Nos estamos acercando a un necesario cambio de paradigma. O al menos yo quiero pensar que así será. Durante demasiado tiempo la globalización económica ha tratado de convencernos del determinismo del comercio mundial. La expansión comercial no puede tener límites. Al mercado hay que dejarlo hacer. Los Estados no pueden limitar la acción de las empresas. La autonomía de la voluntad es una máxima indiscutible que garantiza la libre competencia, etc. etc. En este escenario de expansión y reforzamiento de las empresas, los poderes públicos han asistido con calibrada impasibilidad, dejando hacer, no interviniendo más que lo mínimamente necesario. Cuando han intervenido ha sido para garantizar la protección del consumidor. Pero lo han hecho desde un enfoque paternalista y pernicioso. Se ha considerado que el consumidor es parte débil de la relación y por ello hay que dotarlo de toda una serie de garantías orientadas a perpetuar la situación. Pero eso está a punto de cambiar…

Poco a poco, demasiado lentamente, pero ya avanzando, los Estados, que son los encargados de garantizar que se respeten los derechos humanos, se están dando cuenta de que a los intereses de las empresas hay que ponerles límites, límites que no son otros que los intereses generales. En este sentido, la responsabilidad social empresarial va a desempeñar (lo está desempeñando ya para algunas empresas) un factor diferenciador de enorme entidad. En la medida en que estas empresas decidan asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible como pautas para el desarrollo de su responsabilidad social empresarial, estarán introduciendo en su actuación una forma de diferenciación que va a ser muy importante para el consumidor. La empresa que se comprometa con los intereses generales va a rentabilizar sus esfuerzos porque a la larga esto va a reportarles beneficios directos.

Para que esto sea así, es muy importante el papel del consumidor. Nosotros, los ciudadanos de a pie, realizamos todos los días múltiples actos que determinan el balance final de las empresas. Si la RSE comienza a visibilizarse a través de la publicación de información no financiera de las empresas en que se explicite cómo encaran estas su compromiso con el entorno, tal y como en España exige ya la Ley 11/2018, habremos conseguido dar un paso de gigante. Pero desde luego el paso más importante lo tiene en su mano el consumidor, optando por consumir en/con empresas que realmente están comprometidas con el desarrollo sostenible. Realmente, es el consumidor el que tiene el poder, y lo va a tener desde el momento en que la información no financiera de las empresas sea pública. En este espacio, las organizaciones sociales tienen mucho que decir y que hacer, para servir de correa de transmisión. Y es que debemos de ser conscientes de que todos podemos aportar para los ODS sean una realidad, y que nuestro papel como consumidores es mucho más importante que el que nos han hecho creer durante demasiados años.

El debate político en España se ha ensuciado tanto; tan bajo es el nivel de los que ocupan la escena politica, que se hace muy cuesta arriba tener que soportar estos dos meses y medio que quedan hasta las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Digo yo que en algún momento habrá que hablar de lo importante. Y con ello me refiero a la educación, a la dependencia, a la despoblación, al cambio climático, a la sanidad, a las pensiones, a un desarrollo sostenible, a la pobreza infantil, a modelos alternativos de crecimiento. En fin, a lo que le interesa a la gente. Lejos de ello, seguimos en el barro. Con la máxima de cuanto peor, mejor, los que se afanan por arrastrar votantes sin ofrecer propuestas están haciendo un flaco favor a nuestro sistema; lo degradan. El problema es que no les importa. Porque lo suyo no es la gente, sino el poder. Y así mal vamos. Habrá que fijarse en los que mínimamente propongan y no ensucien. A esto hemos llegado.