Escribir o hablar sobre economía, como de cualquier otro tema complejo del que uno no sabe, puede dar, como diría el Marqués Del Bosque, un poco de corte. Pero la democracia incluye, en mi opinión, el derecho a equivocarse, que sin embargo suele ser ejercitado en mayor medida por los economistas profesionales. A propósito de las continuas noticias que en la actualidad aluden a la deuda pública quisiera hacer algunas reflexiones.
Con frecuencia, el debate entre los partidarios de la socialdemocracia y los neoliberales se ubica en la conveniencia o no del equilibrio en las cuentas públicas. Simplificando, según los keynesianos, en situaciones de recesión, el Estado debe endeudarse para reactivar la economía. Por el contrario, los neoliberales ensalzan el equilibrio presupuestario en su afán por contener la inflación y minimizar el intervencionismo del Estado. Aun con matices, esta distinción ideológica se puso de manifiesto cuando Zapatero llegó al poder al fijarse la fórmula del presupuesto cíclico: frente al “déficit cero” que caracterizó la doctrina Rato, con Solbes se introdujo una mayor flexibilidad, es decir, superávit cuando las cosas fueron bien, y déficit cuando vinieron las vacas flacas.
Lo que pongo en cuestión es el dogmatismo de la izquierda a la hora de justificar el déficit fiscal. ¿Por qué los progresistas gastan sus energías en defender el endeudamiento del sector público? A mi modo de ver, una de las conclusiones que debemos obtener de esta crisis económica es que los comportamientos consistentes en gastar más de lo que se tiene no conducen a nada bueno, y no entiendo por qué hemos de eximir al Estado de esta observación. La clave de una política fiscal progresista estriba en la presión (y en la progresividad) fiscal, y no en el desequilibrio presupuestario. No se trata de gastar más de lo ingresado, sino de tener lo suficiente para gastar lo necesario.
Lo sé. La deuda pública española no es especialmente grande en relación con otros países, convendría hacer una auditoría para analizar con profundidad el origen de la deuda, y buena parte de nuestro endeudamiento se debe a la jugada maestra del capital: socializamos las pérdidas de los culpables de la crisis. Pero, aun así, si no tuviéramos deuda pública, evitaríamos una vía por la que los mercados, los especuladores u otros Gobiernos nos chantajean con su presión: “o haces lo que digo, o provoco tu bancarrota, te rescato y entonces harás lo que digo”.
Son muchos los diagnósticos que, con razón, responsabilizan de la crisis económica a las políticas neoliberales y la codicia de la banca, pero no he hallado muchas soluciones, más allá de programas de máximos como la nacionalización de la banca, para evitar el chantaje de los mercados, a salvo de la saludable pero inconcreta propuesta de que compremos nuestra propia deuda pública. Y mientras se refunda el capitalismo y se establece un Gobierno europeo y global de la economía, esta cuestión debería ser prioritaria en el ámbito político progresista.
En definitiva, en la discusión de la política fiscal, los progresistas se obcecan en mirar el dedo del déficit y obvian la luna de la presión fiscal, que en los últimos lustros ha disminuido de forma grave e incesante.
El desenvolvimiento de la crisis económica ha tenido un efecto determinante en las actitudes políticas de los ciudadanos más ingenuos: la política no depende de los políticos. Se trata de una premisa escasamente innovadora, central en la teoría marxista y enfatizada en los últimos años por el movimiento antiglobalización.
Hace casi un lustro, el escritor Luis Goytisolo publicó en el diario 
Se veía venir. Zapatero ha anunciado un nuevo plan de ajuste, o mejor dicho, de ajusticiamiento del Estado social: bajada de impuestos, privatizaciones, reducción de prestaciones, etc. Las medidas son la respuesta sumisa a los ataques de los especuladores contra la solvencia de la economía española, y cuentan con el plácet del nuevo supremo órgano consultivo: el G-37. Es claro que los mercados siguen detentando la soberanía.
La realidad tiene prisa. La inmensa mayoría de las noticias pasan desapercibidas incluso para los más adictos a la información. Periodistas, políticos, tertulianos, blogueros…, todos los operadores del gran teatro de la información enjuician las ocurrencias de sus homólogos sin demasiada reflexión, condicionados por sus prejuicios personales, sociales e ideológicos y los intereses creados. La actualidad se mira, a lo sumo, de reojo, pues no hay tiempo para ver más allá de lo aparente.
Artículo 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas”.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2006) 208 final]: “Las universidades deberían asumir una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo”.
El programa Erasmus, que consiste en otorgar becas para estudiar en universidades de otros países de la Unión Europea, es considerado una de las piezas claves de la construcción cultural europea. En España, además, sirve como solución al déficit de aprendizaje de idiomas, problema indeseable, sin duda, pero a veces dramatizado en exceso por una suerte de complejo histórico que roza la paletada. El discurso oficial ha sacralizado las ventajas de dicho programa, pero quienes conocen la realidad saben que estas becas constituyen un foco de inequidad y una vía para aprobar sin esfuerzo. Mutatis mutandi, los funcionarios ya tienen su propio programa Erasmus, si bien todavía se halla en estado embrionario. Mucho suele hablarse, también, de la vergüenza nacional que supone que ningún presidente de la restaurada democracia sepa hablar inglés. Resulta cuanto menos llamativo que el catalán, el gallego y el euskera representen una afrenta inadmisible al castellano y a la libertad de los españoles dentro de nuestras fronteras, y que al cruzarlas sólo quepa arrodillarse ante la indiscutible lengua superior. Pero, como no oso eludir esta grave carencia de nuestra clase política, propongo una medida constructiva: un programa Erasmus para presidentes. Zapatero podría ir a Francia, allí no le sería difícil zafarse de las críticas contra la expulsión de gitanos. Merkel le sustituiría como penitencia por sus ataques a la solvencia de la economía española. En Alemania, sugiero a Berlusconi, para ver cómo reaccionan sus ciudadanos ante el fascismo en el siglo XXI, toda vez que Italia ha superado la prueba. En cuanto a la política económica no habría mayores problemas, puesto que el lenguaje es universal, unificado por la Real Academia de los Mercados, con sede en Bruselas. Recientemente leí que aprender idiomas es un remedio preventivo del alzheimer. Quizás así nuestros líderes no olviden aquello de la salida social a la crisis, ni el viejo recuerdo del Estado de bienestar.
Históricamente, el conflicto entre capital y trabajo ha sido soslayado por el discurso nacionalista. En la reciente crisis económica, los poderes fácticos han intentado distraer la atención señalando a funcionarios, sindicalistas o gitanos. Un nueva línea de manipulación sugerida por esos poderes (sus altavoces, los medios de comunicación, y su rehén, el Gobierno, afectado por el Síndrome de Estocolmo) consiste en convertir la cuestión social en un conflicto intergeneracional. Así, la reforma laboral se haría para crear empleo juvenil, y la oposición a aquélla derivaría de clases acomodadas que ven peligrar sus puestos de trabajo frente a una generación de jóvenes más preparados. La inminente reforma de las pensiones tendría como objeto salvaguardar la protección social para los trabajadores más jóvenes. Se acusa a los sindicatos y trabajadores de no tener altura de miras, de mantener un discurso egoísta por cortoplacista.
Recuerdo hace un par de años que, en los días previos a las elecciones generales, bromeaba entre socialistas con mi deseo de que el Partido Popular ganara las elecciones. Aducía, claro está, que ello era lo mejor que le podía pasar al Partido Socialista. En esos días previos, a pesar del párpado infectado de Solbes, todos pudimos ver lo que después vino.
La indignación no se ha hecho esperar, aunque todavía no ha florecido una gran movilización de los afectados. Sí, indignación, pero también resignación. ¡Tanto sacrificio para que unos pocos desalmados jueguen con el tiempo y el dinero de los ciudadanos! No es una situación nueva, porque este personal ha venido abusando desde hace décadas de su posición de privilegio. Es indudable que los controladores no son un colectivo tan cualificado como para tener semejantes ingresos; pero ni la más alta capacitación podría justificar esas cantidades astronómicas. Y, para colmo, ahora, con estas vacas, se aprovechan para aumentar sus beneficios.
Un año más, Madrid ha celebrado la manifestación, para unos, o desfile, para otros, del Orgullo Gay. Se trata de una reivindicación necesaria, también en nuestro país, porque no en pocas ocasiones el legislador se adelanta a la sociedad: aún queda lejos el idílico momento de la normalización de la diferencia y la efectiva igualdad.
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