El profesor Martin Shapiro ha escrito, en referencia al Tribunal Supremo estadounidense, que “si el mito del Tribunal se destruyese en las Facultades de Derecho, el Tribunal perdería poder efectivo”. Se trata de una afirmación que refleja a la perfección la necesidad de legitimidad y consenso en torno al órgano que debe garantizar la supremacía de la Constitución.

En España, con la polémica -plurianual- del Estatuto de Catalunya se ha erosionado la convivencia política; pero, sobre todo, se han debilitado las instituciones del Estado. Sin duda, el proceso de aprobación e impugnación del Estatut ha complicado el encaje de Catalunya en España y ha deteriorado la salud del Estado de las Autonomías. La difusa frontera entre las posibilidades constitucionales de descentralización y las aspiraciones políticas de la nación (dicho sea sin eficacia jurídica) catalana ha desaparecido, y comienza a brotar un muro de desentendimiento tras el que se contempla el horizonte de la independencia.

De la consecuente maraña de poses políticas protagonizadas por el Gobierno, el Partido Popular y las fuerzas políticas e instituciones catalanas, cabe concluir que nadie ha ganado nada y todos han perdido un poco. Pero más allá de la cuestión territorial, en este proceso de despropósitos la derrota sí ha sido abultada para el Tribunal Constitucional y, por ende, para el Estado Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha echado por tierra todo su prestigio, y éste no era baladí. No sólo por su función de defensa de los valores y la legalidad constitucionales, sino también por su contribución al establecimiento y consolidación de la democracia. Es sabido, y para muestra, el botón del reciente caso Garzón, que la transición en el poder judicial no se ha culminado, o al menos no con éxito. La ausencia de democratización del poder judicial se superó, en cierta medida, a través de la jurisprudencia ciertamente progresista y garantista del Tribunal Constitucional, cuyo prestigio sólo era comparable al de sus magistrados, no sin algunos problemas ni determinados episodios lamentables, claro está.

La ausencia de renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, en situación de interinidad desde casi tres años, varias recusaciones planteadas (de las que sólo se admitió una) y una ley de caso único para prorrogar la presidencia del Tribunal por parte de María Emilia Casas conforman una situación esperpéntica y condicionada por la relevancia política de la sentencia que había de emitirse.

Hoy día en las Facultades de Derecho de nuestro país el Tribunal Constitucional es poco menos que un chiste sin gracia. Y en Catalunya, donde numerosos profesores universitarios y todos los decanos de Derecho han firmado un manifiesto a favor de la constitucionalidad del Estatut, el Alto Tribunal es más bien un enemigo. El daño es difícilmente reparable. Ni al más ingenuo se le puede engañar: las motivaciones de los magistrados sólo son jurídicas en tanto sea necesario juridificar la posición política previamente condicionada por el partido que les designó. El Tribunal Constitucional no ha resuelto jurídicamente un conflicto político, sino que ha resuelto ex ante (pese a su bochornoso retraso) y políticamente un conflicto jurídico. Tenía razón el profesor Shapiro, nuestro Tribunal Constitucional ha perdido buena parte de su poder efectivo, y probablemente su totalidad en Catalunya.