Matilla de los Caños del Río a espaldas de la historia.

4/06/21, 6:42

El municipio de Matilla de los Caños del Río, ubicado en medio del basto campo charro, parecería a vista de pájaro un pueblo más de la inmensa provincia de Salamanca. Pero detrás de sus casas bajas, su iglesia de tres naves, el discreto ayuntamiento o la plaza que preside el pueblo, se escribió una de las páginas más negras de la historia de España.

Matilla no sería ajena al golpe de Estado de 1936, la sublevación fascista y la adhesión de la práctica totalidad de la submeseta norte hizo de Salamanca un enclave estratégico desde donde dirigir el “alzamiento”. Los avances entre agosto y septiembre de ese año permitieron a los golpistas despejar un corredor que conectaba bajo su dominio desde Sevilla hasta A Coruña.

La capital del Tormes se ubicaba caprichosamente en medio de esa franja y a varios cientos de kilómetros del frente más cercano, una plaza ideal en la retaguardia desde donde dirigir la contienda sin exponerse al fuego enemigo. Fue así como Franco instaló en Salamanca, en octubre del 36, el “Cuartel General” de los sublevados, convirtiendo el palacio arzobispal en “residencia oficial” y la ciudad en capital de facto del bando golpista; dudoso honor que ostentaría hasta enero de 1938, cuando el Estado mayor fascista se trasladó a Burgos.

Poco antes, a finales de septiembre de 1936, la “Junta de Defensa Nacional” (sublevada) con el añadido de los militares Orgaz, Gil y Yuste y Kindelán decidieron concentrar en un mando único sus fuerzas, designando a Francisco Franco como “Generalísimo” de los tres ejércitos y Jefe de Gobierno. El acuerdo fue tomado en el aeródromo de San Fernando, una instalación militar creada ad hoc durante los primeros compases de la Guerra Civil, que recibía su nombre por estar ubicada en la Finca de San Fernando, propiedad de la poderosa familia ganadera Pérez-Tabernero y ubicada en el término municipal de Matilla de los Caños. Fue así como este discreto pueblo salmantino pasó a ser recordado como el lugar donde Franco consolidó su poder absoluto.

Desde entonces, la historia de Matilla de los Caños del Río ha quedado irremediablemente ligada a la figura del dictador. Una idea que las propias autoridades franquistas de la localidad quisieron ratificar nombrando, por acuerdo del pleno del ayuntamiento en 1965, a la mujer de Franco, Carmen Polo, como “Alcaldesa Honorífica” del municipio.

Matilla de los Caños del Río es sin duda parte de la historia de España, y aunque esta sea oscura no puede esconderse u olvidarse. La memoria democrática ofrece el marco adecuado para abordar y recordar estos hechos sin caer en maniqueísmos y mucho menos en exaltación de la dictadura. Urge, por decencia y necesidad, que el consistorio salmantino retire de manera inmediata los honores de los que aún goza la que fue mujer del dictador que asoló durante más de 40 años nuestro país. Una medida rápida y completamente gratuita a la que le obliga el actual marco legal. La insuficiente ley de 2007 es tajante al señalar que estos honores a autoridades y figuras destacadas del régimen deben ser retirados. Respecto al “Aeródromo de San Fernando”, en desuso desde el final de la guerra, me permito sugerir que su relevancia histórica le empuja a ocupar un lugar como un museo o centro donde no solo se cuente la designación de Franco como Generalísimo, sino donde recordar y rendir homenaje a los miles de represaliados por la sanguinaria dictadura que en parte tomo forma en Matilla de los Caños.

Tan solo en Salamanca, donde no se cavó una sola trinchera durante la guerra, fueron asesinadas más de 1.200 personas. Avanzar en memoria democrática es la única manera con la que Matilla y el conjunto del país pueden reconciliarse con su historia.

Néstor Prieto Amador

Línea de Memoria Democrática

Clínica Jurídica de Acción Social

Comunicaciones presentadas por estudiantes de Medio ambiente y consumo responsable en el Congreso ODS y Mujer

31/05/21, 20:09

El rostro de la mujer rural en  los ODS 

Noelia García Martín
Natalia Cayetana Milán Miguel
Carmen María Rodríguez Martín
Juan Alessandro Schirinzi Pareés
Nicole Jimena Arrosio
Carlos Gallardo Carrillo
Felipe Sánchez Bermejo

VENCIDXS: Una lucha que aún no ha acabado

20/05/21, 11:54

Tras la visualización, el pasado 14 de abril, del documental “Vencidxs”, que cuenta la historia de represión y sufrimiento de varias víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura, conseguimos extraer varias ideas con respecto al silencio que hay en España sobre el franquismo.

Reflexionando sobre el tema, nos dimos cuenta de que la represión es algo bastante desconocido; sigue siendo un tema tabú. En este país libre, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental, cuando hablamos del padecimiento del bando perdedor, mucha gente se sigue sintiendo incómoda y trata de evitar el tema. Esto se puede observar claramente cuando se plantean reformas en relación con la ley de secretos oficiales o a la de memoria histórica, pues los partidos conservadores (de extrema derecha o de centro derecha) tratan de evitar el tema y restarle importancia, argumentando que es algo pasado y hay cosas más importantes que atender.

Pero cuando examinamos el asunto detenidamente, no le damos a la historia viva el valor que se merece. A partir de estos problemas surgen otros muchos. Uno de ellos es la aproximación a la memoria democrática desde la educación, una cuestión que también nos preocupó tras la visualización del documental. Los españoles sabemos más sobre el régimen nacionalsocialista alemán o sobre la revolución francesa que de la historia reciente de nuestro país. Algo que sí hemos aprendido es que la historia la escribe el bando vencedor, y también que, cuando acabó la dictadura, ese bando seguía en la cúpula de la política española.

Por otro lado, del documental pudimos extraer la conclusión de que nunca se ha exigido responsabilidad a la Iglesia española por el apoyo incondicional al régimen franquista. Uno de los pilares fundamentales de la dictadura fue la religión y la Iglesia. Hoy en día, esta institución sigue estando presente en muchos actos públicos y privados, a pesar de que nuestra Constitución define al Estado como aconfesional.

En resumen, hemos comprendido que para conocer nuestra historia no basta simplemente con lo que se nos enseñó en las aulas, y que debemos informarnos para poder formarnos bien, para conocer nuestro pasado y aspirar a un futuro mejor; pues, como dijo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Hubo algunas frases que nos hicieron reflexionar y ponernos (o intentarlo) en la situación de estos supervivientes del régimen. Una de ellas fue la de un anciano con sombrero –que podría ser abuelo de cualquiera de nosotros–, antiguo combatiente republicano, que compartió con la cámara que en la guerra los corazones se endurecen y se hacen cosas que son impensables durante la paz. Cuando hoy él recuerda lo que hizo, no entiende cómo fue capaz de ello. Debe ser muy duro ver morir a tus amigos o peor aún tener que luchar salvar a tus familiares. Esto último nos lo cuenta otro protagonista, que luchó en el bando nacionalista para que su familia no fuera fusilada. Pero, de entre todas las anécdotas, nos conmocionó especialmente: uno de los protagonistas narró cómo tuvo que enterrar a compañeros vivos mientras le suplicaban que no lo hiciera. Un superior le ordenó enterrarlos, porque no podían luchar ni ocuparse de ellos.

La parte final del documental nos hizo darnos cuenta del papel tan fundamental que jugamos los jóvenes, pues somos nosotros quienes estamos llamados a continuar la lucha. Sin nuestros mayores, sin aquella generación, no seriamos nada. Ellos han sufrido durante muchos años, luchando y conquistando muchas de las libertades que disfrutamos hoy y reivindicando en la calle la ampliación de derechos que exigimos. Por tanto, somos nosotros quienes debemos seguir luchando y apostando por la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

Desde nuestro punto de vista, este documental es una obra que todos debemos ver, para aprender de los testimonios y evitar caer en la simplificación de aproximarse a los problemas de la memoria democrática desde los prejuicios y los clichés ideológicos. Por esa razón, nos gustaría recomendar los siguientes documentales que nos acercan más a la realidad vivida durante los últimos 90 años en España:

-        El silencio de otros (Lo pueden encontrar en la plataforma “Netflix”.

-        España, la memoria enterrada (nos muestra cómo trabajan los equipos de exhumación) (lo puedes encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eWHjO_YyBhQ )

-        Las sombras de la dictadura (programa realizado por la RTVC, https://www.youtube.com/watch?v=ByUaIjIcfyM )

 

Elisabet Sánchez Castañón

Luis Enrique Sánchez Morales

Línea de Memoria democrática

Clínica Jurídica de Acción Social

El riesgo suicida en los centros penitenciarios

20/05/21, 11:46

El ingreso en un centro penitenciario supone un cambio radical en la vida de una persona. Encontrarse aislado de la sociedad implica un fuerte impacto a nivel emocional y en el desarrollo de la personalidad del interno; cuyo proceso lleva a la pérdida de la identidad social que poseía anterior a su entrada. Ello se une a lo que pueda desencadenar su estancia en prisión, como el aislamiento social, la ruptura de relaciones familiares y sociales, los trastornos mentales o la aparición de enfermedades sobrevenidas y la dificultad de acceso a los servicios de salud, etc. son demasiadas situaciones estresantes que pueden aparecen en mayor o menor medida en la población en general, pero que se manifiestan con más fuerza en la población penitenciaria, convirtiéndolos en colectivo vulnerable al suicidio.

Aparece, además, una conexión entre la conducta suicida y la existencia de trastornos mentales. Por ejemplo, si analizamos los datos publicados por el Ministerio de Sanidad comprobamos que situaciones como la depresión, el abuso de sustancias, trastornos psicóticos, los de ansiedad y de personalidad, aparecen en el 90% de los casos de muertes consumadas por suicidio, estando estos factores presentes con frecuencia en la población carcelaria. Para confirmarlo podemos remitirnos a datos en los que se hace referencia a los suicidios en las prisiones que, según un estudio realizado en las cárceles de Cataluña, vemos que la incidencia del suicidio es 8 veces mayor que la registrada en la población general. Es, por tanto, el suicidio una de las principales causas de muerte en las prisiones.

El encarcelamiento, en definitiva, multiplica la probabilidad de cometer un acto suicida. La Administración Penitenciaria, encargada de dar una labor asistencial y de ayuda a los internos, tiene la obligación de elaborar programas de intervención que eviten o aminoren las conductas suicidas. Para conseguir una disminución de la tasa de suicidios, al igual que ocurre en el resto de la sociedad, es necesario incrementar los recursos destinados a la salud mental y, con ello, el número de personal especializado para poder identificar los factores de riesgo en los individuos, con el objetivo de detectar los casos necesarios de atención e incluirlos en los protocolos de prevención de suicidios, puesto que, como vemos, sigue siendo un tema tabú en la sociedad y todavía más, en los centros penitenciarios.

Por último, remarcar que el tema de la salud mental en los internos ha sido un tema principal en los debates y reuniones realizadas en la asignatura de Clínica Jurídica, dónde hemos hablado de la necesidad de minimizar los efectos que tenga para las personas su paso por prisión, reivindicamos la necesidad de aumentar los recursos humanos y, sobre todo, acerca de la importancia que tiene un buen estado mental para la reinserción y futura salida.

Marta Gil Santos

Línea de Intervención penitenciaria y Derechos humanos

Clínica Jurídica de Acción Social

La nueva encrucijada de los residuos plásticos y el SDDR como propuesta

10/05/21, 16:21

El aumento del consumo de elementos plásticos y el mercado de residuos aparejado al mismo han permitido prorrogar durante décadas una decisión complicada y de gran impacto económico, ¿Qué hacemos con los crecientes residuos?

Durante las últimas décadas, el desarrollo industrial de la Republica Popular China y su creciente demanda de productos derivados del petróleo (debido a que su tardío desarrollo como potencia económica le impidió acceder a las reservas de petróleo (paradigma que trata de suplir mediante acuerdos con los estados de Bolivia y Venezuela para la extracción de Petróleo y Litio)) para alimentar de materias primas sus fábricas, suplida mediante procesos de reaprovechamiento de los residuos generados por occidente (mayoritariamente la Unión Europea y Estados Unidos de América), acumulando hasta ahora más de la mitad de la demanda del mercado de residuos, alcanzando la cifra máxima de 45 millones anuales de toneladas de metal, plástico y papel usado.

En 2018 este paradigma cambió con la introducción por parte del Gobierno chino de medidas restrictivas a la compra de residuos provenientes de la importación, ya que el aumento de la población China, así como, el aumento del consumo interno, ha generado que los propios residuos producidos por el gigante asiático sirvan para alimentar su proceso industrial, ante esto Europa y Estados Unidos se encuentran ante una nueva problemática, la desaparición del comprador de la mayoría de los residuos generados en estos países genera a nivel interno un aumento de los problemas de gestión de los residuos urbanos y sólidos. Ante esta nueva dicotomía hay dos soluciones, o mantener el actual modelo hasta el agotamiento generando nuevos problemas de gestión de residuos, o la implantación de modelos que fomenten el consumo responsable de los mismos y la introducción de mecanismos como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que permitiría a los consumidores ser los beneficiarios directos de los beneficios generados mediante los procedimientos de reciclaje y por lo tanto aumentando la tasa del mismo.

Este sistema cuenta con numerosos detractores que han impedido durante años la implantación de este tipo de sistemas, En España nos encontramos como uno de sus principales objetores se trata de ECOEMBES, esta empresa privada compuesta por los mayores productores de plástico de nuestro país, ha sido durante años la beneficiaria de numerosos contratos públicos en gestión de residuos, y qué como bien relata el periodista Daniel Domínguez en su artículo “Los tentáculos de Ecoembes: el lobo que cuida de las ovejas”, siempre han impedido la implantación de los SDDR en nuestro estado, mediante acuerdos leoninos con entes locales y la financiación de campañas de comunicación públicas.

Ante esto es necesario la configuración de las administraciones públicas como vanguardia de la implantación de un nuevo modelo de reciclaje y reaprovechamiento de residuos en nuestro estado, debiendo ser la misma mediante la inversión en la gestión de los residuos mediante recursos públicos la que se configure dentro del nuevo paradigma de gestión de los residuos que se genera en el entorno post pandémico con la desaparición del mayor importador de los mismos y que permita mediante medidas de incentivo aumentar las tasas de reciclaje presentes en la sociedad española.

Juan A. Schirinzi Pareés

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

La feminización de la pobreza: un reto para la Agenda 2030

10/05/21, 7:53

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un documento firmado en 2015 por 193 países que supone el inicio de un compromiso para lograr un mundo más sostenible. A través de 17 objetivos y 169 metas, se persigue erradicar la pobreza, conseguir una sociedad más igualitaria e inclusiva y hacer un uso sostenible de los recursos.

Dos de los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad y que la Agenda incluye entre sus objetivos son lograr el fin de la pobreza y la igualdad de género (objetivos 1 y 5, respectivamente). Cuando combinamos estos dos factores hablamos de un fenómeno conocido como ‘feminización de la pobreza’, que el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo define como el “predominio creciente de las mujeres entre la población empobrecida”. Además, también se pueden incluir otras definiciones como “el crecimiento de la proporción de mujeres entre la población pobre”, “el sesgo de género de las causas de la pobreza” o la “mayor exposición de las mujeres a la violencia”. Existen, por lo tanto, un conjunto de fenómenos que constituyen factores de riesgo de la pobreza y que además afectan más a las mujeres. Algunas de estas cuestiones son un mayor déficit de alimentación, educación y atención sanitaria, dificultades de acceso al mercado de trabajo, mayor tiempo dedicado a tareas no remuneradas y mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnerabilidad.

Este hecho se ve claramente reflejado en cifras: según un estudio de ONU Mujeres, en 2014 se estimaba que, por cada 100 hombres en hogares pobres, había 155’3 mujeres. Por su parte, el diario digital Mujeres en Red afirma que de los 8 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza en España, la mayoría son mujeres. Por último, el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo declara que las mujeres constituyen más del 70% de las personas que viven en situación de pobreza a nivel mundial, cuyo total se estima en torno a 1.700 millones.

Comprobamos entonces que la feminización de la pobreza se erige como uno de los grandes retos a enfrentar para la Agenda 2030, puesto que conseguir la igualdad significa hacerlo a todos los niveles o, en palabras de la propia Agenda, “no dejar a nadie atrás”.

Natalia C. Milán Miguel

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el caso de un funcionario público con discapacidad

6/05/21, 8:35

Recientemente, un funcionario público, letrado de la Administración de justicia, solicitó la jubilación por incapacidad permanente, debido al trato recibido por parte de la Administración. Dicha solicitud, que le fue denegada, llevó a la Administración a incoar un procedimiento disciplinario, alegando un “incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. El funcionario, que padecía Asperger, recurrió la decisión administrativa ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº6, que falló dándole la razón en parte. El apelante, disconforme con el resultado, apeló a la Audiencia Nacional, que rechazo su pretensión al no encontrar lesión alguna en sus derechos fundamentales, negando asimismo la existencia de una situación de discriminación por razón de discapacidad. El funcionario apeló entonces al Tribunal Supremo, interponiendo finalmente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual fue admitido, según reza en la sentencia, porque “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este Tribunal”.

Los derechos que el demandante entiende que se han visto vulnerados son el derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación, reconocidos en el artículo 14, y los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, ambos regulados en el artículo 24.2.

El Tribunal Constitucional resolvió que se habían conculcado dichos derechos y obligó a la Administración a reintegrarle en su puesto de trabajo, así como a adoptar las medidas que resultasen oportunas y necesarias para que pueda desempeñar su labor en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

Esta sentencia es de gran relevancia para nuestro país, puesto que ha sentado jurisprudencia en relación con cómo debe interpretarse la igualdad de condiciones en el ámbito laboral, especialmente cuando se hayan involucradas personas con algún tipo de discapacidad no física, lo que exigirá arbitrar los apoyos necesarios en su puesto de trabajo.

Asociaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad como CERMI o la Confederación Asperger España han mostrado su satisfacción con esta sentencia.

Garoa Galicia Elexpe

Sara Teresa Araújo Cortegoso

Línea Discapacidad y Dependencia

Clínica Jurídica de Acción Social

 

 

Especies en peligro por la crisis climática

4/05/21, 20:20

Todos los lugares del mundo están expuestos a las consecuencias que genera el cambio climático. Entre sus efectos hallamos los desastres naturales, la degradación ambiental, la subida de las temperaturas, las condiciones meteorológicas, y los conflictos armados. Debido a todas estas catástrofes, se producen muchos problemas como la fusión de los polos, la subida del nivel del mar, el fuego en los bosques o la extinción peligrosa de los animales, que esta última consecuencia será de la que hablaremos. Me parece una materia que muchos desconocemos, y no tenemos la suficiente información del peligro que supone el avance de la crisis climática en los animales.

Es interesante saber que la crisis climática, aumenta las temperaturas, afecta al envejecimiento de los animales, principalmente porque les costaría controlar su temperatura corporal, ocurre en peces, reptiles, insectos y muchos más. Además, se ocasionaría una disminución de la reproducción en los animales dando lugar a la posible desaparición de especies.

Según los datos del IUCN (2021), se señala que más de 37,400 especies se encuentran en peligro de extinción, entre ellas el 41% de anfibios, el 36% de tiburones, el 34% de coníferas, el 33% de arrecifes de coral, el 28% de crustáceos, el 26% de mamíferos como el lince ibérico, el murciélago patudo, la foca monje, el oso pardo y la ballena vasca, y el 14% de aves.

Las especies tienen pocas opciones de sobrevivir si continúan subiendo las temperaturas, aparece la alternativa de desplazarse a otro hábitat, o la total desaparición del animal por no soportar el calor. El ejemplo más conocido por todos es el desplazamiento de las cigüeñas, como las que vemos en nuestro país que solían emigrar a los países cálidos como África en el período invernal. Sin embargo, cada vez menos se desplazan a esos lugares. Otros animales no logran adaptarse, ni desplazarse y tienden a desaparecer como en España ocurre con el urogallo o el torillo andaluz.

Los osos polares son una especie que cada vez se encuentra más perjudicada por el derretimiento de los glaciares, esto da lugar a la búsqueda de un nuevo hábitat que sea beneficioso para ellos.

Me parece curiosa la nueva especie de oso que ha surgido derivado por la emergencia climática, denominado oso grolar siendo un oso híbrido. Esto sucedió por la migración de los osos polares hacía el sur y que se mezclaron los osos grizzlyz, que son una especie de osos pardos, y su reproducción supuso la aparición del oso grolar. Hoy en día, los osos grolares o híbridos viven libres y cada vez hay más, la subida de esta especie coincide con la disminución de osos polares en el polo norte.

Viendo lo que afecta en gran medida a las especies de nuestro planeta y a nosotros la crisis climática, tenemos que hacerle frente con nuestras acciones para mejorar la situación tan extrema a la que nos estamos acercando. Para ayudar a darle la vuelta no solo haría falta que disminuyamos las emisiones de gases invernadero, sino que haciendo simples acciones como coger menos el coche, plantar árboles, movernos en transporte público, separar la basura, ahorrar luz, y reciclar lo que podamos, ayudaría notablemente al medio ambiente y a las especies.

Noelia García Martín

Grado en Ciencias Políticas y Administración Pública

Línea de Medio Ambiente y Consumo Responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

España aprueba la primera Ley de cambio climático y transición energética

3/05/21, 9:28

El Congreso ha aprobado, el jueves 8 de abril, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética a falta de su último trámite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.

Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo:

2030, cuando España deberá reducir un 23 % las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990, este 23% se revisará al alzar periódicamente. Con esta inclusión se recoge una de las solicitudes de los grupos ecologistas. Para 2030 también se pretende alcanzar una producción de electricidad renovable de, al menos, el 74%, considerablemente por encima del 43% actual.

También se establece una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% y una eficiencia energética de al menos el 39,5%.

2050, año para alcanzar la neutralidad climática. El objetivo es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas, salvo los matriculados como vehículos históricos, ya sean totalmente eléctricos o con tecnologías alternativas a los coches de combustión.

Para conseguirlo, la Ley establece la prohibición en 2040 de la venta de vehículos que emitan CO₂, no destinados a usos comerciales. Para favorecer la movilidad sostenible, la Ley impulsará la financiación del transporte público, marcará objetivos del ferrocarril en distancias superiores a los 300 kilómetros y obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida para favorecer la expansión del vehículo eléctrico

Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. Una de las novedades en la tramitación del Congreso es el veto a la minería radiactiva, tras la polémica por un proyecto de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca). Obligará a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares tengan una zona de bajas emisiones en 2023 e impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables, impulsando las centrales hidroeléctricas reversibles, los sistemas de abastecimiento urbanos y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, con una futura Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en las comunidades de propietarios.

Una vez trasladado el proyecto de ley al Senado para su ratificación, el pleno del Senado ha dado el 26 de abril luz verde a dicho proyecto antes de volver al Congreso para su ratificación definitiva y su posterior entrada en vigor.

Este proyecto de ley a creado, no pocas, controversias a la hora de llevar a cabo las votaciones y los vetos por algún partido político.

Entre las posturas a favor, se ha señalado la necesidad de esta norma para apostar por las energías renovables, impulsar desplazamientos alternativos a los más contaminantes, como facilitar el acceso de ayudas y tramites para acelerar todo el sistema logístico de las recargas de los vehículos eléctricos.

Los detractores justifican sus críticas por la tramitación en vía de urgencia y la incertidumbre de algunos de sus artículos, en especial en lo referente a las concesiones de la ley de costas. Al igual que este proyecto de ley pretende transformar el modo de vida de los españoles sin atender a la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. (EFEVERDE.COM)

Felipe Sánchez Bermejo

Línea de Medio ambiente y consumo responsable

Clínica Jurídica de Acción Social

Discapacidad y proceso penal: en favor de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice el acceso a la justicia para todos

28/04/21, 10:57

Ante el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, CERMI y Plena Inclusión, en representación de más de novecientas asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, han formulado distintas reivindicaciones al Ministerio de Justicia para asegurar que el Texto cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En especial, estas asociaciones, tomando pie en los derechos reconocidos en los artículos 12 (igual reconocimiento como ante la ley), 13 (acceso a la justicia) y 14 (libertad y seguridad) de la Ley, han urgido a que, en consonancia con la Convención, se reconozca capacidad procesal a todas las personas con discapacidad, así como los apoyos necesarios con el fin de que puedan accionar por sí mismos ante el sistema penal.

Actualmente son muchas las barreras existentes en el sistema penal a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Patricia Cuenca denuncia en este sentido la falta de información clara y accesible a propósito de los derechos procesales y, en general, en relación con el funcionamiento del sistema penal, además de poner de manifiesto la ausencia de coordinación entre las instituciones y la falta de recursos materiales y humanos. El déficit de formación de los operadores jurídicos y la presencia de actitudes discriminatorias o de prejuicios implican también un ataque al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de estas personas.

Del mismo modo que, en sintonía con el espíritu de la Convención, se han introducido importantes reformas en otros ámbitos del Derecho (como el civil o el electoral), el proceso penal debe ser revisado con el fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que el resto, articulando, llegado el caso, un sistema de apoyos complementario.

Para no incurrir en actitudes paternalistas injustificadas, -las propias características del proceso penal (fundado en el principio acusatorio y en el de carga de la prueba) podrían inducir a ello-, el juez Daniel González Uriel apunta una serie de cambios necesarios que deberían operar en la estructura y la organización del proceso. A saber, respecto de la víctima, limitar el número de declaraciones para evitar el cansancio y el estrés que pueden llegar a producir, recurrir a las denominadas pruebas preconstituidas, o bien modificar su realización (por ejemplo, cuando tengan lugar ruedas de reconocimiento, utilizar fotografías en lugar de personas). También, flexibilizar los descansos en las declaraciones y contar con la presencia de profesionales que aseguren la comodidad del declarante; finalmente, adaptar los formularios de denuncia y de otros documentos como comunicaciones y notificaciones a lectura fácil u otros sistemas alternativos o aumentativos de comunicación.

Emma Rodríguez Medina

Línea de Discapacidad y Dependencia

Clínica Jurídica de Acción Social