CCOO demanda a la Junta de Castilla y León que cumpla con la LOSU y garantice que la financiación universitaria alcance el 1% del PIB regional.
Los datos muestran que la inversión actual en la comunidad se mantiene estancada entre el 0,64% y el 0,66% del PIB, lejos de los objetivos legales fijados.
Es urgente aprobar una programación plurianual que asegure una financiación basal suficiente para cubrir gastos de personal e inversiones, alineándose con la media europea, como ha tenido la CCAA en el pasado.
CCOO exige a la Junta de Castilla y León que cumpla la LOSU y garantice, al menos, el 1% del PIB regional para la financiación de las universidades públicas de nuestra comunidad.
La Junta de Castilla y León debe aprobar, con las universidades, una programación plurianual que garantice una financiación estructural basal que deberá ser suficiente para prestar un servicio público y de calidad, cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los planes plurianuales de estabilización, los gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales, tal y como se establece en la LOSU.
Sin financiación suficiente no hay universidad pública y no hay progreso social.
El artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) establece que:
“Las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos.”
Y con el horizonte temporal del año 2030, indica que:
“…el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar, como mínimo, el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado…”
Y todo ello con el objetivo de la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que en el año 2024 se situó en el 1,2%.
Esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo socioeconómico a nivel autonómico, imprescindible para superar la infrafinanciación estructural de nuestro sistema público universitario.
Sin embargo, la administración regional lleva años sin cumplir con esta obligación.
Este incumplimiento conlleva un deterioro de la calidad del sistema universitario y está provocando un bloqueo en la negociación de las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en las universidades. También genera un déficit de plazas en muchas titulaciones, que obliga al estudiantado a matricularse en las universidades privadas que siguen incrementado su oferta.
Los datos de la financiación entre 2021 y 2025.
Según los datos publicados por la Junta de Castilla y León en sus páginas web, en 2024 la administración regional transfirió a las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad 467,9 millones de euros para su financiación basal[i]. 471,6 millones si sumamos la compensación que percibieron las universidades por la reducción del precio de las matrículas aprobado por la Junta. Ese año, el PIB de Castilla y León fue de 73.993 millones de euros según los datos definitivos publicados por Expansión.
Teniendo en cuenta estas cantidades, la inversión de la Junta de Castilla y León en 2024 fue del 0,64% del PIB, muy lejos de lo que se establece en la LOSU para 2030.
Si analizamos la evolución de la financiación basal más la compensación por la reducción de los precios de matrícula entre 2022 y 2025 y la comparamos con el PIB de la comunidad podemos comprobar que el porcentaje de PIB dedicado a financiar las universidades públicas de Castilla y León se mantiene estable entre el 0,64% y el 0,66%; por tanto, salvo que la Junta se comprometa a incrementar significativamente las cuantías que dedica a financiar las universidades, nunca llegaremos a cumplir con lo que establece la LOSU.
Es lamentable lo que está ocurriendo en el sistema universitario español, las CCAA no muestran ninguna voluntad por alcanzar un acuerdo para incrementar la financiación de sus universidades públicas y el Ministerio tampoco ha ejercido el liderazgo que le corresponde para desarrollar la ley que se aprobó en 2023.
La suficiencia financiera pasa necesariamente por alcanzar, al menos, el 1% del PIB en cada comunidad y lo antes posible.
CCOO reclama a los nuevos responsables de la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio que convoquen la Mesa Sectorial de Universidades, creada en la Ley de la Función Pública de Castilla y León, para abordar la financiación de las universidades públicas. Queremos fijar un calendario estable y regular de reuniones para concretar cuestiones esenciales en esta materia.
- Defendemos que en 2030 la Junta de CyL invierta el 1% del PIB de la comunidad en las 4 universidades públicas.
- El objetivo debe ser alcanzar la financiación media de la UE. Pedimos que el gasto por estudiante se sitúe en la media de la UE, lo que supondría pasar de un gasto total por estudiante de aproximadamente 18.173$[ii] a 21.486$, según los datos publicados por CyD.
- Es necesario concretar el contenido y alcance del principio de suficiencia y la previsibilidad financiera.
- Las rebajas del precio de las matrículas implican una reducción en los ingresos de las universidades públicas que deben ser compensadas de manera adecuada. Es necesario establecer un mecanismo para garantizar estas compensaciones.
- Se tiene que definir con precisión la financiación estructural basal, la financiación estructural por necesidades singulares y la financiación estructural por objetivos. CCOO defiende un modelo que, dentro del respeto a las competencias autonómicas, garantice una financiación basal que asegure la estabilidad presente y futura de las universidades públicas españolas y su crecimiento.
- La financiación pública, en todas sus modalidades, se debe destinar a la universidad pública, prohibiendo “derivaciones” hacia las universidades privadas o hacia fórmulas de “conciertos”.
Es inaplazable que la Junta de Castilla y León elabore una programación plurianual que nos lleve, en coordinación con las universidades, a la aprobación de un modelo de financiación que garantice una financiación estructural basal, que incluya las necesidades singulares de cada universidad y la financiación de los objetivos prioritarios que se acuerden.
La pregunta que debemos hacernos es si queremos una universidad pública fuerte o un sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita. Si no se garantiza una financiación suficiente, se obligará a las universidades públicas a buscar cada vez más financiación externa, que podrá condicionar u orientar la actividad pública universitaria hacia criterios de rentabilidad económica, haciendo de la educación superior un espacio cada vez más condicionado por intereses privados.
La universidad pública de calidad es un bien de todas y todos y constituye una de las principales formas de contribución al progreso social.
Desde CCOO reclamamos a la Junta que cumpla con sus obligaciones y garantice una financiación suficiente que posibilite un servicio público de calidad, sostenible, accesible al conjunto de la ciudadanía y que permita a las universidades mejorar las condiciones salariales y laborales de su personal, tanto PDI como PTGAS.
[i] Una financiación que supone alrededor de un 65,7 % de la financiación de cada universidad, es anual y se desconoce hasta final de cada año. Esta financiación no se encuentra en un documento que establezca de forma clara los criterios por los que las universidades van a recibir financiación, ya que actualmente se determina con un cálculo de la Consejería que se basa en información de años anteriores para determinar la financiación del año en cuestión. Hasta 2010 existía un modelo de financiación plurianual que establecía un marco de suficiencia financiera del capítulo 1 y un contrato programa que establecía cómo iba a ser la financiación a cuatro años (El Sistema Universitario Público de Castilla y León. AIReF).
[ii] El Informe CYD de 2026 no publica el desglose en dólares PPA por cada comunidad autónoma, ya que esa métrica en dólares la reserva la OCDE exclusivamente para comparar a España en su conjunto frente a otros países (¿Cómo se financian las universidades públicas presenciales españolas?) Sin embargo, si aplicamos de forma proporcional la diferencia entre la media española y la de nuestra comunidad en gasto por estudiante teniendo en cuenta la metodología del informe podemos estimar a cuánto equivaldrían esos costes en Castilla y León: el gasto total consolidado estimado es de 18.173 dólares PPA por estudiante.
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