Público (30/03/2019). [Noticia seleccionada y comentada por Paula Fernández García; Grado en Sociología]
Al pensar en la inmigración española y su acceso al mercado de trabajo puede verse de forma bastante clara la distribución de los empleos que son ocupados por parte de este sector poblacional en términos mayoritarios. La concentración de migrantes en sectores que no gozan de buenas condiciones laborales en cuanto a las horas dedicadas, su traducción económica y la seguridad aportada es un mecanismo que se repite fácilmente en la estructura de una sociedad y que se ve amparado por diversos factores. La vulnerabilidad de las personas que llegan a un país extranjero y necesitan sustento para estabilizarse, la falta de acceso a redes sólidas y diversas de apoyo, la diferencia entre el entorno en el que se han preparado y en el que buscan empleo, junto con los segmentos de la oferta de trabajo que se bastan de cualquier situación posible para poder cubrirse sin aportar beneficios sustanciales a sus demandantes derivan en un desequilibrio que se retroalimenta a través del ideario más extendido en el que, o bien se percibe cierta xenofobia en la escala de valoración que se emplea hacia los inmigrantes y sus capacidades, o se entiende que dada su situación su fuerza de trabajo y sacrificio es mayor que la media esperada de alguien que no se ha trasladado. La discriminación resultante que sufren las personas inmigrantes en un nuevo territorio se complica cuando, como en el caso que nos concierne, es conjugada con otras esferas de desigualdad como el género, y permitida o incluso perpetuada a nivel institucional. Situándonos ante una legislación que presenta el empleo doméstico como un ámbito excepcional al resto de sectores, y por tanto lo exime de seguir las condiciones de seguridad y claridad exigidas para los trabajadores, y siendo el ámbito doméstico un espacio privado en el que no pueden llevarse a cabo medidas de inspección, la administración pública niega el amparo a las trabajadoras de este sector, legitimando su precariedad y fragilizando su situación. Para frenar una desigualdad en la que se combinan factores personales, como el género y el lugar de procedencia, siendo el 89% de las empleadas del hogar mujeres extranjeras, y tratar sus causas y consecuencias a niveles tanto objetivamente cuantificables como más subjetivos, es necesario que comencemos con una legislación e institucionalización que frene y deje de permitir las irregularidades a las que se enfrenta este sector, siendo para ellas un recurso al que acudir, y para el mercado de trabajo un patrón inviolable de derechos a proporcionar.
Recursos:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/14/1620/con
https://www.moncloa.com/empleadas-hogar-trabajo-sumergido/amp/
