La Universidad de Columbia lanza la versión online en español del Banco de Jurisprudencia sobre Libertad de Expresión con la colaboración de UNESCO, Dejusticia, FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y la Universidad Externado de Colombia. Se puede acceder a la base de datos a través del siguiente enlace: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/espanol
La base de datos en español incluye decisiones judiciales de las más altas cortes de 16 países latinoamericanos y algunas decisiones del resto del mundo en materia de libertad de expresión y acceso a la información. El análisis fue realizado por un grupo de abogadas colombianas supervisadas por Catalina Botero Marino, abogada internacional de derechos humanos y ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
La base de datos en español se desarrolló luego de amplias consultas con los jueces de América Latina, como parte de un programa de la UNESCO encaminado a fortalecer la protección jurídica de la libertad de expresión en el continente. El proceso culminó en la Cumbre Iberoamericana de Jueces, celebrada en Paraguay en abril de 2016, cuando veintitrés Presidentes de los tribunales de América Latina dieron la bienvenida a la base de datos en español y se comprometieron a contribuir con decisiones que favorezcan el intercambio de conocimientos y jurisprudencia en toda la región en materia de libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública.
El proyecto Global Freedom of Expression de la universidad de Columbia fue creado en 2014 por el presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger, para avanzar en la comprensión de las normas y las instituciones que protegen de la mejor forma el libre flujo de información y de expresión. Para lograr su objetivo, El proyecto Global Freedom of Expression de la universidad de Columbia se involucra con una variedad de actores, incluidos expertos académicos, abogados, jueces, activistas y estudiantes. Asimismo, lleva a cabo comisiones de investigación y proyectos de política pública, organiza eventos y conferencias, y participa y contribuye en los debates mundiales sobre la protección de la libertad de expresión e información en el siglo XXI.
