En las últimas semanas están aflorando iniciativas ciudadanas que pretenden influir en la vida pública. Es el caso del movimiento No les votes, que promueve un voto de castigo a los partidos políticos que apoyaron la Ley Sinde. Miras más amplias tiene la llamada Red de Convergencia Social, ideada por un grupo de intelectuales y otras personalidades, que, a través de mesas ciudadanas, ambiciona articular un gran movimiento ciudadano para defender una salida social a la crisis económica y plantear un modelo socioeconómico alternativo al neoliberal.
Parece que la ciudadanía comienza a reaccionar ante una crisis económica irresuelta de una magnitud sin apenas precedentes. La resignación comienza a dar paso al inconformismo, y en estos momentos cabría preguntarse si la decisión de los sindicatos de renunciar a la conflictividad ha sido acertada.
Pero es fundamental que el hartazgo de la ciudadanía, todavía en niveles moderados, se canalice a través de expresiones cívicas y democráticas, que fortalezcan la sociedad civil y enriquezcan el debate político. En contextos como el actual es fácil despertar sentimientos antipolíticos y servirse de las pasiones más bajas. En cualquier caso, es preocupante el creciente distanciamiento de la clase política para con la sociedad. Los partidos, imbuidos por la sempiterna ley de hierro de la oligarquía, están siendo incapaces de ilusionar y conectar con la ciudadanía más allá de sus clientelas.
El movimiento No les votes, aun con sus legítimas aportaciones, representa el riesgo de introducir posiciones políticas simplistas y meramente reactivas. La Red de Convergencia, por el contrario, se ha propuesto el difícil objetivo de construir alternativas serias y reflexivas. Y tan importante como su fondo son las formas elegidas, en clara oposición al deficiente funcionamiento de los partidos. El tiempo dirá si esta incipiente iniciativa se queda en un intento fallido y bienintencionado o, en cambio, se convierte en un influyente instrumento de participación.
A raíz del fichaje de Aznar como asesor de Endesa, se ha introducido en la agenda política el debate sobre el estatus institucional de los ex presidentes del Gobierno. Las iniciativas parlamentarias de BNG y UPyD están, a mi juicio, mal enfocadas. Se incide en la inconveniencia de que los ex presidentes continúen cobrando pensiones del Estado mientras perciben retribuciones millonarias procedentes del sector privado. Pero el problema real es otro: traspasar la puerta giratoria que separa el servicio público del negocio privado. Tanto Aznar como González están incurriendo en un grave conflicto de intereses al servir a empresas que tiempo atrás fueron reguladas por sus respectivos Gobiernos. Por tanto, la única solución pasa por endurecer el régimen de incompatibilidades de todos los cargos públicos, incluidos los ex presidentes. Los jarrones chinos estorban en los partidos, pero en la empresa privada dañan la democracia.
Hace casi un lustro, el escritor Luis Goytisolo publicó en el diario 
El pasado sábado el Gobierno declaró el Estado de Alarma como respuesta a la huelga encubierta llevada a cabo por los controladores aéreos. La determinación política del Gobierno ha recibido el respaldo de la opinión pública. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la actuación del Gobierno es más controvertida. En primer lugar, el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, en su disposición adicional segunda, posibilita el sometimiento de los controladores aéreos a la dirección del Ministerio de Defensa. Sabido es que el Tribunal Constitucional viene flexibilizando los requisitos del decreto-ley (para los profanos, simplificando, que el Gobierno en lugar del Parlamento apruebe una ley); ahora bien, cabe preguntarse respecto a la citada disposición, por un lado, si es suficiente la justificación del Gobierno, consistente en la necesidad de continuar un proceso de modernización de la gestión aeroportuaria y, a grandes rasgos, generar confianza en los inversores, para cumplir con la exigencia de extraordinaria y urgente necesidad; por otro lado, sobre la posible afección de los derechos, deberes y libertades de los controladores (artículo 86.1 de la Constitución). 
Se veía venir. Zapatero ha anunciado un nuevo plan de ajuste, o mejor dicho, de ajusticiamiento del Estado social: bajada de impuestos, privatizaciones, reducción de prestaciones, etc. Las medidas son la respuesta sumisa a los ataques de los especuladores contra la solvencia de la economía española, y cuentan con el plácet del nuevo supremo órgano consultivo: el G-37. Es claro que los mercados siguen detentando la soberanía.
Artículo 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas”.
Artículo 16.2 Constitución Española: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
El programa Erasmus, que consiste en otorgar becas para estudiar en universidades de otros países de la Unión Europea, es considerado una de las piezas claves de la construcción cultural europea. En España, además, sirve como solución al déficit de aprendizaje de idiomas, problema indeseable, sin duda, pero a veces dramatizado en exceso por una suerte de complejo histórico que roza la paletada. El discurso oficial ha sacralizado las ventajas de dicho programa, pero quienes conocen la realidad saben que estas becas constituyen un foco de inequidad y una vía para aprobar sin esfuerzo. Mutatis mutandi, los funcionarios ya tienen su propio programa Erasmus, si bien todavía se halla en estado embrionario. Mucho suele hablarse, también, de la vergüenza nacional que supone que ningún presidente de la restaurada democracia sepa hablar inglés. Resulta cuanto menos llamativo que el catalán, el gallego y el euskera representen una afrenta inadmisible al castellano y a la libertad de los españoles dentro de nuestras fronteras, y que al cruzarlas sólo quepa arrodillarse ante la indiscutible lengua superior. Pero, como no oso eludir esta grave carencia de nuestra clase política, propongo una medida constructiva: un programa Erasmus para presidentes. Zapatero podría ir a Francia, allí no le sería difícil zafarse de las críticas contra la expulsión de gitanos. Merkel le sustituiría como penitencia por sus ataques a la solvencia de la economía española. En Alemania, sugiero a Berlusconi, para ver cómo reaccionan sus ciudadanos ante el fascismo en el siglo XXI, toda vez que Italia ha superado la prueba. En cuanto a la política económica no habría mayores problemas, puesto que el lenguaje es universal, unificado por la Real Academia de los Mercados, con sede en Bruselas. Recientemente leí que aprender idiomas es un remedio preventivo del alzheimer. Quizás así nuestros líderes no olviden aquello de la salida social a la crisis, ni el viejo recuerdo del Estado de bienestar.
Históricamente, el conflicto entre capital y trabajo ha sido soslayado por el discurso nacionalista. En la reciente crisis económica, los poderes fácticos han intentado distraer la atención señalando a funcionarios, sindicalistas o gitanos. Un nueva línea de manipulación sugerida por esos poderes (sus altavoces, los medios de comunicación, y su rehén, el Gobierno, afectado por el Síndrome de Estocolmo) consiste en convertir la cuestión social en un conflicto intergeneracional. Así, la reforma laboral se haría para crear empleo juvenil, y la oposición a aquélla derivaría de clases acomodadas que ven peligrar sus puestos de trabajo frente a una generación de jóvenes más preparados. La inminente reforma de las pensiones tendría como objeto salvaguardar la protección social para los trabajadores más jóvenes. Se acusa a los sindicatos y trabajadores de no tener altura de miras, de mantener un discurso egoísta por cortoplacista.
Recuerdo hace un par de años que, en los días previos a las elecciones generales, bromeaba entre socialistas con mi deseo de que el Partido Popular ganara las elecciones. Aducía, claro está, que ello era lo mejor que le podía pasar al Partido Socialista. En esos días previos, a pesar del párpado infectado de Solbes, todos pudimos ver lo que después vino.
La celebración de elecciones primarias en el PSOE madrileño es saludable en tanto que contribuye a democratizar el Partido. Sin embargo, también pone de manifiesto la peor acepción de la política. ¿En qué difieren los programas políticos de ambos candidatos? En nada. No se contraponen aquí dos visiones distintas del socialismo ni dos estrategias políticas para ganar la Comunidad de Madrid. Se trata de una lucha del poder por el poder, un conflicto entre dos hordas que pertenecen a una misma casta. En cualquier caso, en esta batalla, como en casi todas, hay una parte débil. Y ese papel lo representa Tomás Gómez. Parece poco ético filtrar una encuesta a un medio afín para favorecer a la candidata oficialista del aparato estatal del Partido. Intentan presentar a Gómez como un candidato derrotado de antemano, ignorando su palmarés de inmaculadas victorias y que Trinidad Jiménez ya conoce la derrota en el Ayuntamiento de Madrid. Utilizan el agujero de la memoria para olvidar que Gómez representaba la renovación y el impulso necesario para ganar Madrid, como creía y había pronosticado Zapatero, quien le aupó no demasiado tiempo atrás. En este proceso de manipulación, los medios de comunicación también cuentan a la hora de presentar la contienda, como bien recordará Josep Borrell. ¿Es creíble que una simple encuesta pueda servir para desterrar a un líder emergente como Gómez? Entre otros recelos, quizá Zapatero, cuestionado en plena crisis, no quiere a un compañero que, de ganar la Comunidad de Madrid, se postularía como un sucesor que podría eclipsarle. Prefiere por ello utilizar un comodín que asume su rango de gregaria de la Nueva Vía, aunque también tenga cualidades para la política del marketing. El Maquiavelo de León es un experto a la hora de eliminar la competencia. El socialista de base debería estar alerta ante tanta manipulación y, en todo caso, exigir un debate ideológico y programático en lugar de una lucha cainita por el poder. Los ciudadanos lo agradecerían.
Hace un par de años hubo quien predijo el fin del capitalismo o, al menos, de una de sus versiones más radicales. Numerosos analistas de izquierdas se felicitaban por la inminente refundación del capitalismo. Sin embargo, el tiempo les ha quitado la razón. La reacción de los poderes económicos a través de sus instituciones supranacionales y los grandes medios de comunicación ha revitalizado las políticas económicas de derechas: regresividad fiscal, reducción del gasto público, recortes sociales y precarización de las condiciones de trabajo. ¿Había motivos para predecir lo contrario? Parece que no. La desigualdad de fuerzas entre el capital y el trabajo permite paliar cualquier síntoma de fracaso del sistema. Y la izquierda, ¿qué hace? De entrada, se empeña en combatir en vano el neoliberalismo. A mi juicio, no se ha comprendido la lección práctica más importante de estos últimos años, predicha siglos atrás. La derecha, los mercados, los neoliberales, los neoconservadores, o como se quiera llamar a ese conjunto de actores que detentan el poder real, no es fiel a la ideología neoliberal, por más que esa ideología pretenda ser el reflejo de unos determinados intereses económicos. Podemos perder el tiempo criticando la desregulación de la economía mientras se nacionalizan, literalmente, las millonarias pérdidas de esos agentes privados.
Recuerdo un artículo de Manuel Alcántara, 
Dice el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que sobran estudiantes universitarios. Un diagnóstico que llega en plena implementación del Proceso de Bolonia, cuyos mejores críticos denuncian, entre otras cosas, precisamente la elitización de la universidad. Lograr una adecuación entre la formación libremente elegida y la posterior ocupación laboral parece un objetivo deseable. Primero, para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Segundo, para maximizar la eficiencia de los sistemas educativo y productivo.Pleno8renovacion.jpg)
El profesor Martin Shapiro ha escrito, en referencia al Tribunal Supremo estadounidense, que “si el mito del Tribunal se destruyese en las Facultades de Derecho, el Tribunal perdería poder efectivo”. Se trata de una afirmación que refleja a la perfección la necesidad de legitimidad y consenso en torno al órgano que debe garantizar la supremacía de la Constitución.
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