España se sitúa entre los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea, con un 29,2% frente al 19,3% de media europea, lo cual supone que en España 2.327.000 menores viven en hogares pobres. Lo mismo sucede con el riesgo de pobreza o de exclusión social, pues este riesgo para los menores de 18 en España es del 34,6%, frente al 24,2% del promedio europeo. En ambos casos, España se sitúa en una posición muy preocupante, pues nuestro país se encuentra en un escalón medio-alto en términos de renta per cápita dentro del espacio europeo y los elevados valores de la tasa de pobreza infantil se vienen manteniendo desde la salida de la crisis financiera.
Por otra parte, existe una marcada brecha generacional: la diferencia entre la incidencia del riesgo de pobreza o exclusión social en menores supera los diez puntos porcentuales a los adultos, una de las más elevadas del conjunto europeo. Esta desproporción pone en evidencia que las políticas familiares y de infancia no están alcanzando a quienes más lo necesitan, en particular las familias monoparentales, o no están diseñadas con suficiente enfoque redistributivo.
En efecto, a pesar de disponer de recursos comparables a los de otros países, la configuración institucional de las prestaciones sociales dirigidas a la infancia, la escasa cuantía de los recursos específicamente destinados a la infancia y la falta de universalidad reducen notablemente su efectividad. Frente a modelos más robustos y generalizados como los de Francia, Alemania o los países escandinavos, España se sitúa en una posición intermedia que no consigue romper la mala evolución de la pobreza infantil. Así pues, el sistema de impuestos y transferencias en España reduce la pobreza infantil en apenas 1–2 puntos porcentuales, cuando en los países europeos de referencia el impacto es de 4 y 8 puntos.
Otro factor que explica la diferencia española respecto al promedio europeo es el déficit estructural de vivienda social y de alquiler asequible. Mientras que en países del norte y centro de Europa entre un 15 % y un 25 % de los hogares pueden acceder a vivienda protegida o subvencionada, en España la cobertura apenas alcanza al 2 %. Esta carencia expone a los hogares con menores a un esfuerzo residencial desproporcionado que erosiona su renta disponible y amplifica el riesgo de pobreza. La debilidad de la política de vivienda social constituye, por tanto, un elemento central en la explicación de la vulnerabilidad infantil.
Como era de esperar, el análisis pone de manifiesto el nivel educativo de los padres como factor relevante. Sin embargo, un nivel educativo más alto de los progenitores no ofrece en el caso español una protección tan eficaz como en otros países europeos: la tasa de pobreza infantil entre hijos de padres con educación terciaria alcanza el 18,9 %, frente a una media de la UE del 11 %. Esta cifra apunta a una rigidez en los mecanismos de movilidad social ascendente y a la existencia de barreras que no se neutralizan únicamente mediante la acumulación de capital humano.
Finalmente, el mercado de trabajo español actúa como un factor estructural de riesgo. Los hogares donde ningún adulto trabajo padecen un incremento de hasta 34 puntos porcentuales en la probabilidad de pobreza infantil. También se encuentra que mejoras relativamente reducidas en los ingresos laborales del hogar pueden tener un efecto acumulativo muy importante en la reducción del riesgo de pobreza infantil. Por tanto, no es solo una cuestión de que los hogares pobres con niños carezcan de empleo sino también de los ingresos que pueden generar esos empleos. De hecho, la elevada incidencia de contratos temporales, de la parcialidad involuntaria y de salarios bajos es un factor relevante de pobreza infantil en España, lo que confirma la necesidad de políticas activas de empleo más focalizadas y de medidas que refuercen la estabilidad y la calidad del trabajo de los progenitores.
Implicaciones de política
La pobreza infantil no es únicamente una anomalía social, sino un fallo moral y político. También representa un lastre para la economía: el crecimiento no es sostenible si un cuarto de los niños vive por debajo de los mínimos materiales y simbólicos de bienestar. Más aún, la pobreza infantil es el inicio del ciclo de pobreza y exclusión futuras.
Romper este ciclo requiere repensar el conjunto de políticas públicas orientadas a la infancia. No basta con invertir más: es necesario invertir mejor. Se requiere un enfoque integral que combine mejoras en el sistema educativo, incentivos al empleo estable y digno para padres y madres, ampliación de las prestaciones por hijo a cargo y fortalecimiento de las políticas de vivienda.
En primer lugar, y de manera especial, hay que focalizar las acciones en los hogares sin empleo, ya sea mediante políticas de activación, incentivos al empleo parcial o combinaciones de empleo y transferencias. Tanto para reducir el número de estos hogares sin empleo como para mejorar los empleos de los progenitores, las políticas activas de mercado de trabajo son una opción lógica, aunque deberían entenderse en el contexto de los problemas sociales que se suelen sumar en estos hogares. Al mismo tiempo, es crucial fortalecer la conciliación familiar mediante servicios de cuidado infantil universales y horarios escolares compatibles con la jornada laboral.
En segundo lugar, un replanteamiento del diseño de las medidas de apoyo a los ingresos para los hogares pobres con menores parece necesario. La experiencia del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) es prometedora en este sentido, pero apenas ha alcanzado a los potenciales beneficiarios y está lejos de cubrir los múltiples costes asociados a la crianza. Hay que destacar que las prestaciones monetarias por hijo, y no las desgravaciones fiscales, son los principales motores de la redistribución de ingresos hacia los hogares con hijos. El apoyo fiscal basado en impuestos tiene un impacto redistributivo limitado a menos que se diseñe con mecanismos reembolsables que lleguen eficazmente a las familias de bajos ingresos.
El IMV se constituyó durante la pandemia como una promesa del desarrollo de un sistema de garantía de ingresos cubriendo de manera uniforme a toda España. Aunque ha habido cambios recientes que mejoran su diseño, siguen existiendo problemas de acceso para llegar a sus beneficiarios previstos y de falta de coordinación con las comunidades autónomas. Esto último resulta crucial para los hogares pobres con menores, pues las diferentes experiencias autonómicas de las rentas mínimas pueden ser muy útiles para entender qué intervenciones pueden ser más eficaces para facilitar la entrada al mercado de trabajo y conseguir empleos más estables con mejores ingresos.
En tercer lugar, la vivienda es otro pilar imprescindible. Revertir esta situación exige un plan ambicioso y sostenido en el tiempo que combine la construcción de nuevo parque de vivienda asequible, la rehabilitación de viviendas vacías, la cesión de suelo público y fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta. Además, los hogares con menores deberían figurar como colectivo prioritario en los criterios de adjudicación, de modo que se garantice la estabilidad residencial como condición básica del bienestar infantil.
Finalmente, los hogares monoparentales (habitualmente encabezados por mujeres) merecen acciones específicas que atiendan la conciliación familiar y laboral, pues sin ella será muy difícil la participación de estas mujeres en el mercado de trabajo, en especial cuando los niños son muy pequeños. Idealmente, para estos hogares, las políticas públicas deben integrar: prestaciones específicas o reforzadas, especialmente cuando incluyen menores de corta edad; facilitación del empleo estable y la formación continua para madres solas; y programas de vivienda asequible.
Resumen no técnico del Informe sobre Pobreza Infantil en España realizado por Miguel Ángel Malo (Universidad de Salamanca) y Fernando Pinto (Universidad Rey Juan Carlos), por encargo de la Fundación FUNCAS. Se puede acceder al informe completo en este enlace y a la nota de prensa en este otro.
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