Dejo para otro post unas reflexiones sobre lo que significa ser profesor universitario hoy, en el actual contexto tanto económico como evaluador en el que nos hallamos sumidos.
Pero hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas que me sugiere el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Antes de llegar a él, tengo por fuerza que detenerme en las declaraciones del Sr. Ministro de Educación, verdaderas perlas, sobre su diágnostico sobre el sistema universitario español. En su opinión y basado en datos que contrastadamente no son ciertos, hay en la Universidad española un 30 % de abandono, lo que supone un gasto de 3000 millones de euros para las arcas públicas. Según la Conferencia de Rectores, la tasa de abandono es del 12 % y el 18 % restante corresponde a traslados de expedientes. Además, señala que el paro entre titulados universitarios es del 21 %, como si por tener un título estuvieran en paro y no por las circunstancias económicas que tan mal están sabiendo gestionar. No dice que entre los no titulados el paro aumenta al doble.
Luego se descuelga afirmando que en España hay demasiadas Universidades, 79, entre las que se incluyen 28 privadas cuya financiación, me parece a mí, que no depende del Estado. En España tenemos una Universidad por cada 500.000 habitante; en Reino Unido, por ejemplo, una por cada 253.000 habitantes. Y respecto a que ninguna Universidad española está en el ránking de las más prestigiosas, vuelve a equivocarse. La Conferencia de Rectores ha informado que España es la novena potencia científica mundial y la octava en publicaciones por habitante con resultados similares a Japón, y además, si se relaciona la producción científica por habitante con el porcentaje de gasto en I+D, resulta que España es uno de los cuatro sistemas más eficientes del mundo.
En conclusión, con un diagnóstico equivocado, las soluciones no pueden sino estar equivocadas. Y en este momento vamos al Real Decreto-Ley que, aparte de permitir una subida de las tasas académicas y reajustar (disminuir) las becas universitarias, carga contra el profesorado imponiendo a aquel que no cuente con un sexenio de investigación vivo la carga de impartir 32 créditos ECTS sobre los 24 anteriores a la reforma, lo que obliga al profesor a dedicar únicamente a la docencia 422 horas por curso académico, olvidando que el profesor también tiene que investigar no sólo para publicar sino para que sus clases tengan mayor calidad y que con esta carga docente muy difícilmente podrá hacerlo. De esta manera se aboca a una parte del profesorado únicamente a la docencia, sin permitirle que avance en su carrera investigadora, sin haber tenido posibilidad de elegir este camino. Lo que a la postre supone convertir un premio que hasta ahora era un sexenio (complemento salarial con repercusiones en la carrera científica) en una necesidad y el problema es que en la concesión de sexenios también puede haber intereses de todo tipo más allá de los puramente científicos. Todo esto, claro está, no va a redundar en beneficio de la Universidad española, antes al contrario.

Aparece en la prensa de hoy la noticia de que el Ministro de Educación pretende reducir la oferta de títulos universitarios que le parece excesiva. Esta noticia contrasta con otra que aparecía ayer por la que la Agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León, donde es sabido, gobierna el Partido Popular, aprobaba la impartición de ocho Grados en una Universidad privada en Burgos, de nueva creación. A mí esto me parece contradictorio.
Porque si lo que vamos a hacer es reducir el número de titulaciones en las Universidades públicas, y al tiempo ir dando mayores titulaciones a las Universidades privadas, la ecuación parece que no es complicada.
De acuerdo, en que la oferta universitaria ha de racionalizarse. Pero si de lo que verdad se trata es de racionalizar, más que enviar mensajes contradictorios por parte de los dirigentes del mismo partido según donde se encuentren, quizás lo más razonable sería sentarse a pensar en una distribución racional del mapa de titulaciones, si es que es eso lo que buscamos. Si no, llamemos a las cosas por su nombre y digamos que lo que queremos también es terminar con la Universidad pública y apostar por la privada. Y entonces, cuando esa sinceridad aflore, habremos de actuar todos en consecuencia.

Probablemente haya quien piense que España es un país serio y puede incluso que no se equivoque. Pero la percepción que yo tengo de este país está muy lejos de verlo como un país en que se hacen las cosas seriamente. Podría poner muchos ejemplos, todos ellos muy próximos y ligados posiblemente a la coyuntura tan gris que estamos viviendo, pero hoy sólo quiero detenerme en la enésima reforma de la Educación anunciada ayer por el ministro del ramo.

Quien piense que modificando cada dos por tres la Educación, ésta va a ser mejor, se equivoca. El problema que existe en España es que una cuestión tan importante como la Educación no se concibe como una política de Estado, sino que está al albur del partido que gobierne o del ministro que toque. No sé por qué reforma vamos ya en la educación en los últimos 20 años, pero han sido muchas y ninguna ha tenido la duración suficiente para comprobar si era útil. Abducidos por lo inmediato, parece que el legislador tiende a pensar que sólo con cambiar las leyes se mejoran las situaciones que regulan, y eso dista mucho de ser cierto. En la Educación se necesita estabilidad y mucho sentido común, y recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho. Lo volátil de las reformas habidas anteriormente hace presagiar lo peor para ésta.

Por otro lado, que el debate de todo lo que esta reforma implica se haya centrado en la redefinición de la asignatura de Educación para la ciudadanía, dice mucho, por cierto y también, de la seriedad de este país.