En enero de este año, tuvimos un Seminario en la Facultad en el que se abordaban dos temas de trascendencia: uno relacionado con la futura reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita y otro con la última reforma laboral. Se habló de cómo con la excusa de lo económico se estaban echando por tierra derechos que en España había costado mucho alcanzar y al escuchar las ponencias de los compañeros, en concreto la del Pfr. Mario Hernández, profesor de Derecho Constitucional, sobre el excesivo uso del Real Decreto Ley por el actual Gobierno, pensé en qué papel podía desempeñar el Tribunal Constitucional en esta crisis. Le planteé esta cuestión, pues consideraba que de alguna manera este órgano debía de garantizar que los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución no sufrieran merma y cité el caso del auto del Tribunal Constitucional por el que se levantaba la suspensión del Decreto del País Vasco reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes sin distinguir entre su situación administrativa en España frente a la normativa limitadora de este derecho del Gobierno Central.  Se entabló un debate muy interesante sobre los derechos que tienen carácter prestacional y sobre la posibilidad del legislador de limitar su alcance.

Lo cierto es que yo seguía pensando que el Tribunal Constitucional podía poner en valor las reglas de juego y aclarar y aportar un poco de luz en toda la situación que estamos viviendo. Por eso, la sentencia del Tribunal Constitucional portugués este fin de semana ha sido una de esas noticias que deberían enmarcarse, porque demuestra que hay esperanza. Frente a los lobbys económicos imperantes en Europa y la connivencia de los políticos que no tienen ningún pudor en hacer que se tambalee el Estado social, el Estado de Derecho aflora con toda su intensidad. Ojalá nuestro Tribunal Constitucional tome nota y actúe como lo ha venido haciendo hasta ahora: con sentido común, salvaguardando los derechos fundamentales de todos/as.