El Sistema Nacional de Salud pone barreras a las inmigrantes que no tienen concedida la residencia legal en España a la hora de acceder la interrupción voluntaria del embarazo, servicio que es libre y público en nuestro país hasta la semana 14 y en algunos casos hasta la semana 22 por causas médicas.

Debido a esta situación dos ONGs han denunciado estos casos al defensor del pueblo, ya que entre el 2018 y el 2019 se han detectado 6 casos de mujeres, de las cuales 5 habían sido víctimas de trata y que gracias a la ayuda de estas ONGs habían conseguido interrumpir su embarazo.

Por esto, le piden a Fernández Marugán que haga un estudio en la Comunidad de Madrid para controlar cuántas mujeres acceden a este recurso y para conocer qué profesionales del gremio de la medicina las atienden,  que nacionalidad tienen, así como la frecuencia con la que asisten a las consultas médicas y, por último, si son víctimas de trata.

https://elpais.com/sociedad/2019/04/10/actualidad/1554922190_234798.html