El diario The Guardian ofrece datos preliminares de un informe encargado por Naciones Unidas para evaluar el daño ambiental generado por las 3.000 empresas más grandes del Mundo. De acuerdo con el informe, que según el diario se publicará en verano, el valor total del daño asciende a 2,2 billones de USD anuales. Con seguridad será un informe interesante, aunque siempre es recomendable leer las evaluaciones de daños con un cierto espíritu crítico dados los enormes problemas metodológicos que conllevan. Mientras llega, la frase que el diario pone en boca de Richard Mattison, director del informe, cae en un par de errores típicos en la aplicación del concepto de traslación de impuestos y en la interpretación del principio “quien contamina, paga”:
It’s going to be a significant proportion of a lot of companies’ profit margins. Whether they actually have to pay for these costs will be determined by the appetite for policy makers to enforce the ‘polluter pays’ principle
En realidad, si se aplicara el principio “quien contamina, paga”, la mayor parte de los costes ambientales se trasladarían a los consumidores finales de los productos, al igual que sucede con la mayor parte de la carga impositiva, por lo que el efecto sobre los beneficios de las empresas no sería tan grande. No se trata, por tanto, del apetito de los políticos por aplicar el principio “quien contamina, paga”, sino de sus ganas de seguir ganando las elecciones ante unos votantes que podrían no apreciar las virtudes de los impuestos ambientales.
Para la reflexión: ¿Es coherente que si se aplica el principio “quien contamina, paga” sean los consumidores finales quienes paguen el coste ambiental de la contaminación?
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