En su sentido recto, la igualdad ante la ley significa el derecho a participar en la elaboración de las leyes por las que uno se rige, de una constitución que garantice los derechos democráticos a todos los sectores de la población del derecho a acudir ante un tribunal para pedir protección o reparación en caso de violación de los derechos garantizados en la constitución y del derecho a participar en la administración de justicia como jueces, magistrados, fiscales, jurisconsultos y otros cargos análogos.
Cuando no existen estas salvaguardias, la expresión «igualdad ante la ley», en cuanto que se trate de aplicarla a nosotros, carece de sentido y es engañosa. Todos los derechos y prerrogativas a los que me he referido son monopolizados por los blancos y nosotros no gozamos de ninguno de ellos…
No me considero ni moral ni jurídicamente obligado a obedecer leyes hechas por un parlamento en el que no estoy representado.
Que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad del gobierno es un principio universalmente reconocido como sagrado en todo el mundo civilizado y constituye el fundamento básico de la liberad y la justicia. Es comprensible que los ciudadanos que tienen derecho al voto y el derecho a la representación directa en los órganos de gobierno del país estén obligados moral y legalmente a cumplir las leyes que rigen el país.
