecta, se contraviene el artículo 25 de la Constitución Española que establece claramente que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social. Sin embargo, si esta reinserción pasa por una serie de programas, terapias o intervención con los reclusos y no se proporciona, este principio no se estaría cumpliendo. La reinserción no debe estar obstaculizada por razones de género sino que indistintamente de que sea hombre o mujer, deben proporcionarse las recursos necesarios para alcanzar este fin.

Por ello es imprescindible invertir en recursos para poder trabajar con los presos, pero no entendiéndose como un gasto para la sociedad, sino como una inversión, porque sólo con educación y terapias se podrá reinsertar al penado. Esto va en beneficio no sólo de él o de ella, sino de la sociedad en su conjunto, porque la reinserción no acaba en la cárcel, sino que debe continuar en la sociedad.

ESTHER GARCÍA TEJEDOR

LÍNEA DE INTERVENCIÓN PENITENCIARIA Y DERECHOS HUMANOS.

CLÍNINA JURÍDICA DE ACCIÓN SOCIAL

CÁRCEL Y REINSERCIÓN – Comando Actualidad, 2019: diferentes perspectivas

28/04/20, 15:07

En este reportaje de Comando Actualidad de enero de 2019 (disponible en: https://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-investigacion-carcel-reinsercion/4933580/), Silvia Sánchez visita algunos de los centros penitenciarios repartidos a lo largo y ancho del territorio español y también entrevista a algunos de los profesionales que trabajan o han trabajado dentro de estos, así como a internos.

 

Son varios temas los que se tratan en este reportaje:

  • Programas de tratamiento y reeducación
  • Trabajo en prisión
  • Masificación de las prisiones y sus problemas
  • Labeling o etiquetamiento y ruptura de lazos sociales
  • Prisionalizacion y enfermedades mentales

 

¿Muestra este reportaje la vida real de los internos o de nuevo se ha idealizado la vida en prisión? Os dejo a continuación un vídeo donde comento algunas de las cuestiones que aquí se analizan: https://drive.google.com/file/d/1alz-jG7vZm61q40vgLPIb76BnA2iGXYX/view?usp=sharing

 

Tatiana Quiñónez Toral

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

 

 

En la actualidad, hay tanto cosas que se están haciendo bien en prisión, al igual que hay cosas que se pueden mejorar. Por eso, a lo largo de este comentario, se intentarán resaltar el lado positivo de la prisión, es decir, la reinserción, y además, los problemas existentes en el día a día.

Lo primero que me gustaría resaltar es una de las realidades que se muestra al principio del documental, siendo este un dato que la sociedad desconoce: los delitos de homicidios representan un 6,1% y los delitos contra la libertad sexual un 5,5%, frente al 42% de los delitos económicos o el 15,2% de los delitos contra la salud pública. Esto muestra que los delitos mediatizados a diario en los medios de comunicación no son la norma general.

En el documental, se habla sobre el programa “Ahórrate la cárcel”. Este consiste en que algunos presos de la prisión de Córdoba, hablan con menores infractores, para tratar de explicarles sus errores e intentar evitar que estos cometan errores similares, buscando que estos se reinserten y lleven una vida sin delinquir. Es un proyecto muy ambicioso y tremendamente positivo, ya que, en realidad, es un programa de prevención del delito, de prevenir que jóvenes tomen decisiones erróneas y puedan acabar privados de libertad.

Algo que me ha llamado la atención es la visión negativa e incorrecta que existe sobre el primer grado de cumplimiento. La sociedad ve el primer grado, en palabras de la presentadora, como un grado de cumplimiento en aislamiento para presos peligrosos, incluyendo aquí a “violadores, asesinos…”, cuando la realidad es que el primer grado está pensado para casos puntuales definidos por ley, donde, en realidad, el ser condenado por un delito contra la libertad sexual, no implica directamente un cumplimiento en primer grado, siendo esto una creencia errónea de la sociedad.

Además, continuando con el tema de los delitos de la libertad sexual, a lo largo del documental, se insiste mucho en si estos presos son reinsertables, haciendo referencias continuas a la castración química. Como explica Santiago Redondo, no es solo un problema hormonal, con lo cual, la solución no es la castración química. Hay mucho más detrás de estos delitos, como serían: los roles de la sociedad, la visión de la mujer, etc. Con lo cual, no se trata únicamente de una respuesta hormonal.

Se muestra en el documental uno de los grandes problemas en prisión: la mujer. Muchos de los funcionarios que trabajan en instituciones penitenciarias defiende que la cárcel no está hecha para las mujeres, dado que en general, son minoría y tienen más dificultades para poder acceder a los programas y tratamientos.

Un término usado por Santiago Redondo para explicar la delincuencia de cuello blanco es de gran interés, ya que la sociedad en general, debería conocerlo, para así poder responderse a la pregunta: ¿Por qué los ricos delinquen? La delincuencia no está asociada a la pobreza como se piensa, sino que se puede entender con el término “privación relativa”, y esto es, cuando uno percibe que no tiene todo lo que merece.

Otro dato que despierta interés son las cifras de reincidencia. A diario, los medios de comunicación aportan cifras sobre reincidencia, pero, la realidad es que el INE no se publican cifras sobre la reincidencia desde el 2006, y un estudio más reciente sería el publicado por la Generalitat de Catalunya en 2014. La sociedad desconoce la realidad de las tasas de reincidencia, difiriendo su pensamiento de la realidad, y esto provoca que demande mayores penas.

En conclusión, el documental muestra muchas de las realidades existentes en prisión y desconocida por la sociedad, muestra la historia que hay detrás de muchos casos. Falta mucho por aprender en la sociedad para superar el etiquetamiento social, pero el uso de los medios de comunicación para acercar la cárcel a la sociedad, puede ser una buena forma de superar las etiquetas y los estigmas.

 

Andrea Fariña Pérez

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

 

El artículo 25 CE establece que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social. Sin embargo, y pese a estar recogido como un criterio orientador en la propia Constitución Española cabe valorar si realmente las penas privativas de libertad, o más bien, la ejecución de las mismas, en el sistema penitenciario español cumplen o no esa función reeducadora y de reinserción.

Puede resultar paradójico que los programas de reinserción que se ofrecen en los centros penitenciarios españoles sean siempre de carácter voluntario. Podríamos pensar que si las penas están orientadas a tal fin, lo normal sería que la propia condena llevara incluida los programas de reinserción que el reo deberá realizar durante su estancia en prisión para así asegurar la reinserción del penado. Pero aunque esto pueda parecer la opción más viable a primera vista, si entramos a valorar realmente los motivos por los cuales se establecen como programas voluntarios veremos que son más los inconvenientes que ventajas que puede aportarnos esa solución.

En primer lugar porque la reinserción es un fin conjunto, no depende únicamente de la propia institución, sino también del penado, y es que todos los reclusos coinciden en que la reinserción depende de uno mismo, es el penado quien debe querer cambiar, porque sólo así lo conseguirán. La misma línea defienden los expertos cuando dicen que las terapias forzadas no funcionan.

Por tanto, podemos decir que el hecho de configurarse como voluntarios tiene su explicación en la mayor probabilidad de éxito de estas terapias, pero también debemos señalar la otra cara de la moneda, y es que existe el inconveniente de que con frecuencia los reos aceptan voluntariamente los programas de reinserción no tanto por el hecho de querer cambiar sino porque les favorece a la hora de obtener permisos penitenciarios. Otros en cambio, optan por el trabajo dentro en prisión antes que por los programas o terapias.

Lo importante es buscar el equilibrio entre el carácter voluntario para que realmente sirvan al fin que se pretende, y por otro lado, que no sea utilizado por el penado con otros fines que no sean siempre la reinserción y el penado. En muchas ocasiones no hay más remedio que aceptar ciertos costes como puede ser este, pero lo importante es valorar que el beneficio sea mayor que los costes, y en este sentido, lo es.

Cabe hacerse una crítica aún más importante, y en esta ocasión no tiene nada que ver con la actitud de los reclusos sino con la propia institución. Si decimos que las penas están orientadas a la reinserción y reeducación del recluso deben ponerse a disposición del mismo las herramientas necesarias para conseguirlo y esto no siempre sucede.

No podemos exigir a un penado que cambie si no le ayudamos a romper y cambiar con el entorno conflictivo en el que se ha desarrollado su vida, y para ello deben ofrecerse una serie de programas en todas las prisiones españolas. Sin embargo, en muchas de estas no se ofrecen todos los programas existentes, es cierto que en la mayoría sí se imparten programas relativos al consumo y tráfico de estupefacientes, que son los programas de intervención con drogodependientes.

Esto tiene su explicación en que es muy elevado el número de reclusos que cumplen condena por temas relacionados directa o indirectamente con el consumo de estas sustancias. Sin embargo, en otras ocasiones el recluso tiene que elegir si participar en un programa favorable a su reinserción y reeducación o desprenderse de su vínculo familiar puesto que si la prisión donde se encuentra no lo ofrece tendrá que desplazarse a otra para ello y eso supone romper todos los vínculos familiares y sociales y si lo que pretendemos es reeducar al penado a una vida en sociedad no podemos desprenderle de sus vínculos con el exterior.

No se puede hacer elegir al preso entre sus cimientos sociales y la reinserción porque la reinserción no acaba en la prisión, todo lo contario, debe estar orientada a una vida en sociedad, por eso debería proporcionarse todos los programas en todas las prisiones, porque el hecho de haber cometido un tipo delictivo u otro no puede ser motivo de priorizar la reinserción de unos y no de otros.

Lo mismo ocurre con las mujeres en prisión. Como consecuencia del menor porcentaje de mujeres cumpliendo penas privativas de libertad, 7,4% frente al 92,6% de hombres en prisión, hace que apenas tengan oportunidades dentro de prisión. Si están en una cárcel de mujeres tienes más posibilidades pero cuando están en una cárcel básicamente pensadas para los hombres apenas tienen oportunidades, lo que convierte el hecho de ser mujer en prisión en una doble condena, a lo que además cabe señalarse que en torno al 70% de las mujeres que cumplen condena en prisiones españolas han sido anteriormente víctimas de malos tratos.

Esto es contrario al principio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 14 de nuestra Constitución, y es la propia institución la que está fallando, por eso es imprescindible dotar de recursos al sistema penitenciario español. En este sentido cabe destacar la labor de ONGs que ayudan a suplir estas carencias de la Administración, pero no es suficiente.

Debe prestarse especial atención no únicamente a la vida de los presos en prisión, sino también a todo lo que le ha llevado hasta ella y principalmente lo que viene después.

En relación al ámbito social y las circunstancias personales de cada interno previo a la entrada en prisión, cabe señalar que en muchas ocasiones nunca han tenido un trabajo, y el consumo de drogas ha marcado su vida hasta tal punto de que muchos de los delitos cometidos han sido directa o indirectamente cometidos por este consumo. Esto hace que cuando un recluso entra en prisión tenga que enfrentarse a una realidad desconocida para él, por primera vez va a poder optar a una educación básica, podrá asumir las responsabilidades de un trabajo y un orden y rutina diaria que le prepararán para la vida en sociedad tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Pero esto también tiene una desventaja y es que como consecuencia de que el derecho penal español es muy represivo, con penas privativas de libertad muy largas, muchos reclusos tienen la sensación de estar institucionalizados. Esto dificulta su salida y contacto con el mundo que hay tras la cárcel. Por eso el cumplimiento en prisión debe entenderse no como un castigo sino como una preparación y formación del recluso previa a una vida en sociedad, es decir, entendida como reeducación y no castigo.

Es imprescindible invertir en recursos al sistema penitenciario, pero no entendiéndose como un gasto para la sociedad, sino como una inversión. Sólo con educación y terapias se podrá reinsertar al penado y esto va en beneficio no sólo de él sino de la sociedad en su conjunto. De este modo no se estaría invirtiendo en un recluso individualmente sino en la sociedad en su conjunto, en concreto en seguridad social. También debemos reeducar a la sociedad, acabando con el estigma social que sufre un penado una vez que ha cumplido con la pena privativa de libertad impuesta.

Y es que la reinserción no acaba en la cárcel, sino que debe continuar en la sociedad. Por eso debemos educar a la sociedad en su conjunto y prepararla para acoger a un exrecluso, porque sólo así se dará cumplimiento al verdadero fin de todas las penas privativas de libertad, que no es otro que la reinserción y reeducación del penado.

Esther García Tejedor

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

En este documental se han tratado temas de gran interés que, además, han sido abordados en numerosas ocasiones en las charlas de nuestra rama.

En primer lugar, la reinserción. Tal y como se muestra al principio del video, el 92% de los presos españoles son hombres, y aunque no hayan cometido delitos de sangre, el paso por la cárcel ya les cuelga una etiqueta muy difícil de eliminar una vez fuera. Muchos de ellos cuentan, que lo que mas cuesta es la adaptación de nuevo en la vida en sociedad y en ello considero que no solo tiene la responsabilidad el preso, si no la sociedad. Es decir, que gran parte del trabajo para conseguir la reinserción de forma obvia recae sobre el preso, en su fuerza de voluntad por aprender nuevos hábitos, dejar a determinado pensamientos y conductas, pero también, influye en ella como se integra de nuevo en la sociedad y ésta no esta preparada para su aceptación.

Otro de los factores que influye es volver a la esfera familiar y social en la que el interno se encontraba antes de ingresar en la cárcel.  Es muy importante que para que se pongan en conocimiento lo aprendido con los funcionarios y psicólogos el preso no vuelva al punto de partida porque se va a encontrar con miles de factores externos que le van a alterar su percepción y no va a sentirse preparado para lidiar con todo lo que le atrae y que le puede conllevar a cometer un nuevo delito o a la pérdida de los permisos.

Como decía anteriormente, parte de la responsabilidad recae también en la sociedad, debido a que es la que va a poner a prueba al interno. Lo que ocurre es que muchos que se encuentran disfrutando de su libertad, reconocen que salen sin preparación, sin nada porque tu mundo se ha detenido dentro de prisión y el resto a continuado con sus vidas y esto genera dos problemas. En primer lugar, que el interno sienta que no esta listo para volver a la vida en sociedad y que por ello sienta que está mucho mas seguro viviendo el resto de su vida en prisión y que, a consecuencia de la falta de preparación comience a cometer pequeños delitos para subsistir fuera lo que alimenta aún más los prejuicios de la sociedad.

En segundo lugar, uno de los temas tratados es las mujeres en prisión. las mujeres en este ámbito se encuentran en minoría lo que provoca que ante su entrada en prisión encuentren muchos menos recursos dependiendo de la cárcel a la que ingresen. Tienen menos oportunidad no porque no se haya decidido destinar recursos para ellas si no porque por una razón de estadística son mas los hombres quinees cometen delitos y no tienen igual de oportunidades al no estar preparadas para ellas. además, su estancia, desde mi punto de vista, sean mas o menos años es mucho mas dura ya que cargan con una mochila familiar que mentalmente les agota. En el documental hemos podido ver como algunas de ellas, desde prisión, llaman a los profesores de sus hijos para conocer como sigue su situación escolar, desde dentro siguen haciéndose cargo de todo enviando dinero que consiguen de sus trabajos para ayudar en lo que haga falta… por ello esto puede ser un arma de doble filo. Es decir, tener a la familia fuera puede ser una motivación para cumplir la pena lo mejor posible y salir cuanto antes o que se vean a cometer un delito en prisión o durante un permiso ante una necesidad que se les pueda plantear a sus familiares.

Otro de los temas que mas preocupa en prisión son las enfermedades mentales. No debemos olvidar que existe una gran población reclusa que es o que ha sido adicto a las drogas y que en muchas ocasiones le ha provocado una enfermedad mental. Desde mi punto de vista, el hecho de que una persona ingrese en prisión con una enfermedad metal puede agravar y mucho su diagnóstico. Es cierto que en España contamos con dos hospitales psiquiátricos, pero muchos de los presos que deberían ser destinados allí hacen vida normal en las prisiones pasando su dura estancia en una celda en vez de en un entorno mas adecuado a sus necesidades. Por ello cabria pensar si en estos casos, el hecho de que estas personas estén internas en centros ordinarios, se están llevando practicas contrarias a los derechos humanos.

Desde las instituciones, se han implementado numerosos programas para tratar de paliar este problema que afecta a todos los centros. Mi critica es que, en algún momento, estos programas se van a ver superados por la realidad que se vive dentro de la prisión y no podrán ser llevados a cabo con total normalidad debido a la insuficiencia de medios con los que cuentan los funcionarios. Esto provoca que sea imposible trabajar y proporcionar un tratamiento adecuado a los reclusos.

Otro de los problemas que imposibilitan ese tratamiento adecuado es que no se cuenta con una plantilla fija de un psiquiatra que esté continuamente viendo a los internos que lo necesitan, si no que este realiza sus visitas de forma esporádica y tal y como nos contaron en nuestra visita a Topas, cuando un recluso no ha residido en la UTE y ha estado en otros módulos, ha estado casi 3 meses si tener este tipo de atención. Lo que deja en cuestión como son de necesarias determinadas figuras en prisión, así por ejemplo como la de los criminólogos.

Esto me lleva a tratar el tema de los funcionarios. Como hemos podido observar algunos de ellos no han entrado a formar parte de la prisión por vocación sino por necesidad en algún momento de sus vidas. Esto hace que me plantee que en muchas de las situaciones de la vida interna de la prisión pueda influir y se traten con una menor predisposición. Lo cual conlleva a que la tensión a veces en determinados aspectos aumente entre los funcionarios y los presos, haciendo que se interrumpan las acciones cotidianas o la posibilidad de poder hacer actividades y programas con los internos. Pero no todo es malo, conocemos que la media de edad se encuentra en torno a los 50-55 años, lo que beneficia en muchas ocasiones la solución de conflictos entre los internos. No hay que dejar de pensar que internos jóvenes en ese ambiente puede ser una bomba de relojería en cualquier momento y la experiencia y templanza de los funcionarios en torno a esa edad y en concreto, su experiencia, aborda una visión diferente sobre como solucionar el problema.

Beatriz Barrientos Montes

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

 

En el documental se nos traslada a la realidad de los centros penitenciarios en el marco actual, abordando desde varios frentes la pregunta por la que se mueve el documental; ¿Es posible la reinserción de los internos en la sociedad?

Esa pregunta se intenta responder tratando de mostrar al espectador como se afronta la reinserción por parte de las instituciones penitenciarias y de los propios presos desde distintas situaciones, por ejemplo; siendo menor, mujer o interno con una enfermedad mental.

En España, 13.643 menores infractores fueron condenados en 2017, del total de menores infractores aproximadamente el 58% tienen entre 16 y 17 años. La mayoría se encuentra en tal situación por delitos relacionados con robos, consecuencia de una relación conflictiva con sus padres y un entorno proclive a la delincuencia. Por lo general, suelen ser niños con apariencias endurecidas por el tipo de vida que llevaban en las calles.

“Ahórrate la cárcel” es un programa de reinserción puesto en marcha por instituciones penitenciarias que pone en contacto directo a internos en centros penitenciarios con menores condenados, este contacto favorece con la experiencia de los primeros hacer pensar a los menores e intentar evitar que reincidan y acaben en la cárcel, y a su vez, aporta autoestima a los reclusos que van a contar sus experiencias y les proporciona cierta sensación de libertad.

La población reclusa en España es de aproximadamente 59.000 internos, de los cuáles cerca de 55.000 son hombres y el resto, unas 4.000 internas son mujeres. Por lo tanto, la mujer dentro de los centros penitenciarios españoles representa un pequeño porcentaje, del cual, entre el 70 y el 75% de ellas ha sido víctima de malos tratos antes de entrar en prisión, y se encuentran internas, sobre todo, por delitos contra la salud pública (drogas) y económicos contra la propiedad. Además, gran parte de las mujeres cuando ingresan en los centros penitenciarios, entran siendo madres y esposas, teniendo que hacerse cargo muchas veces desde dentro de las responsabilidades familiares del exterior. Por ejemplo, realizando llamadas a los tutores de las escuelas de sus hijos.

Y en lo que respecta a los internos con problemas relacionados con enfermedades mentales graves, el documental nos expone la situación de que el Sistema Penitenciario español no está adaptado y sus centros penitenciarios no están preparados para ellos. Siendo este uno de los problemas más importantes a los que tiene que encontrar solución el sistema, puesto que, en torno al 4–5% de la población reclusa en España sufre algún tipo de enfermedad mental grave.

Ahora bien, el tema de la reinserción en España es un tema complicado ya que no solo es un problema que compete única y exclusivamente al Sistema Penitenciario español, sino que es un problema que debe ser abordado por la sociedad en su conjunto.

En España cerca de la mitad de la población reclusa participa en algún programa de reinserción, aproximadamente 27.000 internos, ya que los programas de reinserción son voluntarios. Otros 12.400 trabajan en talleres formativos orientados a la reinserción social y otros 3.500 trabajan para empresas privadas. Pero a pesar de esto, 1 de cada 3 internos reincide en conductas delictivas al cumplir sus penas en los centros penitenciarios.

Esta reincidencia puede estar favorecida por el tipo de sistema sancionador que tenemos en España con cerca de 14 años de tiempo promedio frente al 7% de Centroeuropa y prácticamente la misma tasa de reincidencia, rondando el 31%.  También el número de delitos cometidos en España es más bajo que en países de nuestro entorno y en cambio, tenemos más internos por habitante, aproximadamente 128 por cada 100.000 habitantes.

Este tipo de sistema de condenas tan duro y con penas tan largas puede provocar en los internos el problema de acostumbrarse a vivir dentro de los centros penitenciarios. Además, según numerosas opiniones no se puede basar el sistema penitenciario únicamente en el castigo, ya que esto únicamente crea resentimiento y ese sentimiento no favorece la reinserción.

Cada interno dentro de un centro penitenciario le supone al Estado español una media de 1800 €, pero no podemos ver esta cantidad de dinero como un gasto vacío, sino que debemos verla como una inversión, puesto que, si con mayores recursos se puede llevar a reducir la reincidencia y mejorar la posibilidad de reinserción de los internos en la sociedad, estamos invirtiendo en un descenso del nivel delictivo en nuestras calles y un aumento de la percepción de seguridad en la sociedad.

Esa inversión y esa probabilidad de reinserción pasa por ejemplo en proporcionarles una educación básica, ya que muchos de los internos no poseen la Educación Secundaria Obligatoria y el 17,6 % de los internos no sabe leer ni escribir o no tiene ningún tipo de estudios. Esto es un paso atrás en su reinserción en la sociedad limitando mucho las opciones a la hora de encontrar un trabajo y relacionarse dentro de la comunidad.

Pero como ya he dicho antes, el tema de la reinserción no puede cargarse solo sobre los hombros del Sistema Penitenciario español, ni sobre los centros penitenciarios, sino que es una cuestión que debe involucrar a toda la sociedad.

La sociedad debe ser la encargada de quitar la etiqueta de expresidiario y quitar el estigma social que arrastran y por el cual, les cuesta tanto formar una familia o encontrar un trabajo. Y si entre todos contribuimos a favorecer su reinserción y a hacer desaparecer esos estigmas y etiquetas, puede que frases como las vistas en el documental no vuelvan a resonar en nuestros oídos:

“No me adapto a lo que hay fuera, estoy institucionalizado”

“Tengo mayor sensación de seguridad dentro de la cárcel”

“Fuera pierdes la identidad y la utilidad”

“Solo si callas tu paso por prisión, puedes andar por las calles sin el cartel de marginado”.

Francisco Javier Hernández Sánchez

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social.

 

“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras”. Bertrand Russell, filósofo y escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950.

España es un Estado social y democrático de Derecho. Tal adjetivación no es ni fue baladí. Es heredera de sangre, sudor y lágrimas. Conforma el marco de reconocimiento de nuestra esfera de autodeterminación, consagrada en forma de derechos fundamentales en la Parte Dogmática de nuestra Carta Magna (en adelante, “CE”). Una Carta que nosotros mismos nos dimos. Y en la que se halla, entre otros, el principio orientador de las penas privativas de libertad: la resocialización (art. 25.2 CE).

Sin embargo, ¿persiguen las penas algo más allá de la prevención especial? Hago esta reflexión a raíz de la visualización del Documental Comando Investigación (Cárcel y reinserción); pero, especialmente, a propósito de la intervención de Santiago, doctor en Psicología y Profesor de Criminología y Política Criminal. Cuando la periodista le pregunta: “¿Es mejor castigar o prevenir?”; él le contesta: “Ambas cosas son necesarias. La sociedad necesita el castigo”. Hacía tiempo que no retomaba lo que doctrinalmente se categoriza como la “Parte General del Derecho Penal”, y en concreto, las funciones de la sanción penal. Así, adentrándome en la lectura de “El Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho”, de Santiago Mir Puig, he sacado las siguientes conclusiones.

El Derecho penal de un Estado social y democrático debe asegurar la protección efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la prevención general de los delitos (Estado social), entendidos como aquellos comportamientos que los ciudadanos estiman dañosos para sus bienes jurídicos. Tales bienes, establece MIR PUIG, no se entienden “en un sentido naturalista ni ético individual, sino como posibilidades de participación en los sistemas sociales fundamentales” (y en función de la importancia que a cada uno de estos otorguen, como realización del Estado democrático -ex.art. 9.2 CE-). Así, dicho desarrollo debe cerciorarse de conformidad con la legislación imperante, tanto en lo que a la forma (nullum crimen nulla poena sine praevia lege -lex orgánica, ex. art. 81 CE-) como a la materia (evitación de las normas penales en blanco que deriven en remisiones externas reglamentarias) se refiere (poniendo así la guinda en el pastel, con un Estado de Derecho; estricta sumisión al principio de legalidad, ex.art. 9.1 y 3 CE).

Diseccionadas brevementes las vestiduras de nuestro Ordenamiento jurídico y político, adentrémonos más en el pilar social (para posteriormente hacer una crítica al aspecto democrático planteado por MIR PUIG).

Como ya hemos apuntado, este autor considera que el Estado social debe adoptar una prevención general de los delitos caracterizada por dos aspectos: junto con el aspecto de prevención general intimidatoria o en sentido negativo, debe resaltar la prevención general estabilizadora o en sentido positivo. Así, nos encontramos ante una balanza, entre el, por otro lado, inevitable efecto intimidatorio de la tipificación de un delito y su correspondiente sanción; y un mecanismo de socialización secundaria socialmente integrador. Ambos se contraponen, en un sistema de check and balances que evita excesos: uno, el terror penal; el otro, una imposición moralizante que no permitiera a los individuos conducirse conforme a su propio sistema de valores (adhesión positiva a la CE, incompatible con las garantías del art. 53 CE en relación con derechos como la libertad de expresión), de acuerdo con su propia dignidad humana (art. 10.1 CE).

El Estado social tiene también su repercusión en el Estado democrático. El mandato de protección que impone el primero hacia todos los ciudadanos impide la perversión que a veces generan las reglas de la mayoría: “Desde esta perspectiva, el Derecho penal no sólo debe defender de los delincuentes a la mayoría: debe respetar la dignidad del delincuente e intentar ofrecerle alternativas a su comportamiento criminal (punto donde entra el ya mencionado art.25.2 CE). Prevención general y especial confluyen así en un único objetivo: evitar que se cometan delitos como mecanismo protector de la sociedad. Esto no obstante, dice MIR PUIG, no podemos negar el primero en base a la exclusiva persecución del segundo. Concluye señalando que el artículo 25.2 “no ha de interpretarse, pues, en el sentido de que las penas privativas de libertad sólo deban orientarse a la reeducación y reinserción social”.

¿Pero, es lo mismo prevención que castigo? He ahí donde creo que Santiago (no MIR PUIG, sino nuestro Docente de Psicología) erró en la elección de palabras. Admitir la resocialización como finalidad de la pena privativa de libertad excluye el fundamento retributivo de la pena. No puede compatibilizarse, así, con el tenor del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. La resocialización impone la individualización en la ejecución de la medida coercitiva adoptada por el Juez de lo Penal al interno en cuestión. No se ve previamente definida en la ley; sino que ha de adecuarse a la evolución de su conducta en el marco del régimen penitenciario (valorado por los Equipos Técnicos, las Juntas de Tratamiento, bajo la supervisión garantista del Juez de Vigilancia Penitenciaria). Así, dos personas que hubieran cometido el mismo delito podrían verse sometidos a regímenes y/o grados totalmente diferenciados (y ello, según MIR PUIG, no sería compatible con una concepción retributiva de la pena, en la consecución de la justicia). Retribución y resocialización, finalmente, no pueden ir de la mano. Las prevenciones se llevan mejor.

Por último, no querría dejar de hacer un apunte, como anuncié antes, respecto de una de las consecuencias que para el autor se derivan del Estado democrático. Y es precisamente que las penas respondan al consenso de los ciudadanos (siguiendo por ende las valoraciones de la mayoría, en la medida en la que no ahoguen las minoritarias). Afirma MIR PUIG que “Un Derecho penal democrático ha de prevenir no sólo con el miedo al castigo, sino poniendo la pena al servicio del sentimiento jurídico del pueblo”. Puede que no fuera su intención, pero no puedo sino dejar de pensar en el creciente populismo punitivo que se observa en nuestras sociedades. Una legislación electoralista, carente de rigor científico, que acompaña a cada legislatura y a cada partido, en su pretendida Cruzada contra el obviamente “ineficiente e insuficiente” Código Penal que cada Gobierno hereda de su antecesor. Alarmismo que posteriormente se traslada a los medios de comunicación, única fuente de conocimiento para la gran mayoría de la población respecto de la materia jurídica. El Derecho. Eso que nadie ha tocado al salir de la educación obligatoria pero que todos afirman conocer.

Es cierto que la mayor parte de los postulados que se recogen en la Parte Dogmática de la CE son políticos. Consideraciones de equidad, justicia y debido proceso. Y así, como principios, no puede negarse la legitimidad de sus antagonistas. Ya lo decía Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan…tengo otros”. Pero yo me pregunto: ¿es adecuado que tengamos una legislación penal basada en estadísticas engrosadas, por ser el resultado de la voluntad -pudiéramos reputar, poco informada- de la mayoría de los ciudadanos? ¿Y aún cuando lo fuera, es realmente lo deseable?

Carlota García Barcala

Línea de Intervención Penitenciaria y Derechos Humanos

Clínica Jurídica de Acción Social.

 

Protección de datos en época de Covid-19: Derecho comparado (II)

28/04/20, 10:52

Algunos autores han hecho referencia a los datos como “el petróleo del Siglo XXI” y la epidemia sanitaria mundial ha secundado tal afirmación. En este mismo blog hemos abordado el tema de  la protección de datos en la época del COVID-19 en España, y ahora nos vamos a referir a la situación en otros países.

En los Estados asiáticos  están gestionando la crisis sanitaria del COVID-19 de manera muy diferente a cómo se está haciendo en los Estados europeos,  apostando por la inteligencia artificial y el “big data”. Hay que tener en cuenta que en los Estados asiáticos casi no hay ningún momento de la vida cotidiana de los ciudadanos que no esté siendo sometido a observación. Han apostado fuerte por la vigilancia digital, hasta el punto de que hay millones de cámaras de vigilancia provistas de reconocimiento facial en los diferentes puntos de sus ciudades. Prácticamente no se plantea el tema del respeto a la protección de datos y la población tampoco se cuestiona la recogida masiva de sus datos por las autoridades. Así, el Estado puede saber dónde están, con quién se encuentran, qué hacen, qué comen, qué compran, adónde se dirigen…

Este modelo ha propiciado que, ante la pandemia, en China se haya apostado por utilizar el sistema de reconocimiento facial y un software de detención de temperatura. En Corea del Sur, la “app Corona” emite un SMS a las personas que entran en un edificio dónde previamente ha habido un infectado. O en Taiwán, el Estado envía un SMS a los ciudadanos para informar si han tenido contacto con infectados o sobre los lugares dónde ha habido personas contagiadas.

Estados Unidos ha desarrollado una aplicación más garantista con los derechos individuales y la privacidad, conocida como “Safepaths”. Por su parte,  España ha creado “Stop CovidCat 19” para hacer un seguimiento de localización a los pacientes y ver la evolución de la epidemia mediante la creación de mapas de calor en Cataluña, al igual que “coronamadrid.com” en Madrid o “COVID.EUS” en el País Vasco.

Habida cuenta de la situación excepcional que estamos viviendo se debe hacer un juicio de ponderación entre el garantismo y la seguridad ciudadana. Debemos reflexionar acerca de cómo encontrar un nuevo equilibrio entre la necesidad de recogida de datos de carácter personal a toda la población y su correspondiente protección, y reflexionar sobre si se debe velar por mantener las garantías dentro de esta situación o si dicha situación justifica que las garantías se relajen.

En el caso del derecho fundamental de protección de datos, la recogida y el tratamiento de éstos puede ayudar a la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, en especial las sanitarias, y ello repercutirá a favor del interés general en la lucha contra el COVID-19. Si bien, no puede suponer una suspensión de este derecho, por lo que se debe trazar un plan de acción en el cual se especifique qué datos son necesarios, por cuánto tiempo y quién puede tratarlos, y así cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad. De lo contrario, una recogida masiva e indiscriminada de datos personales, no solo resultaría contraria alos principios que inspiran nuestro ordenamiento, sino que vulneraría derechos y libertades de los ciudadanos y se materializaría en un tándem peligroso si no son tratados con los fines que justificaron su recogida. Además, la recogida de los mismos se debe efectuar de una manera anónima y agregada, no posibilitando la identificación de los ciudadanos y, una vez superada la pandemia, borrarlos, para así velar por la privacidad del ciudadano.

 

Bibliografía y fuentes consultadas:

 

  1. Informe Jurídico 0017/2020 sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID-19. AEPD. https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
  2. Tratamientos de datos personales en situaciones de emergencia. AEPD. https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
  3. https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
  4. https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200329/4882486265/cororonavirus-inteligencia-artificial-big-data-drones-robots.html

 

Clara García Prieto 

Línea Menores y Uso de Internet en la Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho, Universidad de Salamanca 

Protección de datos en época de COVID-19: Planteamiento español (I)

28/04/20, 10:49

La protección de datos, derecho reconocido constitucionalmente en el art 18.4 de la Constitución Española, merece una especial atención tras la aprobación de la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que contempla una serie de medidas que están siendo objeto de polémica.

En lo que se refiere al reconocimiento de dicho derecho, en el actual escenario, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha establecido que esta situación de emergencia no puede suponer una suspensión de este derecho fundamental. No obstante, se considera que la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que las autoridades competentes estiman que han de adoptar, especialmente las sanitarias, en la lucha contra la epidemia, ya que en ellas se prevén soluciones que permiten compatibilizar el uso lícito de los datos personales con las medidas necesarias para garantizar eficazmente el bien común. En este sentido, la AEPD está colaborando con las autoridades competentes facilitándoles criterios que permitan compatibilizar los distintos derechos afectados.

Teniendo como guía los criterios enunciados por la AEDP, vamos a analizar las medidas que se adoptan en la Orden SND/297/2020 y que están dirigidas, como la propia Orden enuncia, “a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”:

Se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que ponga en marcha las siguientes medidas en cuanto al tratamiento de los datos personales implicados en el tema:

  • El desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que permitirá realizar al usuario la autoevaluación, con base en sus síntomas médicos y, además, permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar.
  • El desarrollo de un asistente conversacional/chatbot para ser utilizado vía Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería instantánea.
  • El desarrollo de una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles.
  • El análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento,  de manera agregada y anonimizada, a través del cruce de datos de los operadores móviles.

En nuestra opinión, la primera propuesta afecta el tratamiento de datos de carácter personal como la geolocalización y la salud, mientras que la cuarta afecta solo a la geocalización, pese a que esta disposición normativa a la que no estamos refiriendo indica que se velará por el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

En cuanto a licitud del tratamiento, la disposición ministerial no es muy clarificadora. A este respecto, la AEPD en su Informe 0017/2020 indica que el Considerando 46 del RGPD reconoce como base jurídica para el tratamiento lícito de datos personales en casos excepcionales: la misión realizada en interés público [art 6.1.e) RGPD], y los intereses vitales del interesado u otras personas físicas [art 6.1.d)], las cuales permiten el tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados.

Sin embargo, para el tratamiento de datos de salud catalogados como datos sensibles (art. 9 RGPD), no es suficiente la base jurídica del art 6 RGPD, sino que además se necesita una excepción que levante la prohibición de su tratamiento. En este sentido, podría plantearse la excepción vinculada con el interés público en el ámbito de la salud pública [art. 9.2.i)], que en este caso del Covid se configura como interés público esencial [art. 9.2.g)].

En cuanto a la geolocalización de todos los ciudadanos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19 a través del teléfono móvil que hayan facilitado previamente, cabe preguntarse sobre la base legal que sustenta tal intromisión, y si es suficiente la fundamentación jurídica de la exposición de motivos de la Orden Ministerial.  En nuestra opinión, la única justificación sería la situación excepcional, como es la epidemia ocasionada por el COVID-19, que ampara limitar la libertad de circulación de las personas.

¿Y qué sucedería con los datos de movilidad de las personas, en los días previos y durante el confinamiento, que se solicitarán a las compañías telefónicas, a través del cruce de datos, de manera agregada y anonimizada?

A este respecto, la OrdenSND/297/2020 no establece la duración del tratamiento de estos datos, ni cómo se realizará la agregación y anonimización de los datos. Esta indeterminación es objeto de críticas. Como indica la AEPD en el citado Informe, el tratamiento de datos debe ajustarse a los principios de licitud, lealtad y transparencia, de limitación de la finalidad y de minimización de datos. Sobre este último aspecto hay que hacer referencia expresa a que los datos tratados habrán de ser exclusivamente los limitados a los necesarios para la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho tratamiento a cualesquiera otros datos personales no estrictamente necesarios para dicha finalidad, sin que pueda confundirse conveniencia con necesidad.

Además, cuando se pretenda obtener y tratar datos de la población, la información que se proporcione debe ser clara, accesible y comprensible; lo cual en este caso no se da.

En la próxima entrada trataremos como se ha abordado en otros países la protección de datos en época de COVID-19. 

Bibliografía y fuentes consultadas:

  1. REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
  2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  (BOE-A-2018-16673)
  3. Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.(BOE-A-2020-4162)
  4. Informe Jurídico 0017/2020 sobre los tratamientos de datos en relación con el COVID-19. AEPD. https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
  5. Comunicado de la AEPD en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluaciones y consejos sobre el Coronavirus. AEPDhttps://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-de-la-aepd-en-relacion-con-webs-y-apps-que-ofrecen
  6. Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus. AEPDhttps://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
  7. Tratamientos de datos personales en situaciones de emergencia. AEPD. https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/tratamientos-datos-personales-situaciones-emergencia
  1. https://www.abc.es/opinion/abci-jose-soler-martinez-proteccion-intimidad-personal-202004122312_noticia.html

Clara García Prieto 

Línea de Menores y Uso de Internet de la Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho, Universidad de Salamanca 

16 de abril de 2020

 

Va de Coronas

25/04/20, 16:03

El coronavirus ha dejado en un segundo plano una noticia importantísima sobre la otra corona que tenemos en España. Nuestra corona lleva toda nuestra democracia infectada de un virus para el que todavía no hemos encontrado (o no hemos querido encontrar) una cura. Nunca ha existido un gran debate público entorno a la viabilidad de la corona y la memoria democrática. Es cierto que existen críticas a la monarquía por su pasado franquista. Sin embargo, esas críticas nunca han llegado a materializarse en un verdadero issue que deba ser depurado o al menos analizado por la memoria histórica.

No debemos olvidar que, aunque formalmente la monarquía goce de plena legitimidad e incluso mayor de que gozó la II República, al ser refrendada la constitución de 1978 por referéndum mientras que la del 31 no, el tema de monarquía vs. república fue uno de los llamados temas de consenso entre las principales fuerzas políticas e introducido por las fuerzas de derecha que simpatizaban o apoyaban, aunque ya no de manera explícita, el régimen franquista. Tampoco debemos olvidar que Juan Carlos, el Rey emérito, fue antes rey del franquismo que rey democrático. En 22 de julio de 1969, el caudillo designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado, con el título de príncipe de España, allanando el camino para que España se convirtiese en una monarquía con rey tras la muerte del dictador.

Uno de los argumentos que se pueden esgrimir a favor de la monarquía es que como hemos mencionado anteriormente pasó el filtro de la democracia al ser aprobada la constitución. Sin embargo, este argumento es engañoso, ya que en ningún momento se dejó elegir al pueblo español si quería una monarquía o una república. El referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978 tenía dos opciones: votar sí a una democracia que había tardado más de 2 años en consensuarse o votar no y enfrentarse a un futuro incierto y con graves riesgos de regresión hacia la dictadura. Por lo tanto, se puede concluir que la monarquía fue impuesta bajo el paraguas de la democracia y no verdaderamente refrendada por el pueblo español. Esta falta de legitimidad real se ve reforzada debido a las escasas veces que el CIS pregunta por la monarquía (no sobre monarquía o república sino simplemente por la confianza que genera la institución monárquica) y la poca transparencia de la Corona hacia el pueblo, aunque es cierto que este déficit es endémico de todo el entramada institucional español.

Otro argumento utilizado en defensa de la monarquía es su carácter simbólico que tiene hoy en día al carecer de atribuciones reales: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” (art 56.1 CE) y por tanto, da igual todo lo demás al carecer de funciones reales. Sin embargo, gran parte del contenido de la memoria democrática es de carácter simbólico. De hecho, la ley 52/2007 reserva un artículo entero (art 15) a la simbología, obligando a las Administraciones Públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”. Por lo tanto, el carácter simbólico de la monarquía no es razón suficiente para cumplir con los estándares mínimos de memoria histórica, al contrario, el hecho de ser simbólico es un aliciente para que la monarquía sea “investigada” por la memoria histórica.

 No cabe duda de que la monarquía es una herencia del franquismo. Juan Carlos de Borbón ocupó la Jefatura del Estado antes de la muerte de Franco, circunstancia histórica que ocurrió en 1974 cuando Franco se encontraba ingresado, en la que el actual rey emérito llevó a cabo una renovación de los acuerdos de cooperación con EEUU. Además, una vez muerto Franco, juró defender en el “Discurso de la Corona de 22 de Noviembre de 1975” la legislación proveniente del franquismo (las Leyes Fundamentales del Reino) y los principios en los que se basaba el Movimiento Nacional.

A la luz de estos argumentos, vemos que no existe ningún impedimento para que la monarquía sea investigada por la memoria histórica, y en caso de que no pase el filtro sea reformada o incluso abolida (aunque su abolición sea muy improbable ya que requiere la reforma constitucional por el procediendo agravado).

A día de hoy, resulta realmente complicado que los principales partidos políticos se sienten a hablar de la legitimidad de la monarquía. Numerosos acontecimientos recientes podemos observar para darnos cuenta de que esto no va a suceder, al menos, a corto y medio plazo, ya que el Congreso de los Diputados sigue rechazando las peticiones formuladas por grupos parlamentarios como puede ser EH Bildu o Esquerra Republicana para crear una comisión que estudie las presuntas irregularidades cometidas por la Monarquía. Si la voluntad es nula para investigar los casos de corrupción que azotan a la monarquía, menos voluntad va a haber para que sea investigada por la memoria histórica.

En materia de memoria histórica y democrática queda mucho por realizar, aunque se han dado pasos muy importantes tales como sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La discusión de la jefatura del estado es un necesario avance que se tiene que dar en materia democrática, ya que España no podrá ser una democracia plena si los españoles no son escuchados sobre si quieren que una institución de herencia franquista sea la jefatura del Estado. Solo cuando la corona sea objeto de debate público y abrogada mediante votación popular estaremos legitimando la democracia española y reparando simbólicamente a las víctimas del franquismo.

 

Pedro Matellán Felipe

Mario Álvarez Molleda

Línea de Memoria histórica de la Clínica Jurídica de Acción Social