Historia de las Universidades. Universidades de Castilla (y León)
Universidades de distrito y régimen de autonomías. El centralismo liberal
Las reformas ilustradas del siglo XVIII culminaron en el llamado Plan Caballero de 1807, que pretendía aplicar un modelo uniforme a todas las universidades de la Monarquía. Además del control estatal, quedaba reforzada la figura del rector y se concentraban poderes en los claustros de catedráticos. Ese mismo año se suprimieron muchas de las llamadas universidades menores, es decir, las instituciones académicas de proyección más localista; en parte por su excesivo número, y por el deterioro académico y la penuria económica de muchas de ellas. Y es curioso observar que la función anteriormente cumplida por estas universidades menores, en el ámbito regional, fuera transferida y multiplicada con la consolidación de los llamados institutos de segunda enseñanza, como luego veremos. Simbólicamente, entre 1836 y 1841, los edificios y bienes de aquellas universidades pasaron a éstos.
Mientras tanto, se suceden alternativas de reformas liberales y restauraciones absolutistas, al ritmo de las oscilaciones políticas generales. Y en medio de este tejer y destejer se van desmoronando, progresivamente, las bases estructurales de las universidades tradicionales. En 1837 desaparecen los diezmos eclesiásticos, que constituían su fuente de financiación; y, por el plan de 1838, quedaba establecido que dichas universidades se financiasen a partir de los derechos de matrícula y académicos, así como de cantidades otorgadas por los presupuestos generales del Estado. Desaparecen, también, los privilegios jurisdiccionales, y, en general, se va imponiendo paulatinamente la política educativa liberal, según normativas centralizadas, emanadas y difundidas desde Madrid. De este modo, pasamos de la universidad del Antiguo Régimen, autónoma en lo financiero y organizativo, a la Universidad liberal, uniforme, rama de la administración del Estado y con un profesorado funcionario. Los estudios eclesiásticos se diluyen, y el alumnado pasa del manteo a la levita.
Esta nueva universidad contemporánea va a construirse sobre los proyectos liberales moderados: sobre todo el plan Moyano (1857), que ya se prefijaba en el Plan Pidal (Gil de Zárate) de 1845. En estos planes, como hemos señalado, se separaba una enseñanza, llamada media, de la propiamente universitaria. Como consecuencia, se crearán institutos provinciales de segunda enseñanza. En Castilla y León aparecen en Ávila (1848), Burgos (1845), León (1844), Palencia (1845), Salamanca (1845), Segovia (1845), Soria (1845), Zamora (1846) y Valladolid (1857). Surgen como consecuencia de la Ley Pidal, y se estructuran a partir de esquemas y asignaturas de la antigua facultad universitaria de Artes. Y, en medio de estos cambios, la facultad de Teología era suprimida por decreto de mayo de 1852; aunque esta disposición no fuera aplicada hasta la supresión definitiva en 1868, tras la “Gloriosa” revolución.
La universidad liberal quedó definitivamente asentada con las leyes de Claudio Moyano (1857), ministro que había sido anteriormente profesor y rector de la Universidad de Valladolid. Podemos considerar algunas peculiaridades del nuevo marco legal. En principio, las universidades quedaban dependientes del Ministerio de Fomento, a través de una Dirección General y un Real Consejo de Instrucción Pública. El rector pasa a convertirse en una figura política de designación ministerial. Se consolida, asimismo, un cuerpo de catedráticos funcionarios, de rango nacional y a partir de oposiciones centralizadas. Se ratifican los institutos de segunda enseñanza, los cuales otorgarían el título de bachiller en Artes, tradicionalmente concedido por la facultad de este nombre. Quedan establecidas, además, seis facultades superiores: filosofía y letras; ciencias exactas, físicas y naturales; farmacia; medicina; derecho; y teología.
Otra peculiaridad de la Ley Moyano, que posee una directa incidencia en el tema que nos ocupa, fue la organización de las universidades en diez distritos o ámbitos territoriales propios. Un distrito central (Madrid) predominante, en el que se impartirían todos los estudios hasta el grado de doctor, y que serviría de modelo y atracción para las restantes universidades de provincias. Los otros distritos correspondían a las universidades de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Como puede observarse, el papel hegemónico tradicional de Salamanca, Valladolid y Alcalá, ha pasado a concentrarse en Madrid que, sustituyendo a Alcalá, mantiene también la influencia de ésta sobre Castilla la Nueva. En este contexto peninsular, la etapa liberal supone, por lo tanto, una nueva regionalización de las universidades castellanoleonesas. La provincia de Segovia aparece dependiente del distrito madrileño. El de Salamanca queda reducido a las provincias de Zamora, Ávila, Cáceres y la propia Salamanca; mientras que Badajoz se vincula a Sevilla. La provincia de León se integra en el distrito de Oviedo. Por su parte, el de Valladolid agrupa las provincias de Palencia, Burgos, Santander y las tres Vascongadas. Logroño y Soria pasan a formar parte del distrito de Zaragoza. A pesar de todo, las universidades de Valladolid y Salamanca mantienen una cierta importancia relativa, situadas en una región (Castilla/León) que hacia 1900 suponía el 12,4% de la población española.
Estos marcos jurídicos uniformes intentarán renovarse con la ley César Silió de 1919, que suponía el reconocimiento de mayor autonomía administrativa para las universidades. Se trataba de modificar el modelo centralista decimonónico; pero el proyecto quedó suspendido con el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera.
Posteriormente, se promulga la Ley de Ordenación Universitaria de julio de 1943, la cual mantendría su vigencia hasta la de Villar Palasí en 1970. Tras las oportunas depuraciones, la universidad quedó vinculada a las ideologías dominantes del nacional-catolicismo tradicionalista, la Falange y los principios del Movimiento. Los poderes se concentraron en el rector, nombrado desde el Ministerio, y que debía ser catedrático y militante de Falange. La rigidez administrativa, el control y la jerarquía constituían la norma. Y, por lo que respecta a los aspectos docentes, la Ley de 1943 estableció una nueva facultad, la de “ciencias políticas y económicas”.
En esta etapa, finalmente, cabe referirse a la restauración de una Universidad Pontificia en Salamanca, con el fin de acoger estudios eclesiásticos de teología y derecho canónico. Fue inaugurada en 1940 y, en 1963, sus grados eran reconocidos oficialmente por el Estado. Se trataba de la primera universidad privada en el ámbito contemporáneo de Castilla y León.
Declive de Salamanca clásica y afianzamiento de Valladolid
Salamanca, símbolo universitario del Antiguo Régimen, pierde sus referencias gloriosas durante la etapa liberal. A lo largo del siglo XIX no pasará de representar una evocación nostálgica, y a partir de los inicios del novecientos se va trabajosamente reconstruyendo con el tono de una universidad de provincias. Sin atender al peso histórico de su pasado, Salamanca pasó a constituir uno más de los diez distritos que se configuran de nuevo cuño. Será Madrid, y su Universidad Central omnipresente, la que sustituya a la Salámanca clásica; y la capital del Reino y su universidad se convierten en el punto de referencia de la vida académica y científica del siglo XIX.
En los aspectos institucionales, el rector tradicional se transforma en una especie de delegado del gobierno central, designado por el Ministerio correspondiente. A partir de él se establece la jerarquía universitaria, de arriba abajo, por designación y propuestas rectorales, desapareciendo así cualquier concesión a organizaciones electivas. Al mismo tiempo, queda establecido un cuerpo nacional de catedráticos-funcionarios por libre oposición. Y, en esta atmósfera, conviene destacar la eficaz labor de consolidación institucional llevada a cabo por el rector Mamés Esperabé (1869-1900), uno de los más sobresalientes gestores y administradores de esta etapa.
No menores cambios se registran en el capítulo hacendístico, ya que las leyes desamortizadoras privaron a Salamanca de las tercias decimales, el fundamento económico de su tradicional autonomía. A partir de aquí, los ingresos de la universidad liberal tenderán a establecerse sobre derechos de matrícula, grados y exámenes. Estas cantidades se complementaban con el presupuesto de Instrucción Pública, otorgado por el gobierno central, y cuyas deficiencias se suplían con ayudas paralelas de la Diputación y del Ayuntamiento locales. El 80% del gasto era destinado a sueldos del personal, y el salario de los catedráticos aparece ya fijo y homologado, contrariamente a las variaciones y jerarquías del Antiguo Régimen. Finalmente, en 1904, y como contrapartida a la financiación estatal de las hasta entonces facultades libres de medicina y ciencias, son incautados por el Estado los últimos bienes patrimoniales de la Universidad.
Las transformaciones docentes resultaron, asimismo, destacadas. Tras la ley Moyano, Salamanca quedó reducida a las facultades de teología, derecho y filosofía y letras.
Las graduaciones posibles serían las de licenciado en Teología y derecho, y bachiller en letras. Más aún, los gobiernos liberales suprimieron los estudios de teología en 1868, los cuales perdieron rango universitario y fueron trasladados al Seminario diocesano. No obstante, este declive tuvo un cierto paliativo por el hecho de que al año siguiente, en 1869, la Diputación refundara y financiara a su costa una facultad libre de medicina y ciencias, de cuyo mantenimiento se hará cargo posteriormente el Ayuntamiento. Pero, con todo, la de derecho se mantendrá como la facultad más nutrida e influyente.
En los aspectos pedagógicos la ruptura con el pasado vendrá simbolizada en el abandono del latín por el romance, lo que suponía un claro distanciamiento de la trayectoria eclesiástica y cultural tradicional. Se implanta la lección magistral a partir de libros de texto oficiales, con aprendizaje memorístico y la introducción de exámenes finales por asignaturas. La docencia se torna rutinaria, tanto más cuanto que no se exige investigación directa. En este ambiente hay poco que decir de una atmósfera intelectual provinciana, con tensiones ocultas o manifiestas entre grupos más tradicionalistas y otros de posiciones liberales y, posteriormente, republicanas, donde entran en juego las jerarquías eclesiásticas o personajes vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. A comienzos del XX se destacará entre todos la controvertida figura de Unamuno. Por aquel entonces, la universidad quedaba constituida por cuatro facultades: filosofía y letras, derecho (civil y canónico), medicina (con enseñanzas agregadas de practicantes y matronas) y ciencias (sección físico/química).
Salamanca se configura en esta etapa liberal como un poblachón monumental de acusado ruralismo en torno a una universidad disminuida. El colorido social del Antiguo Régimen se ha atenuado. Han desaparecido de las calles los generosos, los pícaros y los buscavidas, sustituidos por la uniformidad del estudiante burgués. Siguen siendo varones, pero los límites de procedencia se han replegado mayoritariamente al distrito. Su número ha disminuido; aunque los 200/300 matriculados de mediados del XIX se vayan incrementando hasta los l.000 en la década de 1890, y entre los 800 y 900 en las primeras décadas del XX, contabilizando en estas cifras a los alumnos libres. Se trata de futuros funcionarios de la administración pública o aspirantes a profesiones liberales, horizontes para una promoción social de provincianos.
Por lo que toca a la Universidad de Valladolid, con la ley Moyano de 1857 se consolida un distrito universitario de mayor variedad territorial que el de Salamanca. Este distrito integra, además de la propia provincia de Valladolid, las de Palencia, Burgos, Santander y las tres Vascongadas. León se vincula a Oviedo, Segovia al distrito de Madrid, y Logroño y Soria a Zaragoza. En este marco, Valladolid se constituye como una universidad regional de cierta importancia y con proyecciones nacionales. El propio Moyano había sido catedrático y rector de la universidad. Y, por su parte, un número significativo de antiguos alumnos participan en la política nacional y alcanzan ministerios. Así ocurre con Pedro Ceballos, que lo fue de Femando VII; Antonio Ompanera y Cos, en la minoría de edad de Isabel II; Florencio García Goyeneche, en 1847; Agustín Esteban Collantes, en 1853; José Muro López Salgado, en 1873; Germán Gamazo, en 1883 y 1892, por ejemplo.
La estructura y jerarquía universitaria sigue las líneas liberales que ya hemos comentado anteriormente. Y así sucede, también, con los aspectos de financiación. Una vez desaparecidos durante la primera mitad del siglo XIX los diezmos eclesiásticos, desde el Plan Pidal y, sobre todo, desde 1859, la propia universidad elabora sus presupuestos de acuerdo con las cantidades asignadas en los generales del Estado, complementándolas con los ingresos de matrícula y derechos académicos. En una situación con precedentes anteriores, durante la década de 1920, el 68% de dichos ingresos lo eran por subvención estatal, y un 32% de derechos académicos. Los gastos se circunscribían al equipamiento, mantenimiento de instalaciones, material científico, bibliotecas y administración.
Tras la Ley Moyano, en Valladolid podía cursarse teología, derecho, filosofía y letras, medicina y ciencias; pero, a fines del XIX, el abanico había quedado prácticamente reducido a derecho y medicina. Los seminarios conciliares (desde el Concordato de 1851) terminaron absorbiendo a la mayor parte del alumnado teológico; y, en 1868, “la Gloriosa”, progresista y anticlerical, suprime oficialmente las facultades de teología en las universidades. Por su parte, filosofía y letras fue una facultad clausurada en 1866, para economizar gastos, aunque reaparecía en 1869 como facultad libre y con financiación privada de la Diputación y el Ayuntamiento. Decaerá paulatinamente y, desde 1874, adquiere una tonalidad de estudios preparatorios para derecho. Se revitalizaría en 1917, con la creación de una facultad de historia. Por lo que respecta a las ciencias, también había sido suprimida la facultad en 1866, para economizar, y por no encontrarle “aplicación práctica”. Fue restaurada como facultad libre de ciencias, sección físicas, a partir de 1869, con financiación de la Diputación y el Ayuntamiento, al igual que letras. Desde 1874 se convierte en curso preparatorio para medicina. Se consolida en 1923, al restaurarse como facultad de ciencias, sección de químicas, con presupuesto estatal.
Mayor importancia registran las facultades de medicina y derecho. La primera se remontaba a principios del siglo XV, y había sido suprimida en 1843/45. Fue restablecida por Claudio Moyano en 1857. A partir de aquí, reactualizó sus planes de estudio en 1928 y 1933. Por lo que respecta a derecho, constituía desde la Edad Media la facultad más importante de Valladolid, tanto en alumnado como en prestigio. Conforme avance el siglo XIX, las enseñanzas de derecho civil predominan sobre las de derecho eclesiástico tradicional, y las graduaciones aumentan. Entre 1837 y 1886 la mitad de los grados otorgados por la Universidad de Valladolid lo eran en derecho. Se trataba de candidatos a futuros jueces, abogados, procuradores, notarios y políticos. A comienzos del siglo XX asistimos a la promoción nacional de algunos de estos políticos de la Restauración de orígenes vallisoletanos: Germán Gamazo, Santiago Alba, César Silió, Antonio Royo – Villanova…
Por estos cauces descritos discurrió el conjunto de facultades del primer cuarto del siglo XX. Pero hay que anotar que, por la Ley de Bases de Reforma Universitaria de 1933, se autoriza en Valladolid la licenciatura en historia moderna y contemporánea, y el título de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Por su parte, a Salamanca se le otorgaba la licenciatura en filología clásica y filología moderna.
La matrícula estudiantil se fue progresivamente consolidando y vinculando a las distintas facultades. En el período 1836/1841 la facultad predominante en Valladolid era la de leyes (50,4%), seguida de artes (27,6%), medicina (14,2%), teología (6,3%) y cánones (1,3%). Para el curso 1850/1851 se contabilizan unos 500 alumnos. El crecimiento de la matrícula se acusa en las décadas de 1870 y 1880. Durante el período 1883-1906, la facultad de derecho registra el 55,7% de la matrícula, y medicina el 44,3%. El predominio de Derecho se explica por la tradición, la carrera administrativa, el éxito profesional y la política. Y, durante toda la segunda mitad del XIX, la influencia académica de la Universidad de Valladolid se ejerce sobre la propia provincia, así como sobre las de Burgos, Palencia, Santander, León e incluso Zamora, predominantemente. En las dos primeras décadas del siglo XX, los matriculados anuales oscilan entre 1.300 y 1.800, con clara superioridad sobre Salamanca. Con anterioridad a la Guerra Civil de 1936, Valladolid registra una matrícula de 2.000 a 3.000 alumnos, entre oficiales y libres, con los siguientes porcentajes del curso 1927/28: medicina (33,5%), derecho (32,2%), practicantes y matronas (15,9%), ciencias (8,6%), y filosofía y letras (Historia) (7,4%).
