He aquí que llega la crisis económica mundial, la más profunda de nuestra historia reciente, y evidencia injusticias flagrantes, pero la respuesta de la sociedad española ha sido singularmente tímida. Sólo en los últimos meses han emergido diversos movimientos ciudadanos que convergen en la proclama de una regeneración del sistema político y económico, pero todavía con una intensidad limitada y de forma muy fragmentada. Llama la atención el movimiento Juventud Sin Futuro. Sus eslóganes son: “Sin casa, sin curro, sin pensión”, para finalizar con un desafiante “sin miedo”. Sin miedo, porque el movimiento no sólo cuestiona un modelo económico que ataca el Estado de bienestar, sino que plantea una afrenta generacional. El insolente lema de la juventud también simboliza el rechazo del paternalismo y el miedo colectivo a participar en política, mientras que los padres ven en Garzón la constatación de sus temores.

El desconsuelo es mayor si contrastamos la contundencia de Almunia con la tibieza de la UE ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales en diversos Estados Miembros. Recordemos, por ejemplo, la expulsión de gitanos en Francia, la homofobia en Polonia o la orgía política de Berlusconi. Ahora es fácil imaginar qué habría pasado si los PIGS se hubieran negado a rescatarse o a ser rescatados.

Así las cosas, se antoja difícil digerir la retórica de los principios y valores fundamentales de la UE, y lo raro no es que los ciudadanos twitteros la paguen con los eurodiputados, lo verdaderamente extraño es que todos sigamos pagándoles. Las instituciones comunitarias ni son democráticas ni dejan serlo a los demás. Almunia, en el fondo, tiene razón: Islandia is not Europa.

Pero, ¿podría emplearse la misma vara de medir al accidente de Fukushima en relación con el sistema económico dominante? Pensemos en la vertiente metafórica. Japón es un país lastrado por la financiarización del capitalismo, en crisis permanente a pesar de su elevado desarrollo tecnológico y con un modelo económico y energético incompatible con el respeto al medio ambiente. He aquí que la fuerza de la naturaleza agrieta una central nuclear, pero también pone en evidencia las fisuras de un modelo económico insostenible. ¿Y sobre las causas explicativas? Wikileaks, ese fenómeno que nos recuerda el déficit de transparencia en nuestras impolutas democracias, ha desvelado que Japón sabía desde hace tiempo que sus centrales nucleares no resistirían el riesgo sísmico; y la seguridad del país ahora está en manos de TEPCO, una empresa privada que acumula una larga lista de irregularidades. Parece ser que la energía nuclear no es tan segura como se pensaba y que el accidente de Fukushima podría tener relación con las fallas, no precisamente geológicas, del actual sistema económico. Pero las comparaciones son odiosas.

Tres son los acontecimientos jurídicos más relevantes de las últimas semanas. Primero, el polémico Auto de la Audiencia Provincial de Navarra, que permite ‘saldar’ la hipoteca con la entrega de la vivienda. Cierto es que la legislación vigente en la materia provoca situaciones verdaderamente injustas, pero también hay que valorar el riesgo que para el Estado de Derecho puede provocar un activismo judicial generalizado. En este caso, además, la argumentación del Auto es ciertamente pobre (se cita a políticos, se habla de rechazo moral…), pudiendo haberse obtenido el mismo resultado con una mayor elaboración jurídica. Sirva este supuesto para reflexionar sobre la necesidad de una elevada tecnificación jurídica si de verdad se quieren remover las entrañas de las relaciones económicas.

Segundo, la demanda colectiva contra las ‘cláusulas suelo’ de las hipotecas. Aquí se pone de manifiesto la íntima conexión de los derechos de los consumidores con los fundamentos básicos del Estado Social, derechos que hay que reivindicar frente a quienes los identifican con un mero estilo de vida acomodado.

Tercero, la querella interpuesta por diversos colectivos de la sociedad civil contra las agencias de calificación por la comisión de delitos relativos a los mercados y a los consumidores. Se trata de una iniciativa seria, audaz y rigurosa que pondrá a prueba la fortaleza de nuestra Justicia.

Lejos de lanzar las campanas al vuelo para festejar que los juristas han venido a salvarnos, amén de que su éxito se advierte limitado, es necesario recordar que su acción obedece a la pasividad del legislador, es decir, a la impotencia política de nuestros representantes frente al dominio inexorable de una elite económica internacionalizada. La agitación del Derecho es la constatación del fracaso de la Política.

Parece que la ciudadanía comienza a reaccionar ante una crisis económica irresuelta de una magnitud sin apenas precedentes. La resignación comienza a dar paso al inconformismo, y en estos momentos cabría preguntarse si la decisión de los sindicatos de renunciar a la conflictividad ha sido acertada.

Pero es fundamental que el hartazgo de la ciudadanía, todavía en niveles moderados, se canalice a través de expresiones cívicas y democráticas, que fortalezcan la sociedad civil y enriquezcan el debate político. En contextos como el actual es fácil despertar sentimientos antipolíticos y servirse de las pasiones más bajas. En cualquier caso, es preocupante el creciente distanciamiento de la clase política para con la sociedad. Los partidos, imbuidos por la sempiterna ley de hierro de la oligarquía, están siendo incapaces de ilusionar y conectar con la ciudadanía más allá de sus clientelas.

El movimiento No les votes, aun con sus legítimas aportaciones, representa el riesgo de introducir posiciones políticas simplistas y meramente reactivas. La Red de Convergencia, por el contrario, se ha propuesto el difícil objetivo de construir alternativas serias y reflexivas. Y tan importante como su fondo son las formas elegidas, en clara oposición al deficiente funcionamiento de los partidos. El tiempo dirá si esta incipiente iniciativa se queda en un intento fallido y bienintencionado o, en cambio, se convierte en un influyente instrumento de participación.

El tema de la discriminación de género es tan complejo como polémico. Es pan de cada día que opiniones que comparten un resultado se apoyen en argumentaciones opuestas (machistas o igualitaristas) y, viceversa, que idénticos planteamientos generen respuestas contradictorias, como, por ejemplo, la llamada discriminación positiva en el movimiento feminista.

Así las cosas, la oferta de una beca para una abogada mujer puede suscitar muy diversas interpretaciones, pero sólo una resulta válida si lo que queremos es ver el bosque más allá del árbol. En primer lugar, se trata inicialmente de una beca, es decir, un puesto de trabajo precario y carente de responsabilidad. Este dato resulta fundamental, ya que lo que se ofrece no debe considerarse un beneficio o privilegio en el contexto del mundo laboral. Así, si alguien pensara que la empresa está privilegiando a las mujeres mediante una política de contrataciones basada en criterios de igualdad de género y discriminación positiva, no podría estar más equivocado. La desigualdad de género se manifiesta en los puestos directivos o de responsabilidad, en ámbitos de poder, donde el hombre sigue ejerciendo una auténtica dictadura de género. Tampoco puede incluirse a la abogacía dentro de las profesiones técnicas (ingenierías…), en las que existen profundas discriminaciones arraigadas en diferentes roles sociales.

En suma, no se trata de discriminación positiva porque no hay un obstáculo previo que remover: en la abogacía los hombres y las mujeres se inician con las mismas dificultades. Una vez que es palpable la ausencia de una motivación de fomento de la igualdad, la decisión empresarial de excluir a los hombres de entre los candidatos al puesto sólo puede considerarse sexista, lo que, según el DRAE, significa que discrimina a las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Pero, ¿qué sexo se considera inferior? A priori parecería que el masculino, pero no es así. Me arriesgo a decir que en la decisión de la empresa subyace un trasfondo profundamente machista: un estereotipo que concibe a la mujer bajo el sometimiento del hombre (los propietarios de las empresas que hacen las ofertas son hombres), con un perfil de mayor diligencia, en el sentido de mayor obediencia, y una mejor imagen para “vender productos”; en definitiva, un rol que conecta con las necesidades de un puesto de trabajo precario.

Sólo así puede explicarse que estas empresas renuncien a contrastar los méritos y capacidades del conjunto de mujeres y hombres que podrían optar al puesto de trabajo en cuestión. Huelga decir que las mujeres están igual o mejor preparadas que los hombres, pero sólo los prejuicios antedichos motivan la exclusión previa de los hombres en el proceso selectivo.

Este tipo de discriminaciones deberían ser perseguidas por todos los poderes y organismos públicos, y hay instrumentos jurídicos para hacerlo. Pero también deberían ser condenadas por  la sociedad, por cada uno de nosotros, en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y especialmente en el ámbito de la abogacía, si es que de verdad queremos avanzar en una sociedad más igualitaria, justa y democrática.

Escribir o hablar sobre economía, como de cualquier otro tema complejo del que uno no sabe, puede dar, como diría el Marqués Del Bosque, un poco de corte. Pero la democracia incluye, en mi opinión, el derecho a equivocarse, que sin embargo suele ser ejercitado en mayor medida por los economistas profesionales. A propósito de las continuas noticias que en la actualidad aluden a la deuda pública quisiera hacer algunas reflexiones.

Con frecuencia, el debate entre los partidarios de la socialdemocracia y los neoliberales se ubica en la conveniencia o no del equilibrio en las cuentas públicas. Simplificando, según los keynesianos, en situaciones de recesión, el Estado debe endeudarse para reactivar la economía. Por el contrario, los neoliberales ensalzan el equilibrio presupuestario en su afán por contener la inflación y minimizar el intervencionismo del Estado. Aun con matices, esta distinción ideológica se puso de manifiesto cuando Zapatero llegó al poder al fijarse la fórmula del presupuesto cíclico: frente al “déficit cero” que caracterizó la doctrina Rato, con Solbes se introdujo una mayor flexibilidad, es decir, superávit cuando las cosas fueron bien, y déficit cuando vinieron las vacas flacas.

Lo que pongo en cuestión es el dogmatismo de la izquierda a la hora de justificar el déficit fiscal. ¿Por qué los progresistas gastan sus energías en defender el endeudamiento del sector público? A mi modo de ver, una de las conclusiones que debemos obtener de esta crisis económica es que los comportamientos consistentes en gastar más de lo que se tiene no conducen a nada bueno, y no entiendo por qué hemos de eximir al Estado de esta observación. La clave de una política fiscal progresista estriba en la presión (y en la progresividad) fiscal, y no en el desequilibrio presupuestario. No se trata de gastar más de lo ingresado, sino de tener lo suficiente para gastar lo necesario.

Lo sé. La deuda pública española no es especialmente grande en relación con otros países, convendría hacer una auditoría para analizar con profundidad el origen de la deuda, y buena parte de nuestro endeudamiento se debe a la jugada maestra del capital: socializamos las pérdidas de los culpables de la crisis. Pero, aun así, si no tuviéramos deuda pública, evitaríamos una vía por la que los mercados, los especuladores u otros Gobiernos nos chantajean con su presión: “o haces lo que digo, o provoco tu bancarrota, te rescato y entonces harás lo que digo”.

Son muchos los diagnósticos que, con razón, responsabilizan de la crisis económica a las políticas neoliberales y la codicia de la banca, pero no he hallado muchas soluciones, más allá de programas de máximos como la nacionalización de la banca, para evitar el chantaje de los mercados, a salvo de la saludable pero inconcreta propuesta de que compremos nuestra propia deuda pública. Y mientras se refunda el capitalismo y se establece un Gobierno europeo y global de la economía, esta cuestión debería ser  prioritaria en el ámbito político progresista.

En definitiva, en la discusión de la política fiscal, los progresistas se obcecan en mirar el dedo del déficit y obvian la luna de la presión fiscal, que en los últimos lustros ha disminuido de forma grave e incesante.

Hace ya varios años que el movimiento antibolonia denunció que el proceso europeo de reforma universitaria había sido diseñado por y para los grandes poderes empresariales. No estábamos, como algunos responsables políticos y académicos se empeñaron en hacernos ver, ante una absurda teoría de la conspiración. La ERT, un poderoso grupo de presión que opera a escala europea, sentó las bases de lo que debía ser la universidad europea a través de informes que fueron decisivos en los postulados oficiales de Bolonia.

Hoy los mercados son un actor político fundamental. Se asume con naturalidad su desmedida influencia en las decisiones políticas y que los Gobiernos deban rendirles cuentas y pleitesía. Es la misma normalidad con que se acepta la creciente presencia de la homeopatía en la universidad, y con la que se plantea la introducción de las becas-salario para estudiar Medicina, eso sí, previa militarización. Quizá sea demasiado tarde para despertar de esta pesadilla.

Por la misma puerta giratoria por la que salen González y Aznar entran, simultáneamente, los señores de los mercados. Éstos son quienes impiden la realización de todo proyecto político de transformación social, y gracias a su poder de convicción encuentran aliados en los Gobiernos con independencia del color político. Así las cosas, la izquierda gobernante, impregnada de resignación, recurre a iniciativas que no osan alterar el orden socioeconómico pero proporcionan cierta imagen progresista, la mayoría de las veces institucionalizando avances sociales conquistados por la ciudadanía. En este contexto emerge la anunciada Ley de Igualdad de Trato, que pone de manifiesto la impotencia de la izquierda para enfrentarse a la cuestión social. Por cierto, me pregunto si esta Ley servirá para poner fin a los privilegios que acumula la Iglesia católica más allá de los colegios segregadores, una organización que, parece ser, tiene puerta abierta para discriminar en su seno a las mujeres y fomentar la homofobia a cambio de cuantiosas subvenciones.

La gestión de la crisis económica mundial ha puesto de manifiesto al gran público que los Gobiernos están, en efecto, al servicio de los grandes intereses empresariales y financieros. Ya no hay nada que disimular. En el pasado mes de junio, Elena Salgado recibió a 400 inversores para explicar sus medidas económicas, y, más recientemente, Zapatero pidió consejo a los 37 empresarios más poderosos de nuestro país. Poco puede aportar Wikileaks ante semejantes evidencias.

Lo cierto es que los tres poderes del Estado, los poderes públicos, de facto hace tiempo que se están privatizando en todas partes. El Estado ha prescindido de su estructura formal para adoptar las decisiones colectivas. La actuación de los lobbies en los órganos legislativos, ora regulada, ora encubierta, supone orientar la producción legislativa en función de intereses privados. La reforma de la Administración Pública, que afecta incluso al ejército en Estados Unidos, sugiere la idea de privatización del poder ejecutivo. Y en cuanto al poder judicial, el auge del arbitraje y propuestas como la privatización del turno de oficio, de creciente aceptación en nuestro país, también responden a esa irremediable tendencia de expoliar la soberanía. Conviene no ser irónico, o acabarán privatizando la ironía.

Posteriormente, ya de noche, se aprobó el Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA, que establece que el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire “adoptará todas las decisiones que procedan para la organización, planificación, supervisión y control de los controladores de tránsito aéreo al servicio de la entidad pública AENA” y “exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. Sin embargo, ante las dudas que suscitaba la construcción jurídica realizada, el Gobierno declarará al día siguiente el Estado de Alarma para proceder a la movilización (militarización) de los controladores.

Pero, ¿solucionaba el problema jurídico la declaración del Estado de Alarma? Parece que no en tanto que no concurrían los presupuestos necesarios para su declaración. El Estado de Alarma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (LOEAES), sólo puede declararse si se paralizan los servicios públicos esenciales y concurre alguna otra causa (catástrofes naturales, crisis sanitarias o desabastecimiento de productos de primera necesidad). Es por ello que el Decreto que declara el Estado de Alarma alude a una supuesta “calamidad pública”, obviando que el precepto de la LOEAES elude toda connotación política (“Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”). Al declararse el Estado de Alarma, el artículo 12.2 de la LOEAES permite que el Gobierno acuerde la movilización del personal de los servicios intervenidos, si bien la doctrina considera inconstitucional dicho precepto. Éste era el título habilitante que buscaba el Gobierno.

En definitiva, existen importantes dudas jurídicas sobre la actuación del Gobierno. ¿Se ha utilizado el Estado de Alarma por razones de eficacia y oportunidad política? Si el Ordenamiento Jurídico dispone de mecanismos suficientes para exigir responsabilidades a los controladores, ¿se ha recurrido a su militarización sólo para evitar el coste económico, para el país, y político, para el Gobierno, que hubiera implicado la paralización prolongada del tráfico aéreo? Si es así, el Derecho, el Derecho de Excepción, se habría puesto gravemente al servicio de la política.

Sin embargo, entre las actuaciones anunciadas por el Gobierno socialista, hay una que merece ser aplaudida: la privatización parcial de la entidad Loterías y Apuestas del Estado. Al Gobierno no le quedaba otra opción. La eficiencia del sector privado en la gestión del juego es incuestionable. La actual crisis económica demuestra que los agentes privados se desenvuelven en el casino como pez en el agua. Los productos se diversifican, los beneficios se multiplican y la probabilidad de acierto es máxima.

El Gobierno ha caído en las garras de la homeopatía. Si la enfermedad es el mercado, la receta es menos Estado, y si con un Estado débil no podemos enfrentarnos al mercado, aplicamos pequeñas dosis de neoliberalismo. He aquí la paradoja: cuando definitivamente muera el Estado, los voceros del mercado ya no podrán jugar a los médicos y el casino dejará de ser rentable. Mientras tanto, el Gobierno continúa con su ambicioso plan, que, como canta Nacho Vegas, consiste en sobrevivir.

Leo: “Las ópticas de Castilla y León realizarán pruebas oficiales a los pacientes derivados del SACYL”. Se trata de la propuesta estrella de la Junta para reducir las listas de espera en oftalmología, que ha recibido aplausos y elogios de los pocos opinantes que han optado por echar un vistazo a la noticia; una medida positiva en la medida de su limitada trascendencia. He aquí una prueba de nuestra deficiente agudeza visual.

Pongámonos ahora unas lentes de contacto con realidad aumentada. En verdad, vemos que la Junta de Castilla y León se ha limitado a seguir el protocolo de privatización de servicios públicos. Primero, proveer un mal servicio público (listas de espera). Segundo, externalizar el servicio que tan mal funciona para ahorrar costes (negocio para las ópticas). Tercero, garantizar la eficiencia del sector privado mediante la provisión pública de los servicios no rentables (oftalmólogos al rescate). Vemos que la Junta incurre en un ejercicio de miopía jurídica, ignorando la ejemplar sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008 (Sala 3.ª) sobre un convenio similar en Andalucía. Vemos, también, el astigmatismo crónico de la izquierda invisible.

Artículo 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas”.

Los sindicatos internacionales han confirmado que no cesarán en sus suicidios colectivos si no se desatasca la negociación colectiva. Los analistas creen que la patronal volverá a ceder debido a la creciente escasez de trabajadores, que nuevamente reduce su margen de maniobra en la negociación. Algunos sectores de la economía mundial carecen de empleados, muchas empresas se han visto obligadas a cerrar y la producción ha caído en picado. Desde que los sindicatos adoptaron esta estrategia, las condiciones laborales han mejorado ostensiblemente. La jornada laboral se ha visto reducida a cinco horas, y los altos salarios, junto con el aumento de la mortalidad, permiten adquirir viviendas sin grandes esfuerzos. Sin embargo, los bienes de consumo han disminuido ya que la producción se destina a las necesidades más básicas. La fuga de inversiones a regiones que aún cuentan con una amplia población activa no se ha hecho esperar, mientras que los trabajadores sindicados más cualificados organizan cooperativas para retomar la producción esencial. Por su parte, la patronal confía en que las mejores condiciones de trabajo reduzcan los incentivos para el suicidio y la economía vuelva a crecer en los próximos años.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2006) 208 final]: “Las universidades deberían asumir una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo”.

La Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha, en colaboración con Laboratorios Boiron, una Cátedra sobre homeopatía. Sabido es que los expertos rechazan esas prácticas rituales por su carácter acientífico. Lo que no suele explicarse es por qué la universidad comienza a encomendarse a la superstición. La proliferación de cátedras creadas conjuntamente por Universidades y empresas se enmarca en el modelo de enseñanza superior que subyace en el Proceso de Bolonia. Uno de sus postulados más reiterados, que consta en numerosos documentos de carácter institucional, consiste en incrementar la financiación privada en las Universidades públicas. Se trata, sin duda, de una vía encubierta de privatización, por más que los rectores y otros agentes de la comunidad universitaria vean en este perverso objetivo una solución a los problemas de suficiencia financiera de las instituciones universitarias. El sector privado, caracterizado por la búsqueda de beneficios económicos, no invierte en la universidad por altruismo. El caso de la cátedra de homeopatía permite comprender a la perfección la incompatibilidad de la búsqueda del lucro privado con la pretensión de una universidad pública y científica. Ésta es la medicina de Bolonia.

Real Decreto 1330/2010, de 20 de octubre: «Vengo en disponer que don Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno».

Una de las explicaciones de la crisis económica más repetida en numerosos foros políticos y mediáticos consiste en afirmar que los ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades. Esta interpretación es tan insostenible como interesada, pero ha calado hondo en la sociedad española. El medio es el mensaje. 

Con la reciente remodelación del Gobierno, Zapatero ha enfatizado la necesidad de mejorar la comunicación de sus políticas, esto es, su política de comunicación. Así, el creciente rechazo de la opinión pública a sus medidas de ajuste se debería a que los ciudadanos no han entendido la necesidad de tales reformas. El primer éxito político de la nueva estrategia del Gobierno reside en la asunción colectiva de que existe un problema de comunicación. El siguiente paso es la anunciada renovación del Estado de Bienestar. La reforma, entendida como sinónimo de recorte, se presenta como la única vía para su mantenimiento. El miedo es el mensaje: “Luchamos por ti”.

Artículo 16.2 Constitución Española: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Falta poco para la visita del Papa. Para que no se enfade, el Gobierno ha postergado el debate sobre la reforma de la ley de libertad religiosa. El mensaje que se traslada con este tipo de gestos es desolador: la religión condiciona la agenda política. Ahora que todos los analistas comienzan a hacer balance de lo que ha supuesto el zapaterismo, es necesario denunciar que este Gobierno, demonizado por sus supuestos ataques a la religión católica, no ha hecho nada para cumplir el mandato aconfesional de la Constitución Española.

Con frecuencia, quienes defienden la intervención del Estado en la religión aluden falazmente a la libertad religiosa. Así, la presencia de símbolos religiosos en los edificios públicos se justificaría por las creencias religiosas de muchos de los usuarios. Esta posición es interesadamente errónea. En verdad, la laicidad del Estado constituye un presupuesto necesario para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa. Una de las facultades -no precisamente menor- de este derecho consiste en no declarar las creencias religiosas. Sin embargo, en el momento en que el Estado institucionaliza los actos y símbolos religiosos, los ciudadanos que no comparten esas creencias se ven compelidos a declararlo. Son los casos del ciudadano que «se casa por lo civil», del que «marca la casilla de las ONG», del que «promete» en vez de «jurar», del que «no coge la religión» para su hijo en el colegio, etc. Sin duda, se trata de posiciones que alguien ateo o agnóstico puede llegar a defender con orgullo, pero que, fuera del contexto de lucha por el derecho, suponen la vulneración del mismo derecho que se pretende ejercer. Ver para creer, en la Universidad de Salamanca se planea la elaboración de un censo de no católicos. La siguiente respuesta es real: «En relación con su solicitud de exclusión del listado de correos electrónicos que reciben información de las actividades de la Junta de Capilla de la Universidad de Salamanca, le comunico que se han dado las instrucciones pertinentes a los Servicios Informáticos, que están elaborando un sistema de listas para atender estas situaciones».

No es un hecho aislado. También contamos con las Administraciones que interpretan la Ley 11/2007 de una manera muy singular. El legislador no habría establecido un derecho a la relación electrónica con la Administración, sino una obligación para los ciudadanos. Los últimos procedimientos convocados por la Junta de Castilla y León en el ámbito universitario así lo reflejan. El resultado es paradójico: un aumento de los trámites presenciales de los interesados para obtener papeles que, posteriormente, deben ser escaneados si dispones de la tecnología necesaria. No es ficción, ni ciencia ni, creo, ciencia ficción. Es la Administración que resulta de la propaganda política, de la política propagandística.

Empero, el bienestar de la juventud no está presente en la justificación de tales reformas, sino que, he aquí la paradoja, la generación de jóvenes constituye su peor víctima. Los jóvenes, resignados desde hace tiempo ante la temporalidad y precariedad de sus empleos, ya no conocerán la estabilidad laboral ni en el Boletín Oficial del Estado. Su inserción en el mercado de trabajo ha sido la excusa, primero, para desmantelar el sistema público de educación superior en pos de la empleabilidad, y, segundo, para dinamitar, entre otras conquistas, los contratos indefinidos y las garantías ante el despido. Respecto al sistema de pensiones, no se ha demostrado aún su insostenibilidad: la nueva falacia del miedo sirve para cuestionar el Estado del bienestar. Sorprende que la primera medida elegida para garantizar las pensiones sea retrasar la edad de jubilación en lugar de adelantar la edad de cotización. Cada vez son más los jóvenes que piensan que la Seguridad Social es sólo una banda de rock, y, cómo no, de otra época. ¡Proliferan los becarios hasta en la Administración Pública! La reconversión de la enseñanza superior, que contiene nuevos programas de prácticas y titulaciones orientadas a las necesidades de las empresas, no ha tenido su correlato en la modificación de los contratos formativos y la supresión de los tradicionales becarios. Si añadimos la tibieza de la inspección de trabajo, se explica el exceso de jóvenes que trabajan sin cotizar.

Finalmente, este proceso de manipulación sería imposible sin una adecuada campaña de marketing. Los medios presentan una visión maniquea e idealizada de la juventud. Unas veces se habla de la generación ni-ni, del botellón y de la pasividad, a la que hay que salvar con medidas drásticas. Otras veces se elogia a la generación más preparada de la historia de España, la que justifica acometer reformas profundas. La estrategia es clara: confrontar a los trabajadores entre sí  para eludir responsabilidades y desactivar a la juventud como fuente de movilización social. Y eficaz. Pese al notable éxito de la Huelga General, la juventud no ha protagonizado la protesta. Como dijo el poeta, que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde.

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior estuvo presente en los discursos de los restantes oradores en el citado acto de inauguración. El rector Hernández Ruipérez dijo que ya no era tiempo para el debate, que Bolonia es la realidad, dando por sentado que alguna vez existió tal debate. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo referencia a los grupos reducidos de alumnos, provocando risas y murmullos de indignación en el profesorado.

Las bondades prometidas de Bolonia no han llegado, ni se esperan ya, por falta de voluntad política y financiación. Los males, derivados de la concepción mercantilista de la universidad, sí se dejan ver -por ejemplo, en los planes de estudios y másteres irracionales que ya se han aprobado-, aunque, afortunadamente, la resistencia al cambio de la organización universitaria evita, de momento, las consecuencias más nefastas que tendría una reforma profunda en el sentido planteado. Lo que sí es plenamente cierto es el caos organizativo que ha generado el proceso de reforma. Se pone de manifiesto, por un lado, en el ámbito de la Unión Europea, la insuficiencia del método abierto de coordinación para llevar a cabo procesos tan complejos como el de Bolonia. Por otro, la incapacidad del Gobierno de España para dirigir la reforma. No es de recibo que, en un mismo Gobierno, la política universitaria haya estado en manos de cuatro ministros distintos en tan sólo seis años. Aquí reside buena parte de la incoherencia de las decisiones adoptadas, los continuos cambios de rumbo y la grave inseguridad jurídica creada en el sector universitario. El desgobierno de la universidad no es sólo consecuencia de la injerencia del poder económico en la autonomía universitaria, aun siendo el factor más relevante, sino que también obedece al dislate administrativo en que se ha convertido la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior.

En el laberinto de la crisis económica, el Gobierno buscó en vano la salida social: el minotauro del mercado estaba hambriento. El poder económico no iba a permitir un nuevo contrato del bienestar, porque tras la caída del Muro de Berlín había desaparecido cualquier ápice de igualdad entre las partes. El trabajo tendría que adherirse a las condiciones generales abusivas que unilateralmente fijaba el capital.

El Gobierno socialista cedió al chantaje, y puede que lo hiciera como un ejercicio de responsabilidad. Los recortes sociales y la regresión en los derechos de los trabajadores eran el precio a pagar para seguir gobernando so pena de provocar un descalabro mayor de la situación económica. Aunque parezca insólito, la dimisión era la única respuesta honesta ante las fuertes presiones de lobbies de especuladores, gobiernos e instituciones internacionales, tal y como reflejó recientemente un excelente artículo de Almudena Grandes. Pero, lejos de asumir su debilidad, Zapatero prefirió hacer suyo el discurso que le habían impuesto: el tijeretazo se hacía en beneficio de la ciudadanía. En definitiva, la socialdemocracia se inmolaba y el PSOE se encomendaba al doblepensar. Desde un punto de vista simbólico, era palpable que la izquierda -la izquierda con opciones de gobernar- había renunciado a transformar la sociedad, siquiera a representarla.

«Pasé la noche esperando al índice Nikkei», contestaba Zapatero a El País. Que esta frase pase desapercibida, que semejante confesión carezca de repercusión alguna, es la mejor prueba de la normalidad y resignación con que se ha aceptado el golpismo económico. «Vivimos en una dictadura», afirmó recientemente Iñaki Gabilondo. El diagnóstico no es nuevo, pero sí su creciente arraigo.

Cierto es que la socialdemocracia llevaba años coqueteando con el neoliberalismo. El margen de maniobra de las políticas económicas de izquierdas es mayor. Pero no en pocas ocasiones, a lo largo de los últimos dos siglos, la izquierda con respaldo electoral se ha visto compelida a materializar postulados derechistas. La democracia tiene unos límites, y en este mismo contexto deben interpretarse los golpes, en este caso bajo la apariencia político-militar, contra la Segunda República española, la Chile de Allende o más recientemente el caso hondureño.

Que a nadie extrañe que la Huelga General del 29 de septiembre no suela relacionarse con Zapatero. Sin eximir su responsabilidad, lo que está en juego trasciende a la figura de un presidente. El conflicto capital-trabajo es hoy el conflicto capitalismo-democracia.

En España, además, la izquierda es incapaz de articular un plan de acción sólido ante la reacción de los poderosos. Sorprende la escasez de crítica en el seno del PSOE ante los bandazos del Gobierno socialista, al margen de tímidas discrepancias protagonizadas por la corriente de opinión interna Izquierda Socialista. En Izquierda Unida llevan meses inmersos en un proceso de refundación, tan improbable o más que la del capitalismo, que de momento no ha conseguido el impulso necesario. Por otra parte, los sindicatos han actuado tarde y mal, postergando una huelga general de vital importancia. Mientras tanto, se está gestando un nuevo partido verde de ámbito estatal tras la alianza de Joan Herrera y el ex Greenpeace Uralde, precisamente en un momento histórico en el que la contradicción o el clivaje de la cuestión social acapara todas las atenciones. En la llamada izquierda radical, la irrupción de Izquierda Anticapitalista, que traía un soplo de aire fresco, se ha ido desvaneciendo con los decepcionantes resultados de las elecciones europeas, y más bien puede percibirse como una escisión innecesaria de una formación, Izquierda Unida, que ahora pretende aunar alianzas. Así las cosas, las propuestas más consistentes de la izquierda no proceden de un partido político, sino de Attac. Por lo demás, han surgido algunas iniciativas coyunturales contra la crisis que, amén de su invisibilidad e ineficacia, yerran al identificar el objetivo, pues la crisis es sistémica, es decir, la crisis es el sistema. El actual escenario exige mejores  -no necesariamente más- actores, y también algunos guionistas, capaces de atraer al público y, sobre todo, evitar la tragedia.

Sin pretensión alguna de acometer dicho estudio, creo necesario realizar algunas reflexiones en estos breves y humildes párrafos. En primer lugar, la polémica cuestión de la reelección indefinida no debe situarse en el mismo plano que el posterior desempeño de determinadas actividades privadas por parte del alto cargo. La primera cuestión constituye una opción institucional, con sus pros y sus contras, pero con trascendencia, sobre todo, en el ámbito de la rendición de cuentas y, por tanto, de la calidad de la democracia. El político que no se presenta a las siguientes elecciones puede ser tan o más problemático que el gobernante que se acomoda legislatura tras legislatura en el poder, pues el electorado no tiene la posibilidad de controlar su gestión.

Sin embargo, la cuestión del político que recala en el sector privado se inserta, a mi juicio, en el plano de la ética pública, los conflictos de intereses y la corrupción política. En España, siendo el legislador consciente del problema, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, establece algunas limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos. Estas disposiciones son insuficientes de por sí (por ejemplo, su alcance se limita a los dos años inmediatamente posteriores al cese, y su ámbito de aplicación se reduce a la Administración General del Estado), pero uno duda incluso de su cumplimiento. Hace unas semanas, los medios de comunicación informaban de que Bernat Soria había recibido el encargo de realizar un informe sobre el sector farmacéutico, financiado por Abbott; pero, al parecer, ningún medio se preocupó de saber si el Ministerio de Sanidad, entonces con Soria al frente, había adjudicado contratos a esa misma empresa. Se incumpliría así el artículo 8 de la ley de conflictos de intereses, sin que quien escribe tenga constancia de consecuencia jurídica o política alguna.

La lista es interminable. Sin utilizar ningún buscador, es fácil recordar los casos más o menos recientes de Zaplana, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Jordi Sevilla, José María Aznar y otros muchos representantes, también fuera de nuestras fronteras e incluso en nuestro cercano ámbito universitario, que dieron el salto de la política a las grandes empresas y otras entidades privadas. Aumentar el control de las incompatibilidades posteriores al cese de los políticos es imprescindible para mitigar la preponderancia de los poderes económicos, prevenir la corrupción política y, no menos importante, transparentar la cosa pública. No sería bueno acostumbrarse a la percepción ciudadana de que en política “se está para forrarse”, frase erróneamente atribuida a Zaplana, pero que, con el paso de los años, él mismo se encargó de ejecutar.

Pero la virtud democrática de esta reforma legislativa no se agota en el aspecto procedimental. Si asumimos un concepto material de democracia, que complemente la regla de la mayoría con la protección de los derechos, la supresión de las corridas de toros también democratiza la sociedad en tanto que supone avanzar en el irreversible camino hacia la defensa de los derechos de los animales. Los taurinos han adoptado un discurso ciertamente libertario, tan hipócrita como simplista, que conecta cualquier prohibición con la pérdida de libertades, ignorando que cualquier derecho implica correlativas obligaciones de abstención, es decir, prohibiciones. Y aquí operan derechos de los animales, y también de las personas, pues “el respeto de los Animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos”, como reza el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

Servida la derrota en el plano ético, debido a su incapacidad para defender que la diversión o el espectáculo con animales justifica la tortura, los taurinos se han empeñado en rebatir motivaciones ocultas. Que entre los defensores de la abolición de las corridas se hallan también quienes sólo aborrecen el carácter españolista de “la fiesta” parece evidente, pero ello más bien debería provocar una reflexión en los aficionados taurinos, pioneros al nacionalizar la causa por atribuir el carácter de fiesta “nacional” a semejante espectáculo. Reflexión también en Cataluña para poner fin a los correbous, festejo menos sangriento, por lo que la excepción no resta legitimidad a la prohibición de las corridas, pero cuyo futuro debe ser la desaparición.

Ya se escuchan voces, llenas de mala fe, que reclaman la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Sobre todo en el Partido Popular, donde parece se acaban de enterar de sus actos propios, es decir, de que ellos mismos promovieron la supresión de las corridas en Canarias.

Finalmente, más de un partido político progresista no ha estado a la altura de las circunstancias. El “no me gusta pero no prohíbo”, una versión actualizada del “lamento pero no condeno”, no se corresponde con el discurso modernizador y transformador que debiera tener la izquierda. Denota, ante todo, falta de valentía por priorizar el cálculo del coste electoral a la coherencia en el discurso. Coraje, por cierto, que sí demostró hace unos meses el Rector de la Universidad de Salamanca para impedir que se celebrara un curso taurino ajeno a lo académico. El camino iniciado sólo admite adhesiones. La conquista de derechos es cuestión de tiempo, y de tiempos.

Más allá de confrontar cifras y datos, que podría y debería hacerse, es necesario reflexionar sobre la conclusión del ministro. Porque la educación universitaria no sólo proporciona cualificación laboral. Y ello pese a que la última reforma universitaria pretende subordinar la educación superior a las necesidades de las empresas. Echo de menos, en nuestro tiempo, reflexiones y obras utópicas sobre la consecución de una sociedad ideal; pero sí estoy seguro de que en una sociedad verdaderamente libre y democrática los universitarios nunca sobrarían.

Recuerdo un libro de una cajera francesa (Tribulaciones de una cajera, Ediciones Ámbar) que, por cierto, logró un gran éxito de ventas y notable repercusión en la vida política de Francia. Anna Sam era licenciada en literatura y llevaba trabajando ocho años en una caja registradora de un supermercado. Comenzó a escribir en un blog sus vivencias detrás de la caja, y posteriormente publicaría un libro. No es, o al menos a mí no me lo pareció, el típico libro superfluo sobre anécdotas más o menos divertidas de determinadas profesiones (azafatas, enfermeras…). Tampoco era un relato brillante, pero sí una descripción aguda de alguien con formación universitaria y vocación literaria. A veces incluso con profundidad, como cuando describió el síndrome “Breve ataque de biiip” para aludir a la alienación que le producía su rutinario trabajo.

El caso de Anna Sam es, claro está, excepcional. Pero su ejemplo ilustra a la perfección las virtudes cívicas que trae consigo la formación universitaria. Si nuestro destino, el de los jóvenes, es formar parte del ejército de reservas, con uno u otro rango, mejor alistarse con estudios universitarios y ser conscientes de la frustración. Bienvenido sea el excedente de conciencia crítica.

El principal partido de la oposición ha responsabilizado al Gobierno, dejando claro que están del lado de los controladores. El Gobierno, al principio, parecía decidido a plantarles cara, pero ha terminado cediendo, porque al fin y al cabo estos individuos tienen la sartén por el mango. Es curioso. Siempre han sido muchos los que han defendido la libertad de tráfico, pero pocos los que han querido percatarse de que el tráfico realmente está en manos de unos ávidos controladores. ¡Controlan incluso al Gobierno! No son controladores aéreos, pero sí de altos vuelos.

No es éste un lugar para el análisis puramente futbolístico, para el que cabe remitirse al excelente resumen que nos ha regalado el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Poco hay que añadir. Acostumbrados a vivir en una sociedad en la que el fin del éxito justifica cualquier medio, la victoria del colectivo más romántico es, efectivamente, un hecho insólito: cada triunfo de España se gestó con veinte jugadas de amor y un remate desesperado.

Quizá la vertiente romántica del juego de la selección española -a la que llaman Roja pero cuyo pantalón azul y segunda vestimenta evocan el uniforme de ese color que impuso la dictadura franquista al equipo nacional- encandiló a buena parte de la clase política conservadora y la derecha social, que abrazaron el nacionalismo sin complejos (¡maldita falta de complejos!). Muchos dicen que incluso las gentes de izquierdas se reconciliaron con la bandera rojigualda, y algo de verdad hay en ello. Sin embargo, otros políticos y comentaristas oportunistas y peor intencionados, los mismos que han criticado a Joan Laporta hasta la saciedad, han pretendido confrontar el éxito de la selección con la manifestación multitudinaria en Cataluña, que más allá de las cifras se debía a motivos políticos, conviene recordarlo.

Desde el otro lado del hemiciclo, una de cal y otra de arena. Digna de encomio ha sido la ausencia del presidente Zapatero en la final, que no ha querido herir sensibilidades en un momento económico en el que también el protocolo sonroja. Sin embargo, su reacción y la de otros responsables políticos a la hora de comparar el éxito del fútbol español con la realidad de la juventud española es irritante. Los jóvenes españoles son tan brillantes en sus especialidades como los Iniesta, Xavi o Villa. Pero hay una diferencia sutil: frente a las primas y contratos millonarios de los campeones del mundo, los jóvenes anónimos nos identificamos más fácilmente con el paro, la precariedad laboral, las prácticas sin remuneración o el inacceso a la vivienda. Peor aún fue escuchar el intercambio dialéctico entre Blanco y Sáenz de Santamaría sobre las vuvuzelas y el Jabulani, que no pone de manifiesto sino la necesidad de una profunda reforma educativa.

Mención aparte merece el protagonismo de un pulpo. Lo que podría ser una anécdota singular y graciosa se ha convertido en una injuria a la inteligencia. Varios miembros del Gobierno han comentado sus predicciones y la televisión pública ha retransmitido la escena en directo. Inaudito.

El Mundial ha demostrado que sobran intermediarios entre los futbolistas y los espectadores. Aquellos que disfrutamos con la pasión, la sistemática y la estética de este deporte, por encima de colores y naciones, bien podemos prescindir del patriotismo hortera, de muchos políticos, de toda exaltación y, también, de quienes reniegan del fútbol porque, dicen, embrutece. Sí, de vez en cuando es sano visitar ese Reino Mágico del que nos habla Galeano. El Reino del fútbol de las combinaciones imposibles, los regates más sutiles, los goles imprevisibles. El fútbol romántico y puro, sin intermediarios.

En esta ocasión, algunos colectivos han denunciado muy intensamente lo que consideran una mercantilización de la reivindicación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Consideran, no sin acierto, que la presencia de numerosas empresas, patrocinadores y eventos mercantiles desvirtúa el carácter reivindicativo y humanista de la causa, además de fomentar y reproducir estereotipos inaceptables.

La Historia parece haber demostrado que las libertades económicas han repercutido favorablemente en la superación de numerosas barreras, tradiciones y discriminaciones. Sin embargo, ese proceso lento, inapreciable e intermitente poco tiene que ver con otro fenómeno socioeconómico de nuestro tiempo: la mercantilización del disenso. Es indudable que para los operadores económicos oferentes la disidencia se concibe como una mera segmentación del mercado.

Hay que celebrar la emergencia del llamado Bloque Crítico en la celebración del Orgullo Gay. Este movimiento, probablemente aún minoritario, ha tenido la virtud de detectar la instrumentalización de su lucha: quien sólo demanda dignidad personal nada puede consumir.

En España, con la polémica -plurianual- del Estatuto de Catalunya se ha erosionado la convivencia política; pero, sobre todo, se han debilitado las instituciones del Estado. Sin duda, el proceso de aprobación e impugnación del Estatut ha complicado el encaje de Catalunya en España y ha deteriorado la salud del Estado de las Autonomías. La difusa frontera entre las posibilidades constitucionales de descentralización y las aspiraciones políticas de la nación (dicho sea sin eficacia jurídica) catalana ha desaparecido, y comienza a brotar un muro de desentendimiento tras el que se contempla el horizonte de la independencia.

De la consecuente maraña de poses políticas protagonizadas por el Gobierno, el Partido Popular y las fuerzas políticas e instituciones catalanas, cabe concluir que nadie ha ganado nada y todos han perdido un poco. Pero más allá de la cuestión territorial, en este proceso de despropósitos la derrota sí ha sido abultada para el Tribunal Constitucional y, por ende, para el Estado Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha echado por tierra todo su prestigio, y éste no era baladí. No sólo por su función de defensa de los valores y la legalidad constitucionales, sino también por su contribución al establecimiento y consolidación de la democracia. Es sabido, y para muestra, el botón del reciente caso Garzón, que la transición en el poder judicial no se ha culminado, o al menos no con éxito. La ausencia de democratización del poder judicial se superó, en cierta medida, a través de la jurisprudencia ciertamente progresista y garantista del Tribunal Constitucional, cuyo prestigio sólo era comparable al de sus magistrados, no sin algunos problemas ni determinados episodios lamentables, claro está.

La ausencia de renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, en situación de interinidad desde casi tres años, varias recusaciones planteadas (de las que sólo se admitió una) y una ley de caso único para prorrogar la presidencia del Tribunal por parte de María Emilia Casas conforman una situación esperpéntica y condicionada por la relevancia política de la sentencia que había de emitirse.

Hoy día en las Facultades de Derecho de nuestro país el Tribunal Constitucional es poco menos que un chiste sin gracia. Y en Catalunya, donde numerosos profesores universitarios y todos los decanos de Derecho han firmado un manifiesto a favor de la constitucionalidad del Estatut, el Alto Tribunal es más bien un enemigo. El daño es difícilmente reparable. Ni al más ingenuo se le puede engañar: las motivaciones de los magistrados sólo son jurídicas en tanto sea necesario juridificar la posición política previamente condicionada por el partido que les designó. El Tribunal Constitucional no ha resuelto jurídicamente un conflicto político, sino que ha resuelto ex ante (pese a su bochornoso retraso) y políticamente un conflicto jurídico. Tenía razón el profesor Shapiro, nuestro Tribunal Constitucional ha perdido buena parte de su poder efectivo, y probablemente su totalidad en Catalunya.

Sin enjuiciar la eficacia del aprendizaje memorístico, el mecanismo de la oposición garantiza un proceso de concurrencia extremadamente competitiva, presidido por la objetividad e imparcialidad en la elección de los aspirantes. El principio meritocrático en la función pública es sinónimo de una Administración Pública sometida al interés general y con vocación de servicio público.

Conviene invocar las ventajas de la burocracia profesional en momentos en que los medios de comunicación y buena parte del espectro político promueven campañas de desprestigio de “los funcionarios”. En ese discurso interesadamente populista subyace toda una ideología: la ideología. En efecto, la llamada Nueva Gestión Pública, que ya no es nueva -probablemente nunca lo fue- y jamás será pública, no es sino la plasmación en el ámbito de la gestión pública del paradigma neoliberal: promueve la laboralización del empleo público, lo que pone en riesgo la independencia del poder administrativo; su sometimiento a los intereses de la casta política; la precarización de las condiciones de trabajo y las oportunidades de negocio que genera la externalización.

A nadie debe extrañar que una de las medidas comunes en los planes anticrisis de varios países europeos sea la de recortar los salarios de los empleados públicos. En ese mismo sentido ha de entenderse la propuesta de reducir o congelar la oferta de empleo público, también llevada a cabo en nuestro país aun cuando el sector público carece de los funcionarios necesarios, como ha puesto de manifiesto Vicenç Navarro. El profesor Navarro también ha recordado, frente al dogma de los ajustes, la necesidad de estimular la economía a través de la creación de empleo público.

Literalmente congelados se han quedado los miles de opositores que estudiaban diez horas diarias con el objetivo de conseguir un empleo estable. Hoy ganaría en realismo la escena de un opositor desquiciado, cuchillo en mano, como el personaje que interpreta Fran Perea, intentando vencer desesperanzadamente al tijeretazo. Sin embargo, parece más probable que ese opositor acabe “cantando” con resignación aquello del “uno más uno son siete”, como el también músico Fran Perea, emulando el “dos y dos son cinco” del también dogmático Gran Hermano orwelliano. Cada vez es más difícil cuestionar la verdad dominante, que de verdad sólo tiene su dominio.