Imagen de portada del artículo publicado en el número 17 de la revista “Actas de coordinación sociosanitaria”
La Fundación Caser ha publicado el número 17 de la Revista “Actas de Coordinación Sociosanitaria”, en la que me publica un trabajo titulado “El diagnóstico como recurso sanitario y social”. En el texto trato de poner de manifiesto la importancia social del diagnóstico médico como elemento de distinción, inclusión, discriminación social.
La carencia de diagnóstico ante cualquier enfermedad puede ser una situación común, que con frecuencia se resuelve de forma rápida y sencilla con una información satisfactoria sobre el diagnóstico, y un posterior despliegue de los apoyos que resulten precisos y que serán tanto sanitarios (medicamentos, inmovilización, revisión, …) como sociales (reposo, apoyo familiar, baja laboral, indemnización, …). No ocurre así sin embargo en todos los casos, no siempre ocurre en afecciones leves, ni en períodos breves, y es aquí, en casos graves, donde la ausencia de diagnóstico se convierte en un hecho socialmente relevante, pero en la actualidad invisible.
En una sociedad acostumbrada a anclar en el diagnóstico no sólo los servicios sanitarios, sino también los recursos sociales, la inclusión social de las personas sin diagnóstico requiere un cambio en el diseño de las políticas de bienestar, de forma que las necesidades de apoyo puedan ser atendidas independientemente de la categoría diagnóstica de la enfermedad que desencadena dichas necesidades.
La población carente de diagnóstico puede ser considerada por tanto como un grupo sometido a discriminación, por lo que requiere apoyos suplementarios, dado que afronta dificultades extraordinarias para acceder a beneficios sanitarios y sociales. Desde una perspectiva de coordinación sociosanitaria, la limitación de la importancia social del diagnóstico, y su preponderancia cultural como criterio para la administración de servicios de apoyo, resulta un elemento clave de transformación social que será preciso tener en cuenta en el futuro.
Se trata en suma de ubicar a las personas sin diagnóstico –especialmente si esta demora diagnóstica es prolongada y concurre con síntomas severos- en una posición de prioridad para el estado de bienestar, precisamente porque la carencia de diagnóstico se ha convertido en una desventaja para acceder a determinados apoyos, desventaja que, como ocurre con otras formas de discriminación, ha sido construida socialmente.
Las consecuencias concretas de esta forma de discriminación son una línea abierta de investigación social, aunque si se toman como referencia los datos expuestos y las consecuencias que la discriminación social tiene en otros colectivos, se podría mencionar entre otros el acceso a: tratamiento, pronóstico, prestaciones, servicios sociales, educación, etc.
