- El Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, previsto para el 29 de julio, no pudo celebrarse por falta de quórum debido a la decisión política de ausentarse de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esta situación ha bloqueado la tramitación administrativa necesaria para transferir a las universidades públicas los fondos del Programa María Goyri en una reunión de carácter formal sobre un acuerdo previamente consensuado por todos.
- El Programa María Goyri es fundamental para la contratación de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) que fomenta el relevo generacional en nuestras universidades así como el cumplimiento de los objetivos de la LOSU.
- CCOO tacha de injustificado el desplante. La reunión era telemática y permitía la delegación de voto. Por ello, exigimos la convocatoria urgente de una nueva reunión para desbloquear los fondos y reclamamos responsabilidad institucional para que las discrepancias políticas no perjudiquen la financiación del servicio público universitario.
El bloqueo de la Conferencia General de Política Universitaria retrasa la financiación del Programa María Goyri para las universidades públicas
El Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, previsto para el pasado 29 de julio, no pudo celebrarse por falta de quórum tras la decisión política de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de no asistir a la reunión. En el orden del día figuraba un asunto clave para las universidades públicas: la financiación del Programa María Goyri, destinado a la incorporación de Profesorado Ayudante Doctor (PAD).
Esta falta de quórum no se ha debido a un problema técnico sino a una decisión política: todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no acudir a la reunión, aduciendo estar centradas en la crisis de los incendios o de estar en solidaridad con las que lo están.
Según la información facilitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el acuerdo que debía ratificarse ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y el Pleno tenía por objeto iniciar el procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas, que posteriormente deben hacerlos llegar a las universidades públicas.
Para CCOO, este desplante no tiene justificación, ya que la reunión era breve (básicamente para ratificar el acuerdo), no afectaba a los consejeros y consejeras implicados en la respuesta a la crisis, era telemática e, incluso, los consejeros pueden delegar en otro alto cargo de su departamento para acudir a las reuniones. Por tanto, más que una dificultad real, parece un nuevo ataque al gobierno y a la universidad pública por parte de estas comunidades autónomas que parecen incapaces de asumir sus competencias y gestionar el servicio público universitario de manera adecuada.
El Programa María Goyri constituye una de las pocas medidas de apoyo al sistema universitario público de los últimos años y tiene como objetivo financiar contratos de profesorado ayudante doctor, contribuyendo al relevo generacional, al fortalecimiento de las plantillas universitarias y al cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Desde CCOO manifestamos nuestra preocupación porque cualquier demora en el inicio del procedimiento administrativo reduce el margen disponible para que los recursos lleguen a las universidades en los plazos previstos, pudiendo afectar a la contratación del profesorado y a la planificación del próximo curso académico.
Al mismo tiempo, consideramos que una actuación de esta trascendencia exige el máximo compromiso institucional por parte de todas las administraciones implicadas. Tratándose de una financiación esencial para las universidades públicas y para miles de personas trabajadoras, la celebración del Pleno y la aprobación del reparto de los fondos debió garantizarse con tiempo y con independencia de la fecha fijada para su convocatoria.
Las universidades públicas necesitan estabilidad, planificación y una financiación suficiente para desarrollar sus políticas de personal. Las discrepancias institucionales no pueden traducirse en retrasos que perjudiquen a las universidades, al profesorado ni al estudiantado.
Por ello, CCOO exige que la Conferencia General de Política Universitaria sea convocada nuevamente con la mayor urgencia posible para aprobar la distribución de estos fondos y garantizar que las universidades públicas reciban cuanto antes los recursos necesarios para reforzar sus plantillas, además del resto de medidas que afectan a la financiación pública de las universidades y a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras para continuar avanzando en el desarrollo de lo que marca la LOSU.
CCOO reclama responsabilidad institucional para garantizar la financiación de las universidades públicas.
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