Recuerdo hace un par de años que, en los días previos a las elecciones generales, bromeaba entre socialistas con mi deseo de que el Partido Popular ganara las elecciones. Aducía, claro está, que ello era lo mejor que le podía pasar al Partido Socialista. En esos días previos, a pesar del párpado infectado de Solbes, todos pudimos ver lo que después vino.
En el laberinto de la crisis económica, el Gobierno buscó en vano la salida social: el minotauro del mercado estaba hambriento. El poder económico no iba a permitir un nuevo contrato del bienestar, porque tras la caída del Muro de Berlín había desaparecido cualquier ápice de igualdad entre las partes. El trabajo tendría que adherirse a las condiciones generales abusivas que unilateralmente fijaba el capital.
El Gobierno socialista cedió al chantaje, y puede que lo hiciera como un ejercicio de responsabilidad. Los recortes sociales y la regresión en los derechos de los trabajadores eran el precio a pagar para seguir gobernando so pena de provocar un descalabro mayor de la situación económica. Aunque parezca insólito, la dimisión era la única respuesta honesta ante las fuertes presiones de lobbies de especuladores, gobiernos e instituciones internacionales, tal y como reflejó recientemente un excelente artículo de Almudena Grandes. Pero, lejos de asumir su debilidad, Zapatero prefirió hacer suyo el discurso que le habían impuesto: el tijeretazo se hacía en beneficio de la ciudadanía. En definitiva, la socialdemocracia se inmolaba y el PSOE se encomendaba al doblepensar. Desde un punto de vista simbólico, era palpable que la izquierda -la izquierda con opciones de gobernar- había renunciado a transformar la sociedad, siquiera a representarla.
«Pasé la noche esperando al índice Nikkei», contestaba Zapatero a El País. Que esta frase pase desapercibida, que semejante confesión carezca de repercusión alguna, es la mejor prueba de la normalidad y resignación con que se ha aceptado el golpismo económico. «Vivimos en una dictadura», afirmó recientemente Iñaki Gabilondo. El diagnóstico no es nuevo, pero sí su creciente arraigo.
Cierto es que la socialdemocracia llevaba años coqueteando con el neoliberalismo. El margen de maniobra de las políticas económicas de izquierdas es mayor. Pero no en pocas ocasiones, a lo largo de los últimos dos siglos, la izquierda con respaldo electoral se ha visto compelida a materializar postulados derechistas. La democracia tiene unos límites, y en este mismo contexto deben interpretarse los golpes, en este caso bajo la apariencia político-militar, contra la Segunda República española, la Chile de Allende o más recientemente el caso hondureño.
Que a nadie extrañe que la Huelga General del 29 de septiembre no suela relacionarse con Zapatero. Sin eximir su responsabilidad, lo que está en juego trasciende a la figura de un presidente. El conflicto capital-trabajo es hoy el conflicto capitalismo-democracia.
Hace un par de años hubo quien predijo el fin del capitalismo o, al menos, de una de sus versiones más radicales. Numerosos analistas de izquierdas se felicitaban por la inminente refundación del capitalismo. Sin embargo, el tiempo les ha quitado la razón. La reacción de los poderes económicos a través de sus instituciones supranacionales y los grandes medios de comunicación ha revitalizado las políticas económicas de derechas: regresividad fiscal, reducción del gasto público, recortes sociales y precarización de las condiciones de trabajo. ¿Había motivos para predecir lo contrario? Parece que no. La desigualdad de fuerzas entre el capital y el trabajo permite paliar cualquier síntoma de fracaso del sistema. Y la izquierda, ¿qué hace? De entrada, se empeña en combatir en vano el neoliberalismo. A mi juicio, no se ha comprendido la lección práctica más importante de estos últimos años, predicha siglos atrás. La derecha, los mercados, los neoliberales, los neoconservadores, o como se quiera llamar a ese conjunto de actores que detentan el poder real, no es fiel a la ideología neoliberal, por más que esa ideología pretenda ser el reflejo de unos determinados intereses económicos. Podemos perder el tiempo criticando la desregulación de la economía mientras se nacionalizan, literalmente, las millonarias pérdidas de esos agentes privados.
Dice el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que sobran estudiantes universitarios. Un diagnóstico que llega en plena implementación del Proceso de Bolonia, cuyos mejores críticos denuncian, entre otras cosas, precisamente la elitización de la universidad. Lograr una adecuación entre la formación libremente elegida y la posterior ocupación laboral parece un objetivo deseable. Primero, para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Segundo, para maximizar la eficiencia de los sistemas educativo y productivo.
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