Ilustración 1: sordociego presidiendo por primera vez una mesa electoral en Tenerife. “La Vanguardia”

Tras la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en sus preceptos B y C del artículo 3, mediante la cual eliminaba la restricción al voto para personas con diversidad funcional, (la teoría) hemos visto como ha afectado dicha eliminación de la restricción, en los dos procesos electorales que hemos tenido recientemente, (la práctica).

En general el balance ha sido positivo. Mas de 100.000 personas con diversidad funcional han podido ejercer su derecho de sufragio activo, y también pasivo.

Como en todo lo que comienza, como es el reconocimiento de este derecho, han surgido hechos significativos que ponen de manifiesto cierta improvisación y falta de planificación en el reconocimiento de este derecho reconocido en el artículo 29 de la Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) del año 2006.

En cuanto al derecho de sufragio pasivo, han sido noticia el hecho significativo sobre la posible manipulación en algún lugar específico, como fue noticia el pueblo avilés de Gotarrendura, donde hay una clara sospecha sobre un centro para personas con discapacidad, el centro Villa Santa Teresa[1].  En este municipio, el aumento de votantes de VOX correspondería al mismo numero de votantes añadidos al censo que llegaron a la residencia, y según algún medio, las mismas monjas acompañaron a las personas a votar, pudiendo interferir en su voto.

También hemos visto el caso en el que se he hecho ser vocal de una mesa a una persona con un 90% de discapacidad[2], sin ningún tipo de apoyo y sin tener en cuenta que no contaba con capacidad para hablar ni para relacionarse. Planteaban reclamar legalizar el voto delegado para estos casos, extremo que vulneraria todos los principios básicos de la democracia, a no ser que pueda ser expresado de alguna forma o mediante el medio de apoyo necesario.

Referente al derecho de sufragio pasivo, nos encontramos con que de las trece personas con diversidad funcional que se presentaban a las elecciones municipales, ni uno ha llegado a obtener el puesto de concejal en los respectivos municipios en los que se presentaban[3]. Esto es claro que se debe a que la posición en las listas no era la optima para salir, sino solo como mero símbolo, lo cual, desde las asociaciones de personas con diversidad, no vale, ya que muchos tenían gran ilusión por salir y debido a estar mal situados en las listas no han podido lograr su objetivo. De hecho, desde algunos estudios sobre el tema, se ha llegado a plantear la defensa de una cuota obligatoria para personas con diversidad funcional de un 10%[4].

Como hemos visto, son casos puntuales y no la regla general. Pero no dejan de ser problemas derivados de la nueva modificación legal que no esta cerca de ser perfecta. El legislador español meramente se ha dedicado a suprimir la restricción al derecho de sufragio activo y pasivo, (que ya es un paso significativo), pero todo ello no sirve de nada si no viene acompañado de medidas de apoyo necesario ni de ayudas para lograr ejercer tal derecho en condiciones de igualdad con el resto de la población y cumpliendo así con el nuevo paradigma del derecho internacional y el CDPD.

Hemos logrado un gran avance en la inclusión de las personas con diversidad funcional y una notable mejora de nuestra democracia, haciéndola mas plural y representativa. Pero esto no es suficiente, hay que seguir luchando por una legislación que logre una integración y normalización de la diversidad de manera real, efectiva y en el menor tiempo posible.  Lograr un objetivo debe ser el principio de algo, no el fin. Por ello no podemos darnos por satisfechos por la retirada de la restricción al sufragio, sino que hay que luchar por la plena inclusión también en este ámbito. Tenemos cuatro años por delante hasta las próximas elecciones, cuatro años de lucha para lograr un sistema de apoyos, que garantice un pleno desarrollo del derecho de sufragio.

Alejandro Martín Sánchez

Alumnos de la Clínica Jurídica de Acción Social.

Línea de Discapacdad y Dependencia