La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos ha comunicado que la sentencia por la que estimo la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Federación de Enseñanza de CCOO contra las universidades de Burgos, León y Salamanca en la que se reconoce el derecho del personal investigador contratado temporalmente a percibir los mismos incrementos salariales para el año 2023 que percibieron el resto de empleados públicos es firme.
El fallo de la sentencia dice lo siguiente: “Que debemos estimar y estimamos la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (a la que se adhirieron UGT, CSIF y STE-CyL.) contra las Universidades de Burgos, León y Salamanca, por lo que debemos condenar y condenamos a dichas universidades a que abonen a su personal laboral investigador sus retribuciones con el incremento salarial previsto para el año 2023 en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y Ley 3/2022 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023. Sin especial imposición de costas.”
Esto significa que las universidades condenadas deberán pagar los incrementos salariales correspondientes a todo el año 2023 y a todo el año 2024; en 2023 fue del 3,5% y en 2024 del 2,5%. Ayer, mantuvimos un reunión con el Vicerrectorado de Investigación en la que le pedimos que la universidad hiciera efectivos estos incrementos salariales lo antes posible y el vicerrector nos informó que la universidad está trabajando internamente para cumplir con lo que dice la sentencia.
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