Tenemos un problema

O más de uno, seguro. Pero hoy quiero referirme a la cuestión de Cataluña. No hay mayor ciego que el que no quiere ver y quizás muchos durante demasiado tiempo hemos relativizado la demanda que por parte de algunos sectores en Cataluña y principalmente ahora desde su gobierno, se ha venido haciendo respecto de su ansiada independencia de España. El derecho de autodeterminación es una cuestión procelosa donde no quiero aventurarme porque seguro que me perdería. Pero lo cierto es que forzadamente o no, parece que la situación ha llegado a un punto en que desde el Estado es necesario dar una respuesta que vaya más allá de decir que la consulta proyectada para el 9 de noviembre no puede celebrarse, porque no existe amparo legal que la sustente. Todos sabemos que el derecho positivo no siempre sirve para solucionar los problemas. Aunque a algunos, el afán positivista nos haya jugado alguna que otra mala pasada. Pero a la vista está que es necesario alcance de miras entre todos los intervinientes en este proceso para poder hallar una solución que sea positiva para todos. El encono con que el gobierno de Cataluña y el gobierno de España están afrontando esta situación no demuestra más que la talla intelectual de quienes están al frente de las instituciones. Evidentemente, los catalanes deben poder expresarse, eso nadie lo niega. El problema es el alcance que en el contexto actual pueda tener esa opinión, y si esa opinión en sí no nacería viciada desde el principio, puesto que si la soberanía reside en el pueblo español sería este en su conjunto el que debiera manifestarse. Las reglas que nos dimos en el 78 no tienen por qué ser intocables, y quizás haya llegado la hora de revisarlas. Mi temor es que quienes debieran hacerlo están tan en la antípodas de lo que debe ser un buen gobernante que sinceramente desconfío mucho de que esta cuestión en el actual estado de cosas pueda tener una solución adecuada.