En tiempos en los que el desempleo constituye el principal problema para la ciudadanía, se multiplica el papel de intermediación laboral de las instituciones públicas. A través de una de éstas, un despacho profesional trasladó recientemente una oferta de trabajo para, previa beca, contratar a una abogada, excluyendo expresamente a los hombres del perfil profesional requerido.

El tema de la discriminación de género es tan complejo como polémico. Es pan de cada día que opiniones que comparten un resultado se apoyen en argumentaciones opuestas (machistas o igualitaristas) y, viceversa, que idénticos planteamientos generen respuestas contradictorias, como, por ejemplo, la llamada discriminación positiva en el movimiento feminista.

Así las cosas, la oferta de una beca para una abogada mujer puede suscitar muy diversas interpretaciones, pero sólo una resulta válida si lo que queremos es ver el bosque más allá del árbol. En primer lugar, se trata inicialmente de una beca, es decir, un puesto de trabajo precario y carente de responsabilidad. Este dato resulta fundamental, ya que lo que se ofrece no debe considerarse un beneficio o privilegio en el contexto del mundo laboral. Así, si alguien pensara que la empresa está privilegiando a las mujeres mediante una política de contrataciones basada en criterios de igualdad de género y discriminación positiva, no podría estar más equivocado. La desigualdad de género se manifiesta en los puestos directivos o de responsabilidad, en ámbitos de poder, donde el hombre sigue ejerciendo una auténtica dictadura de género. Tampoco puede incluirse a la abogacía dentro de las profesiones técnicas (ingenierías…), en las que existen profundas discriminaciones arraigadas en diferentes roles sociales.

En suma, no se trata de discriminación positiva porque no hay un obstáculo previo que remover: en la abogacía los hombres y las mujeres se inician con las mismas dificultades. Una vez que es palpable la ausencia de una motivación de fomento de la igualdad, la decisión empresarial de excluir a los hombres de entre los candidatos al puesto sólo puede considerarse sexista, lo que, según el DRAE, significa que discrimina a las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Pero, ¿qué sexo se considera inferior? A priori parecería que el masculino, pero no es así. Me arriesgo a decir que en la decisión de la empresa subyace un trasfondo profundamente machista: un estereotipo que concibe a la mujer bajo el sometimiento del hombre (los propietarios de las empresas que hacen las ofertas son hombres), con un perfil de mayor diligencia, en el sentido de mayor obediencia, y una mejor imagen para “vender productos”; en definitiva, un rol que conecta con las necesidades de un puesto de trabajo precario.

Sólo así puede explicarse que estas empresas renuncien a contrastar los méritos y capacidades del conjunto de mujeres y hombres que podrían optar al puesto de trabajo en cuestión. Huelga decir que las mujeres están igual o mejor preparadas que los hombres, pero sólo los prejuicios antedichos motivan la exclusión previa de los hombres en el proceso selectivo.

Este tipo de discriminaciones deberían ser perseguidas por todos los poderes y organismos públicos, y hay instrumentos jurídicos para hacerlo. Pero también deberían ser condenadas por  la sociedad, por cada uno de nosotros, en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y especialmente en el ámbito de la abogacía, si es que de verdad queremos avanzar en una sociedad más igualitaria, justa y democrática.