El País 15/03/2020. [Noticia seleccionada y comentada por: Lidia Bonilla. Grado en Sociología]
La crisis desatada a raíz de la rápida expansión del COVID-19 en nuestro país está teniendo unas claras repercusiones sobre la población española que sin duda son preocupantes. Pero aun teniendo en cuenta que todos los ciudadanos nos estamos viendo afectados de algún modo por esta situación, es importante tener en cuenta que hay colectivos concretos, que precisamente son los más vulnerables ya de por sí, que se están viendo más expuestos a las consecuencias de esta pandemia. Un ejemplo de ello son las personas que viven en la calle, pues lógicamente tienen muchas más dificultades para seguir las indicaciones de las autoridades en lo que se refiere a aislamiento e higiene.
Otro colectivo que también se está viendo especialmente afectado por la situación, aunque quizá de forma más indirecta, es el de los inmigrantes que necesitan tramitar su regularización en el país, ya que dependen de gestiones administrativas presenciales que ahora mismo, dado el estado de alarma, no pueden realizarse. Por lo tanto, miles de personas que se encontraban ya antes en un estado de vulnerabilidad están viendo agravada su situación, ya que el hecho de no contar con la documentación legal necesaria y actualizada enfrenta a estos inmigrantes a riesgos difícilmente asumibles en una época de crisis como la actual, como por ejemplo la suspensión de la cuenta bancaria o la imposibilidad de alquilar un piso. Esto provoca por lo tanto que muchos de ellos se vean obligados a permanecer en la clandestinidad y/o en condiciones muy precarias, algo que resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que es muy probable que el estado de alarma se prolongue por mucho más tiempo.
Aunque esto es algo que se lleva denunciando desde hace tiempo desde diversos sectores, la actual crisis está poniendo aún más de manifiesto que el protocolo al que deben hacer frente los inmigrantes para regularizar su estancia en España está demasiado burocratizado, y cuenta con múltiples carencias, por lo que los expone a situaciones de gran incertidumbre y desprotección a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para obtener sus papeles. Por lo tanto, a pesar de que el actual Gobierno estaba ya estudiando cómo mejorar la eficacia del sistema de las oficinas de extranjería, la situación actual está demostrando que ese tipo de cambios son especialmente urgentes para proteger a los inmigrantes que residen en nuestro país, y que los problemas deben solucionarse cuanto antes.
