La realidad tiene prisa. La inmensa mayoría de las noticias pasan desapercibidas incluso para los más adictos a la información. Periodistas, políticos, tertulianos, blogueros…, todos los operadores del gran teatro de la información enjuician las ocurrencias de sus homólogos sin demasiada reflexión, condicionados por sus prejuicios personales, sociales e ideológicos y los intereses creados. La actualidad se mira, a lo sumo, de reojo, pues no hay tiempo para ver más allá de lo aparente.
Leo: “Las ópticas de Castilla y León realizarán pruebas oficiales a los pacientes derivados del SACYL”. Se trata de la propuesta estrella de la Junta para reducir las listas de espera en oftalmología, que ha recibido aplausos y elogios de los pocos opinantes que han optado por echar un vistazo a la noticia; una medida positiva en la medida de su limitada trascendencia. He aquí una prueba de nuestra deficiente agudeza visual.
Pongámonos ahora unas lentes de contacto con realidad aumentada. En verdad, vemos que la Junta de Castilla y León se ha limitado a seguir el protocolo de privatización de servicios públicos. Primero, proveer un mal servicio público (listas de espera). Segundo, externalizar el servicio que tan mal funciona para ahorrar costes (negocio para las ópticas). Tercero, garantizar la eficiencia del sector privado mediante la provisión pública de los servicios no rentables (oftalmólogos al rescate). Vemos que la Junta incurre en un ejercicio de miopía jurídica, ignorando la ejemplar sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008 (Sala 3.ª) sobre un convenio similar en Andalucía. Vemos, también, el astigmatismo crónico de la izquierda invisible.
Artículo 2 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas”.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo [COM(2006) 208 final]: “Las universidades deberían asumir una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo”.
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