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Universidad de Salamanca
Blog de Antonia Durán Ayago
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Archivo | junio, 2016

Balance y nuevos proyectos

Llega a su fin un nuevo curso. Ya con ganas de descansar un poco y de retomar fuerzas para lo que nos viene. Ha sido este un curso raro, de relativa calma, y quizás por ello ha posibilitado el planteamiento de nuevos y sugerentes retos para el curso venidero. El proyecto estrella será sin duda la puesta en marcha de una Clínica Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, al que hemos añadido el apellido “de Acción Social”, con la que pretendemos mostrar el compromiso que la Universidad pública debe tener con los colectivos más desfavorecidos, implicándonos en la defensa de causas que creemos justas. Se trata de revalorizar la calidad de la docencia y de fomentar la transferencia de resultados, para que lo que hagamos en la Universidad trascienda y llegue a la sociedad. Pretendemos también inocular el virus del compromiso social en los/as estudiantes, porque eso va a posibilitar que contribuyamos a formar profesionales comprometidos, que tengan claros sus compromisos éticos y que a su vez contribuyan a construir desde los puestos que a cada uno le corresponda desempeñar una sociedad más justa.
El otro día leía un artículo que denunciaba que los profesores universitarios nos hemos convertido en los últimos tiempos en poco menos que en hacedores de “papers” y que no fomentamos un aprendizaje que vaya más allá de los cánones establecidos o que no colabore con asociaciones u organizaciones sociales. Aunque en parte el artículo tiene razón, básicamente por el sistema de evaluación del profesorado que se ha establecido, que dista mucho de ser el mejor y más equilibrado, pues premia lo cuantitativo frente a lo cualitativo, también es verdad que en la Universidad hay profesores que tenemos claro nuestro compromiso social y nuestra privilegiada posición de enseñantes que nos permite trasladar lo que creemos a nuestros/as alumnos/as. De ese espíritu inquieto y comprometido también hay profesores en la Facultad de Derecho, y aunque todavía estemos en los inicios, tenemos claro que la Clínica Jurídica puede insuflar aire fresco a nuestras titulaciones y puede servir para dinamizar desde la perspectiva social las enseñanzas que aquí impartimos. Es un reto difícil, pero precioso. Confíemos en que entre todos seamos capaces de lograr encontrar la fórmula adecuada para hacer una Universidad con mayúscula en la que el compromiso social sea nuestra hoja de ruta.
Me despido hasta septiembre. Como siempre, muchas gracias a todos/as los/las que leéis este blog. Descansad lo que podáis y como podáis y a la vuelta nos vemos para seguir compartiendo reflexiones e ideas.

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El esfuerzo como reconocimiento

A la Universidad pública también ha llegado la idea de que todo se compra y se vende. De que el esfuerzo, la mayor parte de las veces, no merece la pena, y que no hay inconveniente en pagar a otro para que haga lo que le corresponde hacer a uno. Un ejemplo. Con los nuevos planes de estudio, los trabajos finales de Grado y de Máster han ido poco a poco conquistando un espacio inusitado hasta hace unos años. Pero desgraciadamente con ellos ha llegado la picaresca y un mercado se ha creado en su torno. Así, ya existen quienes se han especializado en hacer trabajos para otros, y parece ser que los interesados en pagar por estos servicios van en aumento. Esto me ha hecho reflexionar sobre algo que creo fundamental y que poco a poco está diluyéndose a todos los niveles en nuestra sociedad: la cultura del esfuerzo. Parece ser que ahora sólo importan los resultados, por lo que el camino para llegar a ellos no es importante, ni tampoco el tiempo invertido, los desasosiegos, la seriedad con que afrontar la encomienda que cada uno tiene. Ahora sólo parece valorarse el producto final, y no el material y el trabajo/esfuerzo invertido para llegar a él. Esto supone estar contribuyendo a crear una sociedad puramente artificial, en que efectivamente, todo va a terminar por comprarse o venderse, cuando el esfuerzo en sí es algo tan personal que en ningún caso podría ser transferible.
Me he encontrado con estudiantes a los que les ha costado mucho hacer un trabajo final de grado o de Máster, pero han conseguido el producto final gracias a su esfuerzo. Ojalá pudiéramos establecer un sistema que reconociera no tanto el producto acabado final como el recorrido que la persona ha tenido que hacer para llegar a ese producto. Y esto a todos los niveles. Porque hay que volver a inocular el “virus” del esfuerzo; la idea de que sólo si te esfuerzas vas a conseguir algo que realmente va a ser tuyo, y esto está íntimamente relacionado con el amor propio, con la confianza en uno mismo. Si comenzamos a declinar (delegar) responsabilidades propias en otros con o sin precio, estamos renegando a la postre de nosotros mismos. Y nosotros mismos somos lo mejor que tenemos. Hay que tener eso claro desde el principio. Por eso, hoy quiero apostar por el esfuerzo; por el reconocimiento del esfuerzo.

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Nulidad de cláusulas suelo y retroactividad: ¿el Derecho al servicio de los bancos?

Hoy se han publicado las Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-154/15 Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco, y C-307/15, Banco Popular Español/Emilio Irlés y Teresa Torres (nota de prensa).
Según el Abogado General, Sr. Mengozzi, la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es compatible con el Derecho de la Unión.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 241/2013, de 9 de mayo, confirmada entre otras sentencias, en la 139/2015, de 25 de marzo de 2015, había declarado la nulidad de las cláusulas suelo insertas en los contratos de préstamos hipotecarios por considerarlas abusivas, conforme a la Directiva 93/13. Consideró que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían estas cláusulas. Pero a pesar de ello, decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de estas cláusulas, para que los bancos sólo tuvieran que devolver lo cobrado de forma indebida a partir de la fecha de publicación de la sentencia, esto es, a partir del 9 de mayo de 2013, limitando en consecuencia la retroactividad de lo que el abogado general considera como sanción. A juicio del abogado general, cuya conclusión, por otro lado, no vincula al TJUE, la Directiva no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractual y, por lo tanto, no exige a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula. E introduce el matiz económico, indicando que el órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas suelo. En este contexto, el abogado general considera que, a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional.
Desde la perspectiva de un jurista de base, la magnitud del despropósito tanto de la sentencia del Tribunal Supremo como de las conclusiones del abogado general es tal que raya lo vomitivo, por decirlo suavemente. Es principio general del derecho que la nulidad no produce efectos jurídicos, frente a la anulabilidad que sí puede producirlos. Si se declara que una cláusula es abusiva lo es desde el momento en que esa cláusula se ha introducido en el contrato, no desde el momento en que una sentencia establezca su nulidad. Los efectos son “ex tunc”, no “ex nunc”. Cualquier jurista lo tiene claro. Ahora bien, el argumento para justificar la irretroactividad y así limitar la cantidad que los bancos deberían devolver a los consumidores es pura y simplemente económico. Cuando dejamos que esto suceda, las consecuencias son brutales. Todo el armazón del Derecho del consumo está en riesgo, porque si utilizamos el Derecho, pensado para proteger al débil, como garantía del sostenimiento del más fuerte, estamos justificando que el Derecho no es más que una herramienta puesta al servicio del más fuerte. Neoliberalismo jurídico puro y duro. Esperemos que esta vez el TJUE se separe de las conclusiones del abogado general y siente la cordura en todo este despropósito.

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Descenso al embrutecimiento

Me pregunto si hemos perdido el norte; si realmente tenemos una sociedad enferma y no le estamos prestando la suficiente atención. Si no, cómo es posible que se vendan unas fiestas con connotaciones sexistas y lo peor, que día sí y día también nos encontremos con denuncias por violaciones, y las fiestas continúen sin más, sin que se adopte ninguna medida firme por parte de las autoridades que ponga de manifiesto que estos hechos son muy graves y que no hay fiestas que puedan ampararlos. Si no, cómo es posible que un torero fallezca y las redes se llenen de mensajes ofensivos, mezclando la oposición al toreo con el necesario respeto siempre para con todo ser humano.
La semana pasada se publicaba una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que mostraba una realidad que creo que está muy relacionada con el descenso al embrutecimiento que estamos padeciendo a todos los niveles en la sociedad española: casi el 40 % de los españoles no ha leído ningún libro en el último año. Nunca se incidirá lo suficiente en la importancia de la lectura. Quien no haya leído nunca un libro no sentirá la necesidad de hacerlo, pero una vez que se crea el hábito, es muy difícil vivir sin él. Las nuevas tecnologías han hecho que perdamos un tiempo muy valioso leyendo cosas que no son literatura. Estoy convencida de que esto de alguna manera ha contribuido también a que sea tan alto el porcentaje de no lectores de libros. Hoy en día todo el mundo opina, todo el mundo escribe, y consumimos muchas veces sin criterio productos tóxicos. El simple consumo de prensa, sin una reposada digestión, puede llevar a inclinar a un lado o al otro opiniones insustanciales. Recuerden el tema de Venezuela tan profusamente tratado por los medios durante la última campaña electoral que fue engullido por muchos sin más. Y así, múltiples ejemplos. Es preciso crear un sustrato sólido para no dejarse llevar por las ocurrencias de algunos, vengan de donde vengan. Si leyéramos más, cultivaríamos nuestra mente, la haríamos más sólida y otro gallo, estoy segura, nos cantaría.
Tenemos una sociedad iletrada, tosca, embrutecida. El referente de un presidente que parece leer solo un periódico deportivo da la talla de lo que digo. La cultura, que debería tener un puesto destacado en todos los medios de comunicación, apenas hace acto de presencia.
Sería necesario realizar un estudio serio, más profundo sobre esto que digo, pero intuyo que detrás de esa falta de lectura está la respuesta a actos tan viles como los que todos los días sí tienen presencia en los medios de comunicación.

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Presunción de veracidad

Es tremenda la noticia que ayer conocimos de una niña de 9 años que tuvo que recurrir a grabar ella misma a su padre para demostrar los abusos a los que éste la venía sometiendo. Pese a su negativa a querer irse con su padre, pese a que ya lo había declarado antes, los peritos psicólogos no la creyeron y ha tenido que soportar este terrible drama durante dos años. Y yo me pregunto cómo es posible que pueda suceder esto. ¿Acaso no podría establecerse una presunción de veracidad hacia lo que un niño dice? Porque esta situación es muy difícil de inventar y porque los psicólogos deben estar para algo más que para hablar del síndrome de la alienación parental, digo yo, que por supuesto también existe, pero que tiene unos caracteres muy definidos que hacen prácticamente imposible confundirlo con una situación de abusos.
Recientemente, la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia, consagraba al interés superior del menor como derecho y como norma de procedimiento, además de como principio axiológico que por supuesto lo sigue siendo. Acaso deberíamos plantearnos si no sería adecuado introducir una presunción de veracidad respecto de las declaraciones de un menor cuando incrimina en delitos tan graves a un progenitor. Quizás esta declaración debería bastar para retirarle el derecho de visita provisionalmente y abrir de oficio la pertinente investigación penal para clarificarlo.
El que haya tenido que ser ella, una niña de 9 años, la que haya tenido que grabar a su padre para demostrar que lo que venía denunciado era cierto no demuestra más que tenemos un armazón de leyes muy potentes que no sirven en la práctica para nada. Que se tome nota.

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