El 15 de octubre de 2019 se cumplirán 42 años de la aprobación por las Cortes españolas de la conocida como Ley de Amnistía, sin duda una de las leyes más controvertidas de nuestro ordenamiento jurídico y en gran medida sintomática del modo en que España ha decidido abordar su pasado más reciente. Una ley profundamente condicionada por el contexto histórico, político y social del momento de su aprobación, cuyo objetivo último siempre fue vaciar las cárceles franquistas de presos políticos encerrados por el régimen, a fin de poder encarar la nueva etapa democrática que se abría, en una España en la que cupiesen todos los españoles. Una ley que debía suponer un punto de inflexión ante los crímenes de la dictadura, restableciendo el Estado de Derecho en un país aún con miles de encarcelados por no comulgar con la ideología oficial nacionalcatólica.

No obstante, lo que en un inicio se empleó para instaurar la legalidad democrática, no tardó en convertirse en un “olvido de todos y para todos”, en palabras de Xabier Arzalluz, parlamentario del PNV y que intervino en aquella sesión. Porque lo que originalmente se había articulado como una ley para invalidar las injusticias del régimen, acabó convirtiéndose en la más valiosa arma para defender y justificar los crímenes del franquismo. Esta norma, llevada a las Cortes Generales por los partidos de izquierda – fue impulsada por el PCE – y precisamente con la oposición de Alianza Popular, que se abstuvo, es usada a día de hoy como argumento infranqueable por quienes se oponen a investigar las actuaciones de cuarenta años de dictadura. La clave de todo ello se encuentra en las últimas líneas del artículo 2 de la ley, donde se declara que quedarán amnistiados “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.

Se establece, por tanto, una impunidad para todos aquellos colaboradores del régimen, que amparándose en el aparato estatal franquista cometieron detenciones ilegales, torturas, secuestros o asesinatos contra aquellas personas contrarias a sus intereses. Crímenes de lesa humanidad perpetrados a lo largo de cuatro décadas desde las propias instituciones no pueden ser investigados, al amparo de una ley que viene siendo muy cuestionada por las instituciones internacionales y europeas. A lo que hay que añadir todo tipo de expropiaciones, robos, destierros y demás delitos económicos con el que el régimen siguió hostigando al bando de los vencidos, favoreciendo a una élite afín al franquismo cuyo patrimonio no puede ser investigado hoy por ningún juez o Tribunal español.

La injusticia que conlleva esta ley, obstaculizando el acceso a la justicia a quienes fueron víctimas de la represión franquista, es más que evidente. Por ello resulta revelador observar los pocos esfuerzos que desde las instituciones se hacen para revertir la Ley de Amnistía. Tanto el PP como el PSOE rechazaron, en julio de 2011, una proposición de Ley del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados para modificar esta norma. En diciembre de 2016, la Comisión de Justicia rechazó, esta vez con los votos de PP y Ciudadanos, la proposición no de ley para reformarla en sede parlamentaria. Sin embargo, quizás tenga mayor trascendencia la numerosa jurisprudencia que se ha generado cada vez que la sociedad civil española ha intentado encausar los crímenes del franquismo. Todas las resoluciones judiciales invocan la Ley de Amnistía como argumento incuestionable, aludiendo “a la falta de competencia objetiva” de la judicatura, y escudándose en que “la idea de la transición, tan alabada nacional e internacionalmente, fue la de obtener una reconciliación pacífica entre los españoles, y tanto la Ley de Amnistía como la Constitución fueron importantes hitos en ese devenir histórico” (Sentencia del Tribunal Supremo sobre el “Caso Garzón”).

Manteniéndose en este inmovilismo, España no solo está eludiendo su responsabilidad con las víctimas de la dictadura, sino que también desoye a las numerosas Organizaciones internacionales que sostienen que dicha Ley no se adecúa al derecho. Sin ir más lejos, contradice el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (suscrito por nuestro país precisamente en 1977), que proclama la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

No se niega que en el momento de la aprobación de la Ley España viviese un periodo político y social tremendamente delicado, y que el fenómeno de la Transición se basase en buscar consensos y hacer concesiones por parte de todas las fuerzas políticas. La Ley de Amnistía fue una herramienta útil en una etapa histórica en la que se necesitaba avanzar hacia un pacto común y crear un Estado democrático sólido desde las bases de una dictadura. Es indudable que la inestabilidad de aquellos años imposibilitó llevar a cabo reformas de gran calado, acabar con el régimen desde sus cimientos. Pero tampoco se puede negar que en la actualidad el espíritu de esta Ley se ha pervertido, dando lugar a una anomalía democrática en la que se permite que quienes cometieron crímenes al amparo del aparato estatal gocen aún de total impunidad. No se trata tampoco de “reabrir viejas heridas”, como se acostumbra a decir desde ciertos sectores, sino justamente de abordar desde la ley y con serenidad democrática el proceso de reparación hacia quienes durante tantos años han sido ignorados.

Llevar a cabo esta tarea requiere únicamente de voluntad política, de afrontar sin temores pero sin prejuicios este periodo de nuestra Historia del que todavía muchas personas sufren las consecuencias. Porque no hay que olvidar que detrás de la política en abstracto se encuentran hombres y mujeres reales con nombres y apellidos, y con historias y vivencias personales y  con cuyas tragedias tenemos una deuda como sociedad.  Aunque quizás nos resulte más fácil guiarnos por el pragmatismo de Arzalluz, cuando en aquella jornada dijo: “la reconciliación no debe admitir ningún protagonismo. Para nosotros la amnistía no es un acto que atañe a la justicia o a la equidad. Atañe a la política”.

Es por ello que la situación en la que se encuentra nuestro país no podrá cambiar de la noche a la mañana, con una mera reforma menor. Es necesario un gran cambio legislativo que de una vez por todas elimine los resquicios franquistas de España.

Podríamos preguntarnos, no obstante, a  qué se debe este inmovilismo político las respuestas pueden ser variadas, todas válidas porque no sabemos la verdadera. En nuestra opinión consideramos que es un simple, y a la vez temeroso, respeto a la idealizada Transición. La idea de que en la Transición se hizo todo bien ha hecho muchísimo daño a nuestra vida política y social actual. En las cúpulas políticas de las últimas décadas se ha considerado una falta de respeto cuestionar cualquier movimiento de la transición. Dejar atrás todo lo acontecido en la Guerra Civil y el posterior régimen franquista que condicionó gran parte del siglo pasado en nuestro país es totalmente necesario para avanzar.

Y de la única manera que conseguiremos avanzar es olvidarnos de banderas y bandos, remando en una única dirección que es la de conseguir de una vez por todas la justicia que no se consiguió en la década de los 70.

Esto pasa por conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Histórica en toda la geografía española, la eliminación de nuestro sistema de la Ley de Amnistía, una modificación efectiva de la legislación que desarrolla el derecho de asociación para que no se constituyan fundaciones y/o asociaciones que manchen la democracia y el constitucionalismo defendiendo ideas franquistas y totalitarias de manera “camuflada”.

Solo así dejaremos atrás de una vez por todas los restos, en el más amplio sentido de la palabra – no hay más que ver lo que está pasando alrededor del Valle de los Caídos- que ha dejado el franquismo en nuestro país y que nos lleva lastrando durante generaciones y generaciones.

Hemos repetido constantemente la palabra avanzar a lo largo de este ensayo, y es que como dijo H.G. Wells, conocido historiador británico, “Si no terminamos con la guerra, la guerra terminará con nosotros”; llevado a nuestro caso, si no cerramos las heridas provocadas por el franquismo en nuestro país, los restos de él terminará con nosotros y la paz social de nuestro país.

                  Rodrigo Valera Herrador & Pablo Lorenzo Carracedo

Alumnos de la Línea de Memoria Histórica de la Clínica Jurídica de Acción Social

Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Administración Pública