En la mañana de ayer, martes 24 de abril de 2018, la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León (FECCOOCyL) ha formalizado ante la Consejería de Educación un requerimiento solicitando la suspensión de aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012 de racionalización del gasto educativo.
Este documento requiere su derogación por considerar que las medidas recogidas eran temporales, transitorias y con una finalidad económica concreta. Seis años después, y en un contexto de crecimiento económico, su aplicación habría dejado de tener justificación.
El decreto de los recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español. Entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.
La ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, provocaron la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en apenas un año y medio; las jornadas parciales crecieron un 30 % y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad.Junto al Real Decreto-Ley 20/2012, el Real Decreto-Ley 14/2012 dificultó gravemente la autonomía de las administraciones educativas y, entre otras cosas, imposibilitó la convocatoria de plazas que permitieran continuar con las tareas docentes iniciadas por el profesorado con contrato temporal, sin tan siquiera tener en cuenta el calendario escolar.
En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.
En definitiva, los recortes supusieron un duro ataque a la educación española. De ahí que, en defensa de la calidad del profesorado y de la educación en su conjunto, la Federación de Enseñanza requiere a la Consejería de Educación que regule el proceso acorde al ordenamiento jurídico, de modo que las medidas tomadas en el Real Decreto-Ley 14/2012 dejen de ser aplicadas, dado que ya no se dan las circunstancias extraordinarias y de déficit público.
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