Recuerdo un artículo de Manuel Alcántara, El destino de los Elefantes, publicado en el diario El País -un artículo, por cierto, que fue criticado con dureza por el también Catedrático Bartolomé Clavero-. En el artículo, el profesor Alcántara constata la escasez de estudios sobre el destino de los políticos una vez abandonan sus cargos electos, y, posteriormente, acaba reprochando la tendencia a la reelección indefinida de los políticos en el subcontinente americano. Desconozco si alguien ha recogido el guante y ha llevado a cabo esas labores de investigación, sin duda oportunas desde un punto de vista académico y necesarias en una sociedad democrática.

Sin pretensión alguna de acometer dicho estudio, creo necesario realizar algunas reflexiones en estos breves y humildes párrafos. En primer lugar, la polémica cuestión de la reelección indefinida no debe situarse en el mismo plano que el posterior desempeño de determinadas actividades privadas por parte del alto cargo. La primera cuestión constituye una opción institucional, con sus pros y sus contras, pero con trascendencia, sobre todo, en el ámbito de la rendición de cuentas y, por tanto, de la calidad de la democracia. El político que no se presenta a las siguientes elecciones puede ser tan o más problemático que el gobernante que se acomoda legislatura tras legislatura en el poder, pues el electorado no tiene la posibilidad de controlar su gestión.

Sin embargo, la cuestión del político que recala en el sector privado se inserta, a mi juicio, en el plano de la ética pública, los conflictos de intereses y la corrupción política. En España, siendo el legislador consciente del problema, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, establece algunas limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos. Estas disposiciones son insuficientes de por sí (por ejemplo, su alcance se limita a los dos años inmediatamente posteriores al cese, y su ámbito de aplicación se reduce a la Administración General del Estado), pero uno duda incluso de su cumplimiento. Hace unas semanas, los medios de comunicación informaban de que Bernat Soria había recibido el encargo de realizar un informe sobre el sector farmacéutico, financiado por Abbott; pero, al parecer, ningún medio se preocupó de saber si el Ministerio de Sanidad, entonces con Soria al frente, había adjudicado contratos a esa misma empresa. Se incumpliría así el artículo 8 de la ley de conflictos de intereses, sin que quien escribe tenga constancia de consecuencia jurídica o política alguna.

La lista es interminable. Sin utilizar ningún buscador, es fácil recordar los casos más o menos recientes de Zaplana, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Jordi Sevilla, José María Aznar y otros muchos representantes, también fuera de nuestras fronteras e incluso en nuestro cercano ámbito universitario, que dieron el salto de la política a las grandes empresas y otras entidades privadas. Aumentar el control de las incompatibilidades posteriores al cese de los políticos es imprescindible para mitigar la preponderancia de los poderes económicos, prevenir la corrupción política y, no menos importante, transparentar la cosa pública. No sería bueno acostumbrarse a la percepción ciudadana de que en política “se está para forrarse”, frase erróneamente atribuida a Zaplana, pero que, con el paso de los años, él mismo se encargó de ejecutar.